El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, anunciaron en La Habana el acuerdo de justicia transicional, que garantiza que no habrá impunidad. Y se dieron seis meses, hasta el 23 de marzo de 2016, para firmar la paz definitiva. Una vez lograda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tendrán 60 días para dejar las armas.

Los puntos revelados en el encuentro, en el que además participó el jefe de Estado cubano Raúl Castro, se refieren a la jurisdicción especial a la que se someterán quienes cometieron crímenes durante los 50 años de conflicto, que según cifras oficiales dejó 220.000 muertos y seis millones de desplazados, y que es uno de los temas más espinosos del proceso.

A través de su cuenta de Twitter, Santos anunció ayer por la mañana que previo a su llegada a Nueva York para acudir a la Asamblea General de la ONU, visitaría la capital cubana. El mandatario partió de Bogotá y llegó a media tarde a La Habana junto a funcionarios del gobierno y miembros de la subcomisión técnica de justicia. Allí lo esperaba Timochenko, quien había arribado a Cuba la noche anterior. La reunión transcurrió en el palacio de convenciones de La Habana, donde también estuvieron representantes de Cuba y Noruega, los países garantes de los diálogos.

Fue precisamente el representante cubano, Rodolfo Benítez, quien hizo la lectura del documento. Este incluye un sistema de justicia llamado “Jurisdicción Especial para la Paz” que operará bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema se aplicará tanto para los miembros de la guerrilla como para los militares que hayan cometido delitos vinculados directamente con el conflicto armado en el país, e incluso para los financiadores, como empresarios o industriales que han contribuido con la guerrilla. Para evitar que se presenten personas que no tengan relación alguna con el proceso de paz y busquen los beneficios de este modelo, se establecerán una serie de filtros. Algunos de éstos son haber firmado el fin de la guerra con el Estado y que, además, los casos estén relacionados directamente con el conflicto armado.

El tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento. La diferencia es que a la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos, y a la segunda le corresponderán los casos en que los juzgados no reconozcan su culpabilidad.

El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel en algunos casos. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras. Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque de lo contrario se podría aplicar una pena efectiva de cárcel. Aquellos que reconozcan su responsabilidad por delitos graves, podrán recibir la pena de cinco a ocho años con beneficios carcelarios. Y aquellos que no admitan su responsabilidad pero sean encontrados culpables por el juzgado, podrían recibir hasta 20 años de cárcel.

Tras la lectura del documento, el presidente Santos destacó especialmente el paso que dieron las FARC al acordar bases de justicia transicional. “Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz”, dijo. “Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas; que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia”, afirmó. Santos agregó que el acuerdo final debe ser firmado en un plazo no mayor a seis meses, y las FARC contarán con hasta 60 días para desarmarse. “No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar. Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo.”

Por su parte, Timochenko aseguró que existe una gran satisfacción sobre el tratado alcanzado, el cual avanzará para una paz definitiva. “El acuerdo fue diseñado para todos los involucrados en el conflicto. La jurisdicción establece un modelo respetuoso con la ley de Colombia y los cánones internacionales”, opinó. “Corresponde a las partes ahora llegar a consensos para que lleguemos a un cese al fuego bilateral y llegando a condiciones específicas, como el desmonte del paramilitarismo”, dijo.

En tanto, el presidente cubano celebró la noticia, tras casi tres años de negociaciones en La Habana. “La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere grandes esfuerzos como lo han demostrado ambas partes”, dijo.

El tema de la justicia por los crímenes cometidos a lo largo del conflicto fue objeto de largas negociaciones. Mientras las FARC señalaron que no esperan que los rebeldes tengan que ir a la cárcel, hay un sector encabezado por el ex presidente Alvaro Uribe que piden que al menos los jefes rebeldes se sometan a juicios por crímenes de lesa humanidad como secuestros y asesinatos y paguen penas de cárcel, así sean simbólicas.

La reunión de ayer se desarrolló luego de que el papa Francisco dijera tras su paso por Cuba que el proceso de paz debía ser firmado con urgencia. “Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”, dijo al dirigir su pensamiento “a la querida tierra de Colombia”, en la misa que ofició en la Plaza de la Revolución en La Habana.

El gobierno colombiano y las FARC llevaron a cabo negociaciones de paz anteriormente, la última vez a fines de los 90 y comienzos de los 2000, pero terminaron en fracaso y se reanudaron las hostilidades. Hasta ahora, las partes consensuaron tres de los seis puntos de la agenda y en los últimos ciclos de diálogo (van 41 hasta ahora), venían discutiendo sobre la reparación a las víctimas, que incluye el tema de la justicia, mientras una subcomisión conjunta preparaba paralelamente planes para un cese al fuego definitivo. Desde julio rige en Colombia una tregua unilateral de las FARC y Santos ordenó suspender los bombardeos a posiciones rebeldes.