La integración de los tribunales federales orales que llevan adelante los juicios de lesa humanidad es una de las mayores preocupaciones de querellantes de estas causas en buena parte del país. Fue uno de los ejes planteados por abogados y abogadas en un informe que presentaron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y también –varias veces– a la Comisión Interpoderes, encargada del monitoreo de las causas. El caso de Santiago del Estero es tal vez uno de los más preocupantes. La jurisdicción no tiene Tribunal Oral con jueces propios desde hace tres años. Va a cumplir dos años sin juicios orales de lesa humanidad. Y dos de los tres jueces que habían logrado reunir para la próxima megacausa, se excusaron y salieron del juicio. La jurisdicción muestra problemas endémicos como Bahía Blanca y Mendoza, pero parte de las complicaciones coincide curiosamente con el momento en el que deben avanzar las investigaciones sobre jueces o funcionarios del Poder Judicial de la dictadura, parte de los cuales continuaron con carrera ascendente hasta no hace demasiado.

“La situación es gravísima”, dice Cristina Torres, sobreviviente de los centros clandestinos y querellante de las causas. “Está cronificada la lentitud de las actuaciones en la instrucción de distintas causas, con el agravante de que de nuevo se nos cayó el tribunal que se había conformado recientemente para llevar adelante la megacausa III. Dos de los tres jueces se bajaron y quedó solo el presidente (Luis Imas) que de todos modos nos adelantó ¡que antes de marzo del año 2016 no podría hacer el juicio porque tiene otros juicios orales! Así que superaremos holgadamente los dos años sin ningún juicio oral, porque el último fue en 2013”.

El Tribunal Oral federal (TOF) de Santiago del Estero tiene tres cargos vacantes. Renunció Alberto Pravia en 2010 y Josefina Curi en enero de 2011. El 1º de agosto de 2012 renunció por último Luis Eduardo López, que no intervino en los juicios de lesa humanidad, denunciado por las querellas por su rol como secretario penal de la dictadura, con testimonios que lo ubican tomando declaraciones indagatorias en la Dirección de Informaciones de Musa Azar. López renunció antes de ser separado del cargo, mientras la Cámara de Casación confirmaba el avance de la investigación sobre otros dos ex jueces de esa provincia a quienes él no indagaba por considerar que los hechos estaban prescritos. Los concursos para cubrir esos lugares vacantes no parecen haber avanzado demasiado. De acuerdo con información de Casación, el cargo de López está siendo subrogado desde agosto de 2012 por María Alicia Noli, de Tucumán. Y hay dos concursos para cubrir las vacantes. Los trámites aún están en el Consejo de la Magistratura, es decir que no pasaron por las dos instancias restantes: el Poder Ejecutivo y el Senado.

Frente a este panorama, los querellantes pidieron la integración urgente de un TOF permanente, abocado a estas causas. El último problema que hubo fue que se quedaron sin jueces luego de la designación de un triunvirato para el próximo juicio oral. Mario Garzón y Hugo Miguel Vaca Narvaja, que habían sido sorteados, decidieron abstenerse por cuestiones de trabajo. Imas aceptó pero está en Mar del Plata en el juicio a integrantes de la CNU. No puede empezar hasta marzo, pero aún así él mismo es mirado de cerca por las querellas desde que ese TOF prohibió la presencia de pañuelos en la sala y permitió al ex fiscal Gustavo Demarchi, imputado, hacerles preguntas a los testigos –dado que ejerce su propia defensa–, revictimizando a los sobrevivientes.

Ante este panorama, se evalúan alternativas que también se están pensando para otras jurisdicciones con problemas semejantes. Hasta ahora los juicios lograron hacerse porque Casación fue nombrando jueces subrogantes en jurisdicciones sin jueces o jueces impugnados. Esa atribución pasó al Consejo de la Magistratura. Parte de la Comisión Interpoderes analiza que las distintas jurisdicciones convoquen a la lista de conjueces locales para integrar los tribunales. Es un camino posible, pero en Santiago del Estero no la prefieren.

Otros problemas locales están en el juzgado federal y en las demoras de la Cámara de Apelaciones de Tucumán. Pero los ejemplos, curiosamente, dan cuenta de causas en las que también hay implicados actores de la Justicia. La provincia no tiene Cámara de Apelaciones. Las causas van a Tucumán. Allí, desde hace cuatro meses, está parado un expediente con dos apelaciones sobre los casos de los ex jueces Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, dos funcionarios judiciales de la dictadura, cuyas causas están listas para ser incluidas en la megacausa. Liendo Roca fue fiscal antes del golpe y después fue juez federal. Olmedo de Arzuaga trabajó como juez ad hoc cuando Liendo Roca intervenía en causas de presos políticos en las que había actuado como fiscal. Ellos están imputados en la megacausa por un delito menor del que esperan las querellas, que apelaron en Tucumán para que se evalúe la imputación como parte de una asociación ilícita por delitos que incluyen secuestros y tormentos. Ahora esperan que la Cámara de Tucumán resuelva cuanto antes ese expediente, para poder incluir estos cargos en el juicio. El otro eje es el juzgado federal de Guillermo Molinari. De nuevo, único juzgado federal a cargo de todas las causas, incluidas las de lesa humanidad. El juzgado tiene una secretaría específica para estas causas, cuyo titular fue impugnado por los organismos de derechos humanos. Allí está la causa que investiga el rol del ex camarista y ex presidente del TOF Luis Eduardo López. En diciembre del año pasado, López fue indagado por Molinari, pero después de diez meses todavía no resolvió su procesamiento.