[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Fiscalía Anticorrupción española solicitó cuatro años y medio de cárcel para el ex vicepresidente económico de España y ex jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato. El pedido fue realizado en el marco de la investigación por el uso de tarjetas de crédito “en negro” destapado en Bankia, entidad que presidió y llevó al borde de la quiebra.

Rato, de 66 años, está involucrado en tres casos de corrupción y, desde octubre de 2015, no puede salir de España, ya que el juez que investiga su patrimonio le retiró el pasaporte.

Por el caso de las tarjetas “en negro” de Caja Madrid y Bankia, el Ministerio Público presentó ayer su acusación contra Rato y su antecesor, Miguel Blesa, a los que imputó delito de apropiación indebida. El pedido de prisión para Blesa, en tanto, es de seis años.

En total, la Fiscalía acusó a 66 personas, para las que pidió entre uno y seis años de cárcel, entre las que destacan el ex secretario de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el ex director financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el ex jefe de la Casa Real Rafael Spottorno. Asimismo, el fiscal Alejandro Luzón reclamó a los ex directivos de Caja Madrid y Bankia importantes indemnizaciones para cubrir el dinero gastado por ellos, sus consejeros y directivos con las tarjetas en negro opacas al fisco. A Rato le reclaman 2,6 millones de euros gastados entre febrero de 2010 y mayo de 2012, mientras a Blesa la Fiscalía le pide 9,3 millones de euros, correspondientes a gastos realizados entre 2003 y 2010.

En febrero de 2015, la Justicia española les impuso una fianza de 4,5 millones a 21 de los imputados, dinero que se sumó a otros 19 millones solicitados a Rato y Blesa. El ex vicepresidente del gobierno y ex director del FMI se puede beneficiar, sin embargo, de la atenuante de reparación de daño.

En el escándalo del uso de los plásticos sin declarar de Caja Madrid y su sucesora Bankia, están involucrados 78 ex directivos de la banca española, a los que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, les imputó un delito continuado de “administración desleal” y de “apropiación indebida”.

La causa salpica a representantes sindicales, empresariales y del oficialista Partido Popular, del Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU).

Según el magistrado, los banqueros cargaron a las tarjetas cerca de 15,25 millones de euros de gastos personales, como viajes y compras de lujo entre 2003 y 2012, que no fueron declarados al fisco. De acuerdo con la investigación, el ex jefe del FMI y su antecesor “consintieron, aceptaron y propiciaron” el uso de las mencionadas tarjetas. El juez Andreu afirmó que los imputados decidieron utilizar los plásticos para usos distintos de los que están destinados. “De esta forma, generaron, en provecho propio, un prejuicio a la entidad que administraban.” El fiscal Luzón señaló que el círculo de la opacidad se cerraba con el silencio de los beneficiados por la trama de pagos ajenos al fisco. “Se estableció que los destinatarios de las tarjetas no debían presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregárseles la correspondiente tarjeta.”

El otrora hombre poderoso del PP del presidente español Mariano Rajoy, quien ejerció como ministro de Economía durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) y posteriormente dirigió el FMI (2004-2007), también está siendo investigado por la salida a Bolsa de Bankia, cuyas cuentas habría falseado para evitar el fracaso de la operación.

En abril del año pasado, Rato fue detenido fugazmente por unas horas y se convirtió en la primera figura del preso político en caer en España desde el estallido de la crisis financiera y económica producto de la especulación y desmadejo de entidades bancarias. Su detención se produjo a raíz de una investigación en torno a su patrimonio. El juez instructor le atribuye los delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción.

Las últimas revelaciones apuntan a que Rato no sólo tejió un “completo entramado solitario” para evitar embargos de su presunta responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia, sino que además cobraba comisiones por la concesión de contratos con esa entidad.