La iniciativa oficial que ayer el Congreso convirtió en ley declara de interés público la participación del Estado en empresas privadas a través de la Anses y también blindó la presencia del sector público en firmas como Aeropuertos Argentina 2000, Arsat, Correo Argentino, una serie de trenes de carga, la Administración General de Puertos y varias centrales térmicas. Supone una línea de continuidad con la movilidad del beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también sancionada con fuerza de ley, como manera de dificultar la vuelta atrás de las políticas fundantes del kirchnerismo. En ambos casos, traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

El punto más saliente de la norma sancionada consiste en que la venta de las acciones de las empresas que posee la Anses y una serie de compañías estatales podrá ejecutarse previa discusión en el Congreso y aprobación por las dos terceras partes de los legisladores, lo que complica planes privatizadores de futuros gobiernos. Hasta ahora, la venta de esos activos requería apenas la aprobación del Poder Ejecutivo.

Los activos estatales que la norma busca preservar relatan buena parte de la historia económica del posneoliberalismo. Una de las características de la última década fue la mayor presencia del Estado como gestor de empresas o como observador o fiscalizador, que en la Argentina superó en intensidad a lo sucedido, bajo la misma tendencia, en otros países de la región, como Brasil, Uruguay y Ecuador. El país se ubicó, en materia de reaparición del Estado, en el lote de Venezuela y Bolivia.

El recorrido estatizador del kirchnerismo comenzó por el Correo Argentino, a fines de 2003, por entonces a cargo de Socma, del grupo Macri. A partir de la ley sancionada ayer el Poder Legislativo, la venta de esa empresa tendrá que ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios. Lo mismo sucede con las compañías públicas creadas en estos años, entre las cuales se destaca Arsat, encargada del desarrollo de los satélites Arsat 1 y 2, el primero de ellos operando en el espacio exterior y el segundo próximo a ser lanzado desde la Guayana Francesa. La lista incluye además a Playas Ferroviarias de Buenos Aires, una empresa creada por el Estado a fines del año pasado, cuyo capital inicial está compuesto por las playas ferroviarias de Liniers, Palermo y Caballito. La firma está a cargo de la comercialización de esos terrenos para las viviendas del Pro.Cre.Ar. Está también la empresa estatal Intercargo, creada en 2003.

La estatización más importante en términos estratégicos junto a YPF fue la del sistema previsional. Un par de meses después del voto “no positivo” de Julio Cobos que sepultó la conflictiva resolución 125 para festejo de las patronales del agro, y en plena crisis internacional, el Gobierno decidió nacionalizar las AFJP. De las inversiones que esas empresas realizaban con el dinero de los aportes de los trabajadores, el Estado heredó las acciones en firmas como Banco Macro, San Miguel, Gas Natural BAN, Consultatio, Edenor, Distribuidora Gas Cuyana, Siderar, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Grupo Concesionario del Oeste, Mirgor, Emdersa y Grupo Financiero Galicia.

En el FGS hay cerca de 62 mil millones de pesos en títulos emitidos por empresas. Eso le permite al Gobierno tener representantes con derecho a coto en los directorios, incidencia sobre las decisiones corporativas y acceso privilegiado a la información. La ley sancionada crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que viene a jerarquizar la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, para coordinar los lineamientos políticos de los directores.

También quedan “protegidas” por la ley firmas de transporte y del sector energético privatizadas a comienzos de los 90, en las cuales el Estado preservó una porción minoritaria del paquete accionario. Se trata de Ferroexpreso Pampeano, un ramal cerealero a cargo de Techint desde 1991, que llega a los puertos de Rosario y Bahía Blanca; Ferrosur Roca, gestionado por la cementera Camargo Correa de Brasil desde que adquirió las operaciones de Loma Negra. También el Nuevo Central Argentino, que controla Aceitera General Deheza, de la familia Urquía. La utilidad pública se pretende declarar además para la participación estatal en varias firmas del sector energético. Es el caso de Central Térmica Güemes, privatizada en 1992, en manos de Pampa Energía; Transpa, empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Patagonia, privatizada en diciembre de 1993; Central Dique, privatizada en 1992; IEBA y Centrales Térmicas Patagónicas. En cambio, la ley no incluye a YPF e YPF GAS, cuya utilidad pública prevé la Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

A la lista de empresas que abarca la ley hay que sumar también a las firmas donde el Estado tiene acciones, como Aeropuertos Argentina 2000, donde controla el 73,5 por ciento del capital y la Administración General de Puertos. También incluye en el sector financiero al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que se suma a la presencia de la Anses en el Hipotecario, el Macro, el Patagonia, el Francés y el Galicia.