El Senado comenzó ayer el tratamiento del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, anunciado hace una semana por la Presidenta. Con la visita del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario de Justicia, Julián Alvarez, el kirchnerismo defendió la iniciativa, cuya principal controversia quedó centrada en el artículo 35, que establece algunas condiciones bajo las cuales los extranjeros que cometan un delito pueden ser expulsados del país por entre cinco y quince años. “Este proyecto reforma profundamente el sistema del Poder Judicial, lo dota de un instrumento eficaz, moderno e inteligente en la lucha contra el delito y en especial contra el crimen organizado”, aseguró Alak durante su exposición, en la que hizo hincapié en el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio.

Los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto venían trabajando desde abril con distintos proyectos hasta que la semana pasada ingresó la iniciativa del Poder Ejecutivo. Alak y Alvarez hicieron una fundamentación general del texto, para pasar luego a las preguntas de los legisladores opositores. “No pretendemos ejercer sistemas de mano dura simbólica. Lo que pretende este Código es acelerar los pasos, sumar oralidad, garantizar que quien comete un delito sea penado, que la víctima pueda participar activamente del proceso y, en ese sentido, sabemos que el Código es un instrumento más de la política criminal del Estado”, explicó el ministro, quien remarcó que ya Domingo Sarmiento a mediados del siglo XIX había cuestionado el sistema inquisitorio, en el que el juez dirige la investigación penal. De aprobarse esta norma, los jueces se dedicarán a dictar sentencia y valorar la prueba, quedando la responsabilidad de investigar en manos de los fiscales.

Alak detalló que con el nuevo Código se acortarán los plazos, lo que mejorará la administración de justicia. Según explicó, actualmente 6 de cada 10 personas privadas de libertad están procesadas y no tienen condena. Si se toma la franja de jóvenes adultos, ese número trepa al 80 por ciento. Por otro lado, ya 17 provincias argentinas han reformado sus códigos de Procedimiento Penal y solamente queda en la región un país con el sistema inquisitorio, además de la Argentina: Uruguay, que también tiene prevista una reforma.

A su turno, Alvarez desmenuzó paso por paso cómo sería el nuevo procedimiento en las causas penales. “Es un procedimiento ágil y sencillo y termina con el ritualismo y las chicanas judiciales. El juez tiene todos los elementos para tomar la decisión que tiene que tomar. El defensor tiene todas las garantías y el fiscal todas las facultades”, consideró. Una vez que ingresa el caso al sistema penal, el fiscal tiene 15 días para decidir si formaliza o no la investigación. Una vez iniciada, tiene un año para investigar los hechos y luego se decide si se eleva o no a juicio. Posteriormente, se analiza la culpabilidad o no del acusado y se dicta sentencia. Así, los juicios no demorarían más de tres años.

Tras casi una hora de exposición de los funcionarios, los opositores centraron sus preguntas, fundamentalmente, en el artículo 35. El texto establece que podría ser expulsado el “extranjero en situación irregular en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito o imputado por un delito con pena privativa de libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión”.

“Se va a terminar persiguiendo y estigmatizando a los extranjeros”, arremetió el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales, quien sostuvo que la norma “no sirve, es ineficaz, y viola garantías constitucionales. No garantiza ni la defensa en juicio ni el principio de territorialidad, tampoco el de igualdad ante la ley”, completó Morales.

Desde el oficialismo, tanto el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, como el jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, rechazaron esos planteos y señalaron una serie de requisitos previos a la expulsión. Por un lado, la ley establece que la expulsión no debe vulnerar “el derecho de reunificación familiar”. Esto busca excluir a aquellos extranjeros que se encuentran instalados con su familia en Argentina y apunta en cambio a los que ingresan exclusivamente para delinquir. Por otro lado, es el propio imputado quien debe solicitar su expulsión en vez de la realización del juicio, lo cual deberá contar, además, con el aval del fiscal. La víctima también será escuchada al momento de realizarse la audiencia para debatir las “reglas de conducta” que le aplicarán al imputado.

“El 21,7 por ciento de los presos en las cárceles federales argentinas son extranjeros. De ésos, casi el 80 por ciento están allí acusados de narcotráfico”, aseguró Pichetto, quien pidió a la oposición que adopte una postura “seria y responsable” frente a este debate (ver aparte).

La UCR también planteó sus reparos frente al nuevo rol que tendrán los fiscales y reclamó que se garantice “la independencia del Ministerio Público Fiscal”. Morales consideró que “no hay control de nadie, hay un sistema muy laxo”, señaló el jujeño y adelantó que presentarán una iniciativa para corregir el supuesto descontrol, del que hacen cargo a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Incluso, el senador chubutense Mario Cimadevilla pidió la presencia de Gils Carbó en las reuniones de comisión de los próximos días.

El oficialismo prevé avanzar mañana y tres días de la semana próxima con el debate en comisión, al que convocarán a juristas, magistrados y expertos solicitados por todas las fuerzas. Buscarán la aprobación en el Senado a fines de noviembre.