Alrededor de 4,9 millones de salvadoreños están convocados a votar hoy en la segunda vuelta a disputarse entre el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El izquierdista FMLN ganó la primera vuelta con un 48,93 por ciento de los votos, frente a un 38,96 por ciento obtenido por Arena. El oficialismo está representado por la fórmula integrada por los ex jefes guerrilleros Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz: el primero es el vicepresidente del actual gobierno, y el segundo, alcalde de la ciudad de Santa Tecla, una de las más pobladas del país. La opositora Arena estará representada por el actual alcalde de la capital San Salvador, Norman Quijano –que tiene carrera política desde la administración pública municipal y en el Parlamento como diputado–, y por el académico René Portillo Cuadra. El favorito es el candidato del FMLN, que según las últimas encuestas está arriba de Arena con un promedio de 14 puntos porcentuales. El sucesor del presidente Mauricio Funes deberá lidiar con la violencia pandillera, la gobernabilidad en un país polarizado tras estos comicios y los empresarios locales.

La segunda ronda es necesaria porque ninguno de los dos candidatos obtuvo más del 50 por ciento de los sufragios, necesarios para que se proclamara un ganador en la primera vuelta, el último 2 de febrero. La rivalidad entre el FMLN y Arena data desde los años de la guerra civil, cuando estaban activos los escuadrones de la muerte, creados por el ya fallecido militar Roberto D`Aubuisson Arrieta, quien también fundó Arena; años en los que el FMLN golpeaba con sus comandos urbanos clandestinos, por medio de atentados, sabotajes y secuestro contra los aliados de la dictadura militar. Tras la finalización de la guerra civil con un pacto firmado en 1992 entre el entonces presidente Alfredo Cristiani (primer mandatario arenero) y la comandancia del FMLN, se han enfrentado en cuatro comicios presidenciales, los tres primeros ganados por Arena.

Durante la campaña, se pudo evidenciar el enfrentamiento de dos programas opuestos. El FMLN con su propuesta de un modelo más social y en beneficio de sectores tradicionalmente excluidos y marginados como los campesinos pobres, los ancianos, las mujeres y los menores de edad, que en el actual gobierno fueron objeto de programas como el de agricultura familiar, pensiones básicas y paquetes escolares (vaso de leche, uniforme, útiles y zapatos).

Arena, por su parte, defiende el modelo neoliberal, en el que el Estado sólo regula al mercado, encargado del desarrollo y de la prosperidad. La fuerza opositora inició la campaña proselitista asegurando que los programas sociales eran un “despilfarro” de los recursos nacionales, pero después de los resultados en la primera vuelta electoral cambió radicalmente su tono y ahora promete no sólo sostener los programas sociales del actual gobierno, sino incrementarlos.

El próximo presidente enfrentará difíciles desafíos: gobernabilidad, desarrollo económico y seguridad pública. Respecto de la gobernabilidad, varios sectores políticos, empresariales y sociales independientes llamaron a los contendientes a la firma o al establecimiento de un pacto o plan nacional para suprimir la polarización y confrontación en las que el país ha estado envuelto desde hace dos años a causa de la campaña presidencial. Los candidatos se mostraron dispuestos, pero no hubo firma de compromisos antes de las elecciones.

En economía, lo que se exige es desmontar la confrontación entre los empresarios y el gobierno para hacer factible la inversión, tanto nacional como extranjera. Y también establecer un pacto fiscal y reimpulsar un plan para el desarrollo de la producción local en la agricultura y la industria, así como el desarrollo de la pequeña y mediana empresa para generar empleo, estimular la productividad y procurar bienestar social.

En cuanto a seguridad pública, el nuevo gobierno tendrá el reto de continuar con los planes de erradicación de la violencia de las pandillas, el combate frontal contra el crimen organizado y la corrupción. Esta situación hace de El Salvador uno de los países más violentos de Latinoamérica y la crítica principal que llega de informes internacionales, como los del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que no existen políticas públicas nacionales e integrales orientadas a la prevención de la violencia y a la reinserción de los menores de edad en zonas de elevada delincuencia.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Gustavo Fernández, dijo que sus impresiones preliminares son de tranquilidad antes de los comicios. “El clima de tranquilidad que percibimos en la primera elección no se ha alterado en esta oportunidad, por lo que hemos visto hasta ahora, y esperamos que no vaya a ocurrir nada este próximo domingo (por hoy) que afecte el ambiente”, agregó Fernández, ex canciller boliviano. Más de 5000 observadores nacionales e internacionales se han acreditado para la segunda vuelta electoral. Quien triunfe hoy asumirá la presidencia el 1º de junio próximo por un período de cinco años.

Por su parte, Estados Unidos aseguró que continuará trabajando con el gobierno salvadoreño sin importar quién gane los comicios presidenciales, según declaró la embajadora de este país en El Salvador, Mari Carmen Aponte. “En nombre del pueblo de los Estados Unidos, le deseamos al pueblo salvadoreño un exitoso proceso electoral”, declaró.