El año que el país tuvo a Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, la desocupación alcanzó uno de los más lamentables records de la historia local. En apenas doce meses –de octubre de 2000 a octubre de 2001– se perdieron 750 mil empleos, en lo que fue el pico de la crisis social generada por el gobierno de la Alianza. Pasaron 15 años, pero la hoy ministra de Seguridad parece no tenerle miedo al revival: en el Ministerio de Seguridad que ahora encabeza anunciaron el despido del 30 por ciento de los empleados. Son 400 bajas de contratos, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en estado de alerta y reclamó una reunión con la funcionaria.

“Ayer empezaron a correr rumores de pasillo sobre que estaban preparando despidos. Fuimos a ver al director de recursos humanos, Gustavo Gavassa, que nos confirmó que tienen una lista de entre 400 y 420 compañeros a los que quieren rescindir. Todavía no mandaron los telegramas, pero nos confirmaron que quieren rescindir esa cantidad de contratos”, contó Clarisa Spataro, de la junta interna del sindicato en el ministerio.

Como primera medida, los delegados de ATE comenzaron a recorrer los lugares de trabajo, mientras esperan la respuesta de la ministra al pedido de audiencia. También los dirigentes de UPCN, el otro gremio de los estatales, fueron informados de la decisión.

Seguridad se encamina a convertirse así en una de las reparticiones públicas con porcentaje más alto de despidos, siguiendo los pasos del Senado, donde la vicepresidenta Gabriela Michetti pretende despedir a dos mil empleados de la planta permanente. Otra área con un número alto de rescindidos es la Jefatura de Gabinete –allí los funcionarios de Marcos Peña de- safectaron a 150 personas, que esta mañana realizarán una nueva medida de fuerza para ser reincorporados.

En casi todos los casos hay negociaciones abiertas con los gremios y, según el lugar, prórrogas de los contratos mientras se tratan las bajas. Pero aún en el caso en que los contratos se extiendan transitoriamente, los programas están quedando afectados.

Un ejemplo que ilustra la situación es el del Programa Organización Comunitaria del Ministerio de Salud, destinado a apoyar la atención primaria en comunidades vulnerables. El programa, según advirtieron ayer sus trabajadores en un informe, tiene 20 camiones sanitarios, cada uno con entre tres y cuatro consultorios móviles y equipos de laboratorio, odontología, diagnóstico por imágenes y oftalmología.

El año pasado, los médicos y trabajadores de la salud del programa realizaron 270 operativos en 42 municipios de la provincia de Buenos y la Capital Federal, en los que atendieron a más de 70 mil pacientes. Tras la asunción de Cambiemos, el programa fue prácticamente desactivado.

Con las inundaciones en el Litoral, agregaron los denunciantes en su informe, fueron utilizados sólo dos de los 20 camiones. “Durante el mes que el programa lleva parado por la decisión de la actual gestión, se ha dejado de brindar atención socio sanitaria a un promedio de 6 mil personas, lo que incluye 3600 niño/as, más de 350 controles de embarazo y mil dosis de vacunas sin aplicar. Esto implica la inactividad de 200 trabajadores, además de las 18 unidades móviles que se encuentran en la base logística sin salir a territorio, todas provistas con equipamiento e instrumental de primera calidad para la atención sanitaria”, detallaron en este sentido.

El programa está sufriendo de esta manera el mismo desguace que el de Salud Sexual y Reproductiva, paralizado desde el 4 enero, que distribuía métodos anticonceptivos en todo el país y se ocupaba de capacitar profesionales de la salud. Entre otras acciones, por ejemplo, el programa desarrolló guías de atención de los abortos no punibles y de aplicación de la ley de Identidad de Género.

Según contabiliza ATE, en los quince días que lleva el año el gobierno notificó de 18 mil despidos. “Es un número que va variando día a día. Entre lo nacional, provincial y municipal puede ser incluso que haya más de eso. Los estatales estamos peleando muy aislados”, señaló ayer el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, al señalar la necesidad de que las centrales obreras coordinen acciones para dar la pelea contra los despidos.

El dirigente, en nombre de su seccional, fue quien motorizó el pedido de audiencia a Bullrich para frenar las rescisiones en el Ministerio de Seguridad. El reclamo no fue aún contestado, y enfrenta un pronóstico difícil. Además de compartir el discurso macrista sobre la necesidad de “limpiar al estado de ñoquis”, Bullrich viene impulsando la creación de un “protocolo” para limitar las protestas callejeras. “Hay que buscar un cambio de paradigma para no haya cientos de miles de ciudadanos que todos los días llegan tarde a su trabajo, pierden el turno en el médico o llevan los chicos tarde a la escuela porque la ciudad es un caos”, advirtió a poco de asumir. Todavía no habían empezado los despidos, pero prefiguraba un enero caliente.