Un juez español impuso una fianza de 3 millones de euros al ex ministro de Economía Rodrigo Rato, por el escándalo destapado en torno del uso de tarjetas de crédito expedidas por el banco que presidía, plásticos a los que se cargaron millonarios gastos personales no declarados al fisco. En tanto a Miguel Blesa, su predecesor en la presidencia del ahora intervenido banco Caja Madrid, se le impuso una fianza de 16 millones de euros por su implicación en el caso de corrupción, que salpicó de una manera u otra al gobierno regional de Madrid, a los mayores sindicatos de España y hasta a la Casa Real. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien lleva adelante la causa judicial, imputó la semana pasada a Rato y a Blesa en el caso de las “tarjetas en negro” de Caja Madrid, con las que diversos cargos directivos de la entidad habrían gastado la friolera suma de 15,25 millones de dólares en compras personales.

El juez decidió fijar estas fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias y concedió a Rato –quien dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2004 a 2007– y a Blesa tres días para pagarlas si no quieren ser embargados. El magistrado tomó la decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que los imputados podrían haber cometido un delito continuado de administración desleal, que sanciona a administradores de una sociedad que causen perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. Para calcular la cuantía de las fianzas se tuvo en cuenta el dinero que durante su mandato como presidentes se gastó de forma presuntamente ilícita.

Rato, quien fuera ministro de Economía y vicepresidente del gobierno español del presidente conservador José María Aznar (1996-2004), dijo al salir del máximo tribunal que la tarjeta de crédito para uso personal que se le entregó el primer día que desembarcó en la entidad financiera correspondía a su remuneración y estaba sujeta a retención fiscal como cualquier otro concepto salarial. “La tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté”, aseguró. El caso se desencadenó cuando, el 1º de octubre, un informe de la Fiscalía Anticorrupción develó que se apreciaban indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid, que las utilizaron sin control hasta gastar 15,25 millones de euros en un lapso de 13 años.

En el marco de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción confeccionó un listado de 86 directivos –65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos– que supuestamente habían dispuesto de estas tarjetas de crédito. Las tarjetas fueron gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y quien también prestó declaración ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Según la documentación que obra en manos del juez Andreu, Rato realizó 272 movimientos con su tarjeta, hasta alcanzar los 54.837 euros entre el 28 de noviembre de 2010 y el 7 de mayo de 2012, día en que dimitió como presidente de Bankia, entidad resultante de la reestructuración de Caja Madrid.

El ex ministro devolvió ese dinero, pero no el que cargó a Caja Madrid, que asciende a 44.200 euros. El ex hombre fuerte del FMI ya tuvo que declarar ante el juez Andreu, concretamente en diciembre de 2012, en el llamado caso Bankia, sobre presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad. A su llegada al tribunal, Rato y los otros imputados fueron abucheados por varias decenas de personas que gritaban consignas como “chorizos (ladrones), puteros con nuestro dinero” o “aquí estamos, nosotros no robamos”.

El estallido de este último escándalo de corrupción financiera y política provocó una cadena de dimisiones y destituciones en el gobierno de la Comunidad de Madrid y alcanzó a los dos grandes sindicatos de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), salpicados por el caso. También afectó a la Casa Real española, con la renuncia, la semana pasada, de Rafael Spottorno a ser consejero privado del rey Felipe VI, tras años como jefe de la institución presidida por Juan Carlos I. Antes de este cargo, Spottorno se desempeñó como director de la Fundación Caja Madrid (2002 y 2011) y, según la documentación judicial, cargó 223.900 euros a las tarjetas de la entidad.

El Partido Popular (PP) abrió un expediente contra Rato y otros doce afiliados de la formación implicados en el presunto uso fraudulento de las tarjetas de Caja Madrid. En la reunión del Comité de Derechos y Garantías del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco, se designó al diputado de Albacete, Francisco Molinero, quien llevará adelante la investigación interna y recibirá a los trece afiliados para que den su versión de los hechos. Los estatutos del PP señalan que el plazo de trámite del expediente no podrá exceder los dos meses desde su inicio. Por circunstancias excepcionales, podrá ser prorrogado por otro mes. Sin embargo, el objetivo del partido es que la investigación interna esté lista lo antes posible.