A la hora de los repasos, 2013 fue el año que puso en cuestión el poder corporativo de los jueces. La Corte Suprema impidió modificar el Consejo de la Magistratura al declarar inconstitucional la posibilidad de que los ciudadanos comunes elijan a sus miembros (que a la vez elegirían a los jueces y evaluarían su conducta) e invalidar una mayor representación de ámbitos extrajudiciales. Más allá de las falencias reales de esa ley de reforma, la familia judicial tiene una fuerte capacidad de reacción ante todo lo que hace tambalear su orden establecido. Pero las hipótesis que hablan de una batalla perdida, que ponen al Gobierno como el atacante que “avanza” sobre la Justicia, son parciales y reducen la riqueza de un proceso complejo. El sistema judicial fue sacudido este año que termina por un intenso debate que excede y supera la reforma que no fue, y es parte de una trama dinámica, con tensiones permanentes, donde se entrecruzan caminos hacia la “democratización de la Justicia”, una definición igualmente simplificadora para lo que abarca.

Siempre preocupados por las formas, hace algunos años los jueces nucleados en la tradicional Asociación de Magistrados, consternados por su mala imagen, contrataron consultores para mejorarla. Entonces implementaron cambios discursivos y a hablar de la Justicia como un servicio, de la igualdad y las necesidades de “la gente”. Ciertos jueces comenzaron a diferenciarse e inquietarse por cómo comunican sus decisiones de todos los días, en la práctica, y a aventurar nuevos métodos.

El camarista Luis María Bunge Campos, con un toque de humor, hizo circular una guía de “expresiones y términos que es preciso evitar” haciendo hincapié en que “el lenguaje es un modo de comunicación, no de asunción de status”. Se preguntaba cuál es la necesidad de decir “conducto telefónico” en lugar de “teléfono”, “cartular” en lugar de “cheque”, “arteria” por “calle”, “golpe de puño” por “una trompada”, “redujo” en vez de “detuvo o atrapó”. “Si la Edad Media terminó hace unos días ¿tenemos que seguir diciendo ‘fecho’? Es sólo una pregunta, si les gusta está bien, le da un sabor castizo al proceso. Podríamos agregar ‘qué faceis niña fermosa’”, concluía, jocoso.

En noviembre, la propia asociación organizó una charla sobre la relación de los jueces con la comunidad y los medios, lo que denota que aunque les pese se ha convertido en tema para ellos. Allí, se escuchó al juez federal Ariel Lijo (a cargo, por ejemplo, del caso Ciccone) mostrar como modelo loable el del juez estadounidense Holmes que le leía sus sentencias a la cocinera antes de firmarlas a ver si las entendía. En la misma jornada Lijo puso en cuestión el recorte que hace cuando difunde novedades el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias que maneja la Corte. Otro de los jueces que participaba, Horacio Días, hablaba con la experiencia de haber hecho algo antes nunca visto, un hito de 2013: explicar oralmente y en lenguaje liso y llano las razones de la condena a José Pedraza y a la patota de la Unión Ferroviaria por el asesinato de Mariano Ferreyra. Días habló, además, de los riesgos de adentrarse en la espectacularidad del sistema mediático y de que los propios medios tratan los casos judiciales como una mercancía.

En tribunales ya nadie puede sustraerse a esa lógica, que es un arma de doble filo. Hay un expediente judicial y un expediente mediático. Jueces, fiscales y abogados, se preocupan por cómo comunican, a veces como gesto de apertura y otras porque toman conciencia de que los medios pueden dotarlos de poder o hundirlos en segundos.

Tal vez no sea tan casual que uno de los factores que hicieron que para el Poder Judicial el 2013 fuera un año distinto y turbulento haya sido el expediente sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), que apuesta a desmonopolizar el mercado. En parte por la causa en sí, que puso a prueba la independencia de la Corte después de voltear la reforma de la Magistratura, y tras casi cuatro años de conceder medidas cautelares a favor de Clarín. En esta etapa, incluso antes de fallar a favor, el tribunal hizo una jugada “democratizadora” al celebrar una audiencia pública que amplificó el debate. Pero la ley de medios fue clave aun antes, por el papel de la Cámara en lo Civil y Comercial (la de los viajes a Miami): cuando el mundillo judicial la defendía y acusaba al Gobierno de presionarla, nació Justicia Legítima. Eran funcionarios judiciales, fiscales, defensores y académicos, que decidieron desmarcarse y aclarar en una solicitada que era hora de hablar de cómo el Poder Judicial teje alianzas o trabajan en relación de dependencia de otros poderes, como el económico, el eclesiástico y el de su propia corporación. Justicia Legítima vino a hacer tambalear el discurso de sistema judicial sobre sí mismo y puso en evidencia que no se trata de un reino uniforme. Jaqueó a la Asociación de Magistrados misma. Muchos de los temas que se instalaron en sus encuentros (aunque algunos se mascullaban hace años) fueron tomados por el Poder Ejecutivo. Lo hizo para proponer una reforma que tenía como mensaje el acercar la Justicia a la ciudadanía, darle a ésta mayor injerencia en los tribunales y hasta en la selección y evaluación de los jueces. Los proyectos impulsados promovían un cambio de concepción, aunque fueron algo atropellados y se hicieron sin muchos estudios ni consultas, lo que los debilitó.

La apuesta del oficialismo incluía cambios en el manejo de la plata de Poder Judicial, en las vías de ingreso a tribunales (por concurso), el voto popular de consejeros, la difusión obligatoria de los fallos, cambios las medidas cautelares (muy utilizadas para contrarrestar políticas de gobierno). Hoy, en perspectiva, como parte de ese rompecabezas se pueden agregar los diseños de un nuevo Código Civil y otro Penal, aún en discusión.

La Corte se ocupó de garantizar la continuidad de su poder corporativo en un fallo lapidario. Los cortesanos tienen la última palabra sobre todo, incluso sobre el Poder Judicial, sobre sí mismos. Cuando asumen la necesidad de cambios, les cuesta aceptar otras que las propias rectas.

Pero Justicia Legítima, o la tormenta de ideas que sembró, empezaron a dejar marcas y a cuestionar el estado de cosas. Si no, algunos de sus primeros portavoces no hubieran sido tan atacados, como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, o el camarista Alejandro Slokar, a quien jueces y operadores le impidieron presidir la Cámara de Casación.

Pero esto no es un fracaso de la reforma judicial, es un proceso que denota una puja por la distribución del poder. Y es una pulseada entre distintos modelos de dar el servicio de Justicia. La palabra “democratización” en cierto momento se empezó a utilizar de manera peyorativa, como quien quiere marcar que es todo politiquería. Lo que no se implementó fue una ley aprobada por el Congreso, que el Poder Judicial rechazó. Pero mucho de su trasfondo quedó flotando en todos los rincones de tribunales y se tradujo en cosas concretas, que van desde la implementación de concursos para acceder a la carrera judicial (por mérito y no por apellido) hasta la creación de una escuela de la Magistratura con nuevos valores para los jueces.

En 2013 se habló mucho de los 95 años del juez supremo Carlos Fayt. Fayt repitió este año ante los micrófonos su máxima de que “los hechos son sagrados y el comentario es libre”. Tal como su continuidad, fruto de decisiones judiciales, los hechos también son lo que los actores judiciales cuentan, a veces en sociedad con los medios. Por poner un ejemplo, la historia de las supuestas valijas con dinero llevadas a Santa Cruz que contó una ex secretaria de Néstor Kirchner en el programa Periodismo Para Todos se impuso a las desmentidas de todos los testigos en la causa.

Y otro caso más grande: el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 3, que afirmó que los sobornos para que se votara la reforma laboral en el 2000 constituyeron un relato mediático y de un presunto arrepentido, pero “no existieron”. Ese tribunal, paradójicamente, difundió una síntesis de sus argumentos como para que se entendiera lo que había decidido, que dejó una sensación que no hay forma de investigar la corrupción, ni al poder político, sólo a los jueces y fiscales que quisieron desentrañarla. Fue otro despliegue de poderío, otra demostración de fuerza.

No hay fracaso. Son idas y vueltas, jugadas de ajedrez de un devenir transformador que no empiezan ni terminan con reformas de leyes.