El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cumplió dos años en el poder con su credibilidad por el piso, socavada por impopulares políticas de ajuste, el escándalo de corrupción que sacude a su Partido Popular (PP) y su negativa a abordar el reclamo soberanista de Cataluña. Si hoy se celebraran las elecciones, el PP, que en 2011 ganó con un 44 por ciento de los votos, obtendría un 34 por ciento de respaldo, diez puntos menos, según la estimación de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, estatal). Pero un dato más significativo es que un 70 por ciento de los españoles reprueba su gestión, mientras un 87,8 por ciento asegura que Rajoy les inspira “poca o ninguna” confianza.

El líder conservador había prometido que recortaría todo menos las pensiones, educación, salud y las ayudas por desempleo. También que no subiría los impuestos, que la reforma laboral no abarataría el despido y que tampoco iba a plantear una amnistía fiscal. Pero hizo todo lo contrario. Su política, lejos de crear empleo, disparó la desocupación hasta el 26 por ciento (seis millones de personas) y prolongó la recesión. En febrero pasado estalló el escándalo de los “papeles de Bárcenas”, la publicación del diario El País de los documentos manuscritos de una contabilidad alternativa del PP de la que se desprende una financiación ilegal y el cobro de sobresueldos de la cúpula de la fuerza, incluido Rajoy, durante dos décadas (1990-2008). El gobernante desmintió la existencia de las cuentas B, pero la Justicia considera que son veraces. Por otro lado, la profundización de la crisis económica y una suma de errores políticos del pasado crearon el caldo de cultivo que reactivó el reclamo independentista de la región de Cataluña.

Rajoy prepara una segunda mitad de la Legislatura más política, con guiños lanzados al ala más conservadora de su electorado, enojada por asuntos como el acatamiento de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la doctrina Parot por la que miembros de ETA están siendo excarcelados. Ahí se enmarca la nueva ley del aborto, que lo restringirá, o la ley de seguridad, con medidas muy polémicas. Aunque también está pendiente la reforma de las pensiones, muy delicada. La primera prueba llega en mayo de 2014 con los comicios europeos, donde el PP podría enfrentarse a un gran voto de castigo al gobierno.