La Cámara de Diputados avanzó ayer en la creación de la comisión bicameral investigadora sobre las complicidades económicas durante al dictadura. El oficialismo emitió dictamen favorable al proyecto del diputado y abogado laboralista Héctor Recalde en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. La UCR acompañaría la iniciativa, mientras el Frente Renovador presentó su propio proyecto, el PRO no adhirió a la propuesta y Elisa Carrió abandonó la sala sin pronunciarse. El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky; el investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona; ex trabajadores de Ford y de Acindar de Villa Constitución (Santa Fe), torturados y reprimidos durante la dictadura cívico-militar, expusieron ante los diputados su apoyo a la creación de la bicameral, que ahora debe pasar por las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto.

El proyecto presentado por Recalde crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la Ultima Dictadura Militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia. La iniciativa apunta a elaborar un informe detallado sobre el accionar de empresas privadas y actores económicos y financieros que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad y que se beneficiaron con la política económica y el terrorismo de Estado implementado por la dictadura.

“Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad, porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó Recalde. La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar “la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”, describe el proyecto de creación de la bicameral que deberá emitir un informe en 180 días de conformada y que abarcará el período que va desde el golpe del 24 de marzo del ’76 hasta 1983, cuando los militares abandonaron el poder.

Aunque por sugerencia de los propios expositores y diputados, también se propondrá en los fundamentos del proyecto avanzar en paralelo con una investigación similar durante la etapa neoliberal de la década del ’90.

“La democracia avanzó en la responsabilidad de quienes ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Pero no hizo lo mismo con otros partícipes, impulsores y beneficiarios” de estos delitos, destacó Verbitsky ante los diputados, para celebrar la iniciativa legislativa. El periodista argumentó que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se juzgó a las juntas militares, pero que por el “contexto político, en pleno apogeo del neoliberalismo, no se pudo avanzar” con las complicidades del poder económico. “Ahora sí se puede avanzar”, agregó para concluir que “hoy estamos viendo un desprecio del poder económico con la democracia que tiene que ver con la impunidad que gozan”.

“Analizar la dictadura sin el componente económico es imposible”, insistió Verbitsky, quien leyó un párrafo de la carta abierta del periodista y escritor Rodolfo Walsh al año de la dictadura militar, donde describe como “gran síntesis” –agregó el presidente del CELS– la transferencia económica de toda la sociedad a las grandes corporaciones. Además de dejar al presidente de la comisión, el kirchnerista Alfredo Dato, su libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos, coeditado con el abogado Juan Pablo Bohoslavsky, hoy relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la deuda externa.

En tanto, Alejandro Olmos Gaona, que asesoró al presidente ecuatoriano Rafael Correa en la investigación de la deuda externa de su país, pidió ampliar la investigación hasta la década del ’90. “Los grupos económicos sostuvieron la dictadura y el plan económico de los ’90”, afirmó y apuntó a empresas de “Franco y Mauricio Macri, Perez Companc, Citibank, Techint y Ford”. Olmos Gaona aseguró que durante los ’90 se firmaron los “peores” contratos de endeudamiento a favor del sector privado.

Tomás Ojeda Quintana, querellante en una causa por el secuestro y tortura de veinte delegados y otros cinco trabajadores de Ford durante la dictadura, reclamó por la iniciación del juicio oral y público a tres directivos de la automotriz que todavía no tiene fecha. Pedro Troiani, ex delegado de Ford, contó que fue torturado por los militares en el propio quincho de la empresa, que luego de los secuestros y más despidos aumentó la producción de los Ford Falcon, que le vendían a la dictadura, de 200 a 250 por turno.

Victorio Paulón, ex secretario de la OUM de Villa Constitución, relató cómo Acindar, tras la represión desatada meses antes de la dictadura, que dejó un saldo de “30 compañeros muertos, otros 300 trabajadores que fueron encarcelados y mil despedidos”, eliminó a 35 empresas competidoras “algunas con la misma metodología utilizada en Papel Prensa” –afirmó– para pasar a dominar el monopolio siderúrgico junto a Techint. Claro que Acindar aportó a la dictadura como ministro de Economía al presidente de su directorio, José Alfredo Martínez de Hoz.

En tanto, Carlos Manestes, docente y dirigente de la CTA porteña, relató su experiencia como trabajador gráfico durante la dictadura. Tras sufrir un accidente de trabajo y ya como delegado de una subsidiaria de Arcor fue secuestrado, recluido y adormecido en una clínica privada, mientras la empresa despedía a sus trabajadores. La misma compañía mentora de la Fundación Mediterránea, desde donde Domingo Cavallo –con su tarea como funcionario de la dictadura y como ministro de Carlos Menem– contribuyó a su consolidación como una de las fuertes del país en el rubro alimentación. Varios ejemplos que estarán en la agenda de la bicameral investigadora, tras su creación.