Desde Santiago

La última encuesta Adimark, una de las más utilizadas en Chile, reveló la semana pasada que la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet subió 3 puntos y llegó al 56 por ciento, esto es un punto más si se compara con el mismo período de su primer gobierno (mayo 2006: 55 por ciento). Una de las causas de este apoyo ciudadano se debe a la reafirmación que la mandataria hizo –en un discurso presidencial efectuado el pasado 21 de mayo– de las reformas que pretende impulsar en su gestión y que incluyen principalmente cambios al sistema tributario y educacional y plantear una nueva Constitución política.

Sin embargo, a estas tres vigas maestras que sustentan este nuevo paso de la doctora socialista en La Moneda y que deben mostrar avances antes de que terminen los cien primeros días de su mandato, incluyen otras modificaciones ampliamente debatidas por la población –y que han sacado ronchas en los sectores más conservadores de esta pacata sociedad chilena–, como la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual y cambios a la ley de drogas, por citar sólo algunas de las reformas que Bachelet pretende llevar adelante.

El turno, la semana pasada, fue justamente para este último tema. El viernes, los ministros José Antonio Gómez, de Justicia, y Helia Molina, de Salud, además del subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Lidia Amarales, llegaron hasta la oficina del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, con la idea de constituir –por primera vez– una mesa de trabajo para iniciar la revisión de la Ley 20.000 de drogas, encargada de sancionar el tráfico de sustancias ilícitas en Chile.

Tras la cita, se supo que uno de los objetivos consensuados por la debutante comisión es definir nuevos parámetros para la posesión de drogas y cómo distinguir de mejor manera lo que es consumo y microtráfico.

“Hoy, el Estado destina una gran cantidad de recursos para perseguir a consumidores y microtraficantes sin distinciones. Ese tema debemos evaluarlo en la mesa que acabamos de inaugurar”, dijo Aleuy en una declaración que recogió el diario

La Tercera.

Esta mesa de trabajo fue una de las propuestas que Bachelet hizo en campaña y que se resumía de la siguiente manera: “Revisaremos la Ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esta norma, ya no a la Justicia penal, sino a los juzgados de policía Local. Antes de ganar las elecciones, Bachelet aseguró que parte importante de esta revisión se centraría en analizar el reglamento que actualmente tipifica la marihuana en la lista 1 de sustancias ilícitas, es decir, entre las drogas más peligrosas, como, por ejemplo, la cocaína.

En este sentido, la mañana del viernes se acordó dividir el trabajo en dos mesas con distintos objetivos: una se enfocará en la salud pública y la otra se centrará en el control. Así, uno de los ejes que tendrá la primera instancia será definir la viabilidad del uso terapéutico de la marihuana, como también del autocultivo.

Hace unas semanas, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que pertenece al partido de ultraderecha Unión Demócrata Independiente (UDI), sorprendió al país al anunciar que presentará un proyecto al Servicio Agrícola y Ganadero para que autoricen sembrar cannabis sativa en la comuna que dirige con fines terapéuticos.

“El uso en sí mismo de la cannabis no es polémico y la planta tiene diversas propiedades que pueden ser aprovechadas para mitigar el dolor de ciertas enfermedades. Es urgente discutir la implementación de una medida de este tipo en el sistema sanitario de nuestro país”, dijo el edil. Sus palabras no fueron bien recibidas en el seno de su colectividad, fuertemente cuestionada en la actualidad por no estar acorde con los cambios que la ciudadanía está pidiendo en las calles.

Tras la cita de ayer, la ministra de Salud valoró la inclusión de su cartera en el trabajo, asegurando que tienen mucho que aportar “desde todo lo que tiene que ver con los usos terapéuticos y con las formas de integrar este tipo de droga al mundo terapéutico”.

Una de las precisiones entregadas desde el gobierno, sin embargo, asegura que, no obstante esta revisión, la marihuana se mantendrá en la tipificación de “sustancia controlada”.

Para abarcar todas las áreas del debate, se convocará a participar a distintos sectores sociales, médicos y especialistas en esta materia, como forma de recoger distintas perspectivas y, sobre la base de ello, definir la postura final del gobierno en esta materia.

“Vamos a trabajar con la mayor prontitud. Tenemos la obligación de resolver este problema, que afecta a muchos jóvenes y familias de este país. Por lo tanto, los plazos los tenemos acotados”, aseguró el ministro de Justicia.

El domingo pasado, miles de personas llegaron al sector de Plaza Italia, en pleno centro de Santiago, para participar de la marcha Cultiva tus derechos, que busca defender el derecho del autocultivo de marihuana e impulsar una nueva política de drogas.

Con un carácter familiar y pacífico, los asistentes participaron en un acto cultural organizado por Movimental. Nicolás Espinoza, coordinador general de la organización, expresó que la marcha pretendió “generar una presión para iniciar un debate democrático sobre la generación de una política de droga justa y eficaz y que nazca a partir del debate público”. Añadió que actualmente se encuentran potenciando una oficina jurídica online para quienes consideran víctimas de la Ley 20.000.

Entre los asistentes se encontraba el senador socialista Fulvio Rossi, quien destacó la necesidad de iniciar un debate sin prejuicios respecto de las políticas de drogas en Chile. “La Ley 20.000 está obsoleta, ya que no tiene perspectiva sanitaria, de seguridad pública ni de derechos humanos, además de criminalizar al consumidor”, consideró.

Quien también se hizo presente fue el líder del PRO y ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien consideró la Ley 20.000 como un “fracaso”, afirmando que “ha significado miles de jóvenes detenidos y muy pocos condenados por tráfico”.

La famosa actriz Ana María Gazmuri, fundadora y presidenta de la Fundación Daya, declaró finalmente que “la despenalizacion del autocultivo es la primera medida de cualquier transformación de políticas de drogas que queramos llevar adelante”.

Gazmuri es una reconocida activista en favor del uso medicinal de la marihuana. La actriz señaló que lo principal es “poner en el centro el pleno respeto a los derechos de las personas, apuntando a acabar con el control que tiene el narcotráfico en las poblaciones y facilitando el acceso de cannabis medicinal”.