Desde México, D. F.

Desaparecer en Guerrero, como están 43 estudiantes normalistas desde hace 22 días, no es algo raro ni nuevo. Es parte de una historia de “represión cruenta, sistemática y generalizada” que ocurrió en esta entidad del suroeste mexicano a lo largo de al menos una década, entre 1969 y 1979, durante la llamada “guerra sucia”.

De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad para este estado, rendido luego de dos años de trabajos, éstas fueron prácticas recurrentes durante las administraciones de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) y a las gobernaciones de Israel Nogueda Otero (1971-1975) y Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981).

Un telegrama fechado el 1º de diciembre de 1971 ilustra la política antisubversiva del Estado mexicano. Firmado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general de división Hermenegildo Cuenca Díaz, ordena “incrementar actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan esa región” (sic).

Las gobernaciones de Nogueda y de Figueroa están marcadas por la represión social y el exterminio de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Durante la administración de Nogueda, la Cámara de Diputados decretó la intervención federal. Rubén Figueroa Figueroa, siendo senador y candidato del PRI a la gobernación, fue secuestrado el 30 de mayo de 1974 por la guerrilla de Lucio Cabañas y liberado tras un enfrentamiento con el ejército que los persiguió ferozmente. En diciembre de 1974, Lucio Cabañas fue asesinado por el ejército. Dos años antes había muerto Genaro Vázquez Rojas en circunstancias poco claras.

Durante esos años abundaron las desapariciones, asesinatos, tortura, vuelos de la muerte y militarización de poblados enteros, según documentó la Comisión de la Verdad. La mayor parte de estas acciones se atribuyen al entonces mayor Arturo Acosta Chaparro, quien coordinó el operativo de liberación de Figueroa; el militar alcanzó el grado de general brigadier a finales de los ’80, y murió en 2012, no sin antes haber sido involucrado por presuntos nexos con el narcotráfico y fue condecorado por el entonces presidente Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional, al retirarse tras 45 años de servicio.

Rubén Figueroa Figueroa persiguió con saña a la guerrilla guerrerense e incluso se vengó de Lucio Cabañas violando a su viuda, Isabel, de sólo 16 años, y la embarazó. Meses después, la adolescente abortó.

Paradójicamente, otra masacre causó la salida del gobierno del estado del hijo de Rubén Figueroa, 21 años después, tras el asesinato a mansalva de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, en el que se atribuye también la asesoría del general Acosta Chaparro. El entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer pidió licencia para separarse del cargo luego de que se conoció un video que registró la matanza. El hoy gobernador Angel Aguirre Rivero, entonces miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional, se convirtió en gobernador interino. Como consecuencia, surgieron varios movimientos armados en Guerrero, como el del Ejército Popular Revolucionario (EPR), al cumplirse un año de la matanza de Aguas Blancas.

Son todos ésos los rastros que siguió la Comisión de la Verdad desde mediados de 2012 que inició la investigación de 512 de-sapariciones forzadas durante la guerra sucia, en la que recogió 409 testimonios. Durante los últimos seis meses de trabajo, en los que ya no contó con presupuesto, la Comisión de la Verdad tuvo el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de médicos y especialistas forenses de la UNAM, lo que permitió exhumar dos cuerpos de guerrilleros del movimiento de Lucio Cabañas.

En el acto en que fue entregado el informe, realizado en el Tribunal Superior de Justicia del estado, en la capital, Chilpancingo, la comisionada Hilda Navarrete recordó que las razones que llevaron a muchos a tomar las armas “sigue latente en el corazón de muchos guerrerenses” y advirtió que la paz en el estado y en el país pasa necesariamente por la justicia.

Pero en Guerrero, los desaparecidos ni siquiera tienen ese carácter. Simplemente “no están”, porque el Código Penal local no tipifica el delito de desaparición forzada. “Este ordenamiento debe reformarse y ajustarse a los criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada para evitar la imprescriptibilidad del delito, prohibir la incineración de personas que puedan estar relacionadas con un caso de desaparición y sancionar a policías que no pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas”, señalan las recomendaciones presentadas por el presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

De paso, pidió retirar del Congreso del estado la inscripción en letras de oro que rinde homenaje al ejército. “Hay que distinguir ante la sociedad quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios”, dijo.

González Ruiz presentará una denuncia ante el Ministerio Público con los casos de desaparición forzada que logró documentar la Comisión de la Verdad, con los nombres de víctimas y victimarios.