“A muchos de nosotros, sobre todo a los varones, nos ha costado reconocer las vejaciones a las que fuimos sometidos. Han sido más de treinta años de silencio. Nadie puede tomar dimensión de la vejación a la que fuimos sometidos si no la ha vivido. A mí me ha costado hablar de esto, creo que mis hijas que están allí sentadas se están enterando en este momento.” Eso de lo que a David Blanco se le hacía difícil hablar no sólo eran la picana y los golpes, sino especialmente los ataques sexuales sufridos durante su cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Policía D2 de Mendoza. Blanco, actor mendocino, falleció en febrero de 2011, pero unos meses antes llegó a contar ante un tribunal las aberraciones a las que había sido sometido y así abrió paso a que comenzaran a salir a la luz los relatos de otros varones denigrados y agredidos sexualmente durante el terrorismo de Estado. El de Héctor García, la semana pasada, en el juicio contra militares, policías y jueces llevó a la decisión de Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza a ordenar la apertura de una investigación específica sobre ataques sexuales padecidos por varones durante el terrorismo de Estado en la provincia.

García, un ex empleado del Banco de Mendoza, primero mencionó ante el tribunal oral en forma genérica que en el D2 hubo “ataques sexuales a los compañeros. Luego, empezó a hablar de sí mismo, dijo que lo violaron allí, que él quería denunciarlo y que se inicie una acción penal. El abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Pablo Salinas le pidió al tribunal que se inicie una investigación aparte ya que, sostuvo, “son reiterados los testimonios de ex detenidos varones del D2 que sufrieron ataques sexuales de similares características, incluso con el mismo instrumento, como método sistemático para denigrarlos, además de hacerlos hablar”. Salinas plantea que tanto para las mujeres como para los varones los crímenes sexuales eran parte del plan represivo y de exterminio, que no eran casos aislados. Aunque una corriente jurídica sostiene que los delitos sexuales fueron parte de la tortura, Salinas plantea que deben ser entendidos como delitos independientes. “Se cometen por la orden emanada de una estructura jerárquica. Hay una autoría mediata para ejecutar esa acción sistemática, más allá de que pueda conocerse o no el autor directo”, señala.

García detalló que los torturadores lo ultrajaban “con una goma en el ano”. Las referencias a los abusos sexuales con ese elemento reaparecieron en distintos testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza. Pablo Seydell hoy tiene 58 años, pasó por varios centros clandestinos en sus ocho años detenido durante la última dictadura. Ya declaró en un juicio anterior donde se refirió al infierno que vivió, y volverá a hacerlo en noviembre, en el mismo juicio que García. “La goma era el mamporro que llevaban los policías también para golpear. Lo que sufrimos muchos no fue tan sólo un ataque carnal, sexual, perverso y violento. En los ataques sexuales también usaban picana eléctrica. Se ensañaban. Fueron prácticas para denigrarnos como hombres, que padecieron muchos más de los que creemos. Algunos le pudieron poner palabras enseguida, y otros treinta años después ante la valentía de muchas mujeres que empezaron a contar los abusos que ellas habían vivido. Lo que queremos decir es que esto fue una metodología aplicada por asesinos y perversos que tenían conciencia de lo que hacían”, dijo Seydell a Página/12. Tal es así, cuenta, que cuando enfrentó un consejo de guerra, un capitán de apellido Dib le dijo con ironía que tuviera pudor en contar lo que le pasó: “A usted no lo violaron, ‘solo’ le introdujeron una goma en el ano”. Seydell militaba en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), igual que su mamá, su hermana y hermano. Todos pasaron por centros clandestinos de detención y cárceles con presos ilegales. El trabajaba en una matricería de Renault, pero vivía en la clandestinidad. Lo secuestró en octubre de 1976 una patota que combinaba personal de la comisaría séptima de Godoy Cruz y del D2 de Policía. Estuvo también en el penal de Sierra Chica, en La Plata, y la mayor parte del tiempo en Rawson. Hoy es licenciado en Educación y psicólogo social y dice que siente que durante el cautiverio, ni él ni sus compañeros hablaban de las atrocidades que vivían. “Con el tiempo aparecen los testimonios, el apoyo y el calor de los otros”, explica.

La declaración de Blanco, cuatro años atrás, representó uno de esos momentos en los juicios por crímenes de lesa humanidad en que emerge la sensación de que nunca se terminan de conocer todas las atrocidades cometidas desde el aparato represivo. David Blanco decía que quería “dejar en claro lo que nos hicieron”, “no quiero que esto pase nunca más”, decía desde el alma. El había sido detenido a los 23 años, cuando militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Estuvo en el D2, también en la Unidad 9 de La Plata, en Sierra Chica, en Rawson. “Recibí electricidad en las encías, en los genitales y en el ano. También introducían objetos (...) terminé con los genitales destrozados (...) puedo dar fe por mi caso, pero años después supe que otros lo habían sufrido, que era una práctica sistemática”, declaró.

El fiscal Dante Vega iniciará una investigación específica sobre éstas y otras posibles agresiones sexuales a varones bajo la premisa planteada por el abogado Salinas que indica que, aunque no se conozcan los autores directos de los abusos, se determinarán las responsabilidades mediatas. Por lo pronto, la de Luciano Benjamín Menéndez –comandante del III Cuerpo de Ejército– y a de los jefes del D2 que hayan estado a cargo del centro de detención en las fechas que surjan de los hechos denunciados. Menéndez está procesado por las violaciones sexuales a mujeres que estuvieron detenidas en el D2.