En el marco de la crisis fronteriza con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la ampliación del estado de excepción a toda la zona fronteriza del estado de Táchira. El mandatario hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa transmitido desde el país asiático. Por su parte, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que llevará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las deportaciones masivas de compatriotas suyos desde el país vecino.

El presidente venezolano explicó que el decreto de expansión permite ampliar a otros cuatro municipios de Táchira el estado de excepción, y que también da luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona. De esta forma, la norma ahora también rige en los municipios de García de Heiva, Ayacucho, Lobatera y Panamericano. El decreto establece que las autoridades podrán ejecutar registros sin la necesidad de una orden judicial previa, aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará la dignidad de las personas. Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida, que abarca unos 160 kilómetros de frontera, completando así todo el territorio limítrofe de Táchira.

Maduro señaló que Colombia debe intervenir para prohibir el contrabando a Venezuela. “Colombia tiene que tomar medidas de autoridad, de gobierno para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace en las ciudades fronterizas y en Bogotá”, dijo. “El gobierno de Colombia se comprometió a corregir esto y eso lo quiero conversar personalmente con Santos”. Insistió en que tomando medidas, el gobierno colombiano puede evitar el ingreso de grupos paramilitares hacia Venezuela y recordó que la crisis comenzó con un ataque el 19 de agosto que dejó tres soldados venezolanos heridos. “Llamé a Santos para que hagamos una reunión cara a cara pronto, en los próximos días voy a estar en Caracas, y busquemos en base a la verdad y al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, una solución”, indicó.

Por otro lado, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anunció ayer la llegada del último contingente para completar los 3.000 soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira. También expresó que el gobierno evalúa extender el estado de excepción a algunas zonas de los estados de Zulia y Apure. “Anunciamos que donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer”, dijo. El mandatario de la Asamblea sugirió, además, que se inicie un proceso de revisión de propiedades que han sido adquiridas en la frontera con Colombia, y aseguró que muchas de ellas pertenecían a venezolanos que fueron obligados a vender por parte de grupos irregulares. “Tenemos que verificar quienes adquirieron fincas, comercios e industrias, porque allí está metido el dinero del narcotráfico, contrabando, paramilitares y sicarios”, afirmó. “Durante todos estos años fuimos víctimas de la violencia colombiana. Pero esta situación llegó al límite con el ataque a nuestros soldados”, opinó Cabello.

En tanto, Santos dijo que su prioridad es defender los derechos humanos de los colombianos que viven en el país vecino. “Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o expulsar personas por razones de seguridad, pero no de ninguna manera puede violar el derecho internacional”. Por este motivo, agregó que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, está considerando la posibilidad de presentar una denuncia ante la CPI. “Será contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma”, dijo el mandatario. “La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se configuró un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana”, añadió.

Santos criticó que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido rechazada el martes la solicitud de su país de convocar una reunión de cancilleres de organismo para tratar la crisis. También se quejó sobre el hecho de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) haya postergado sin fecha el encuentro de jefes de diplomacia, inicialmente planeada para hoy. Agotadas esas dos instancias, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la CPI, Santos explicó que Colombia acudirá por medio de su canciller, María Angela Holguín, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. “Colombia es una nación decente, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia y lo seguirá siendo”.