A menos de un mes para el lanzamiento de la alianza entre la UCR, el Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica y Proyecto Sur, la provincia de Córdoba amenaza con convertirse en un obstáculo en el armado de ese frente electoral de cara al 2015. El senador nacional Luis Juez, líder del Frente Cívico y uno de los referentes del FAP, salió ayer a denunciar por corrupción a dos funcionarios del radicalismo provincial. “Me inscribo en la idea de (el titular de la UCR, Ernesto) Sanz de fundar la Conadep de la corrupción, pero si vamos a arrancar, que sea por el radicalismo de Córdoba, porque emblemáticos dirigentes están emparentados con hechos de corrupción a partir del manejo irregular de fondos públicos en la municipalidad de la ciudad de Córdoba”, disparó Juez, apuntando de lleno al intendente Ramón Mestre, líder de la UCR provincial y principal candidato a gobernador.

La relación entre Juez y la UCR cordobesa siempre fue conflictiva, sobre todo con el sector del diputado Oscar Aguad y de Mestre. Hace apenas dos años, Juez había dicho que el radicalismo cordobés “es el partido más conservador, reaccionario y de derecha de la República Argentina”. Sin embargo, y en el marco de la alianza que vienen pergeñando a nivel nacional el líder del FAP, Hermes Binner; el titular de la UCR, Ernesto Sanz; Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y Pino Solanas, de Proyecto Sur, el senador fue moderando su discurso. En un encuentro del FAP en Córdoba, el 31 de enero, el referente del Frente Cívico sostuvo que “la gravedad y la magnitud de problemas que tiene el país hacen que no los pueda resolver nadie solo”. Con ese argumento, abrió la puerta a un acercamiento: “Debemos ser generosos y estar abiertos a sumar a diversos sectores para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo.

Pero la situación cambió nuevamente a mediados de febrero, al destaparse un escándalo que involucra a funcionarios de Mestre. “El intendente sabe que nosotros tenemos pruebas de que funcionarios de su extrema confianza están muy involucrados con el manejo irregular de fondos públicos, y que eso no sólo es un impedimento para cualquier entendimiento en el futuro, sino que nos inhabilita para seguir conversando con ese sector del radicalismo”, resaltó el senador, quien supo ocupar el cargo que hoy ostenta Mestre.

El caso está vinculado con el manejo irregular de fondos de una importante financiera local, CBI Cordubensis, cuyo vicepresidente Jorge Suau apareció muerto en el interior de su camioneta el 13 de febrero pasado. Suau habría dejado dos cartas, dirigidas al fiscal Enrique Senestrari y el camarista federal Ignacio Vélez Funes. Según Juez, en esas cartas están mencionados el secretario privado de Mestre, Juan Pablo Ostanelli, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, quienes se quedaban con 400 millones de pesos mensuales producto de una operatoria en esa financiera con el dinero recaudado por la tarjeta Red Bus, equivalente a la Sube utilizada en la Ciudad de Buenos Aires.

“Nosotros estamos dispuestos a discutir y a tener la mayor amplitud ideológica desde el Frente Cívico, pero hay banderas que en el espacio político nuestro no vamos a renunciar nunca, como la intolerancia a la corrupción. Nos fuimos del peronismo por la corrupción de (el gobernador José Manuel) De la Sota”, señaló Juez, alejando la posibilidad de un acuerdo con el radicalismo. En diálogo con Página/12, Juez aclaró que su problema no es con el radicalismo a nivel nacional, ni con todo el radicalismo provincial. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo con la UCR que no contemple a Mestre es prácticamente imposible. De hecho, el titular del Comité provincial, Alberto Giménez, es secretario general de la municipalidad.