El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió ayer disculpas a los españoles por los casos de corrupción que involucran a varios funcionarios del Partido Popular (PP). El jefe del Ejecutivo se responsabilizó por haber nombrado para algunos cargos públicos a personas que no eran “dignas” de ello y que abusaron de esos puestos. En una sesión en el Senado, Rajoy aseguró entender y compartir la “indignación y hartazgo” de los españoles ante la sucesión de hechos al margen de la ley.

El jefe del gobierno se refirió así a la detención el lunes de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios en varias provincias españolas por cargos de corrupción, concretamente en adjudicaciones de contratos públicos, en la llamada operación Púnica. Durante la sesión parlamentaria se escucharon pedidos de dimisión procedentes de la bancada de la oposición.

“El último caso de corrupción conocido parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían”, aseguró Rajoy. Además, subrayó que las personas que formaban parte de su fuerza política, el Partido Popular (PP), y que están siendo investigadas en esta operación, ya fueron suspendidas y, si se confirman las imputaciones, serán expulsadas.

“En cualquier caso, lamento profundamente la situación creada y, en nombre del Partido Popular, quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos”, añadió enseguida el jefe del gobierno.

Rajoy anunció que el Ejecutivo aprobará la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos y la del estatuto del cargo público, aunque no cuente con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), la mayor fuerza de la oposición. “No vamos a demorar ni un minuto más este paquete, si es con el acuerdo de la oposición mejor y, si no, lo aprobaremos con los votos del PP”, partido que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, dejó en claro.

Asimismo, Rajoy agregó que el gobierno seguirá ampliando el abanico de medidas anticorrupción hasta lograr que cualquier cargo público piense antes de “caer en la tentación de corromperse”. El jefe del Ejecutivo reconoció que esas conductas extienden una “sombra de sospecha generalizada” sobre todos los políticos y que “ensucia injustamente” la imagen y reputación de todos los que están en política para servir a los demás.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, le pidió explicaciones sobre la financiación paralela de su partido y sobre cuántos altos dirigentes del PP iban a volver a desfilar por la Justicia por sus cuentas en Suiza. “Es presidente de un gobierno en descomposición”, aseveró la vocera del PSOE, quien exigió a Rajoy que dé la cara y “despierte” porque “hay un país al que hay que sacar adelante”.

En respuesta, Rajoy declaró que no iba a hablar de las investigaciones judiciales en el Tribunal Supremo de diputados y senadores socialistas acusados de corrupción.

La operación Púnica se saldó con 51 detenidos, entre los que hay alcaldes, dirigentes locales y regionales y funcionarios públicos. La mayoría de ellos del PP, aunque también de otros partidos como el PSOE. El escándalo se suma a un listado con miles de causas judiciales abiertas, cientos de imputados y millones de euros defraudados en un país en el que, según un informe de la Comisión Europea, el 95 por ciento de los ciudadanos piensa que la corrupción está extendida.

Ayer, el ex ministro Angel Acebes (PP) fue increpado por un grupo de ciudadanos al grito de “chorizo” (ladrón) y “sinvergüenza” tras declarar ante el juez en la Audiencia Nacional de Madrid por el llamado caso Gürtel, que a principios de 2012 puso contra las cuerdas al gobierno de Rajoy. El lunes, el ex ministro y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato fue expulsado del PP por su imputación en el caso de las tarjetas de crédito no declaradas.

En el último tiempo, los casos de las tarjetas de crédito no declaradas utilizadas por la cúpula de las entidades financieras Caja Madrid y Bankia, o el de la presunta contabilidad B del PP, saltaron a los medios. Los españoles piden gestos contundentes contra estas actuaciones ilegales en medio de una crisis económica en la que los responsables políticos reclamaron sacrificios a la ciudadanía para rebajar el déficit a golpe de recortes en los servicios públicos.

“Es difícil imaginar qué más cosas pueden estar podridas en España después de todo lo que ya ha salido a la luz. Son demasiados los días en los que la prensa dedica la práctica totalidad de sus portadas a asuntos de corrupción”, decía ayer en su editorial el diario español El Mundo. “Los partidos políticos todavía mayoritarios tienen que ser conscientes de su responsabilidad en estos momentos y situarse, si es que aún están a tiempo, en la vanguardia de una regeneración auténtica, no de la farsa que algunos pretenden”, señaló en tanto el diario El País. En lo que están de acuerdo analistas y los principales medios de comunicación es en que los instrumentos del estado de derecho contra la corrupción están funcionando.