Por segunda vez en una semana, Martín Sabbatella y su equipo intentaron ingresar al edificio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Sin embargo, la Policía Federal, apostada en la puerta con efectivos y camiones de Infantería, no dejó pasar a los funcionarios del organismo pese a que llevaban consigo la medida cautelar dictada por el juez federal Iván Garbarino, donde se suspenden los efectos de los decretos firmados por Mauricio Macri. “Hay un gobierno elegido por el voto popular que actúa como un gobierno autoritario, de facto, desobedeciendo las órdenes judiciales y eso es grave”, afirmó Sabbatella, quien mantuvo una dura discusión con el comisario Esteban Artola a la salida del edificio ubicado en Suipacha al 700. Al enterarse de la decisión judicial y antes de la llegada de los funcionarios, el macrismo ordenó desalojar el edificio, determinó sorpresivamente un asueto administrativo y dejó las oficinas vacías, a oscuras y cerradas con llave. “Corresponde conceder en relación y con efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la demandada”, dice el breve y críptico fallo del juez civil y comercial federal Nº 7 de Capital Federal. En castellano, el magistrado lo que hizo fue aceptar el pedido de apelación realizado por el gobierno de Mauricio Macri y girar el expediente a la Cámara Civil y Comercial Federal para que resuelva sobre la continuidad o no de la medida cautelar. Sin embargo, lo hizo con “efecto devolutivo”, lo que significa que se mantiene vigente su suspensión dictada el lunes pasado sobre los decretos 13/15, 236/15 y 267/15 en los que Macri había disuelto la Afsca, creado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificado varios artículos de la ley de medios audiovisuales, entre otras cosas.

La Cámara que deberá resolver esta situación es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la misma que durante años intervino en el expediente sobre la constitucionalidad de la ley de medios y que falló en reiteradas oportunidades en favor del Grupo Clarín. Como el Poder Judicial se encuentra de vacaciones, la sala de feria que tratará el caso está integrada por Francisco De las Carreras, Graciela Medina y Guillermo Antelo. Los tres tuvieron intervención en aquel expediente, que terminó finalmente en la declaración de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Si bien no tienen plazo para resolver, dado que se trata de una medida cautelar, se presume que lo harán en el corto plazo. Hasta tanto, seguirá vigente la decisión de Garbarino.

Tras enterarse de esta resolución, Sabbatella junto a otros directores de la Afsca se dirigieron al organismo para reasumir en sus funciones, igual que el martes pasado, cuando se había conocido la medida cautelar interina. Se encontraron con un escenario similar. La fuerza policial, bajo las órdenes del comisario Artola y el subcomisario José Ascona, les impidió el ingreso. “Están usando la policía como fuerza de choque para desobedecer una orden judicial”, les advirtió Sabbatella en la discusión con los efectivos. Los policías argumentaron cuestiones como que la fuerza no había sido notificada por el juez o incluso que no tenían las llaves del organismo. Fuentes del kirchnerismo aseguraron que la Policía Federal respondía a una orden política de Gonzalo Cané, secretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas de la cartera de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich.

Según relataron empleados de la Afsca que se encontraban adentro antes de esta situación, durante la mañana las autoridades macristas les ordenaron que abandonaran sus puestos de trabajo, por un repentino asueto administrativo. En el entorno de Sabbatella agregaron que los trabajadores fueron amenazados con la posibilidad de perder el empleo si no se retiraban del edificio.

Además de la cautelar dictada por Garbarino, a pedido de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), existe otra demanda presentada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que tramita en el Juzgado Federal en lo contencioso administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns. El lunes, al igual que Garbarino, la jueza había dictado una medida precautelar en contra de los decretos firmados por Macri. Tras la respuesta realizada el martes por el Poder Ejecutivo, la jueza debía resolver si, como Garbarino, otorgaba o no la medida cautelar y cuáles eran sus alcances. Sin embargo, el fiscal federal intervino de oficio y opinó que Forns no era competente por una cuestión de jurisdicción. El mismo planteo hizo el Poder Ejecutivo. La jueza defendió su competencia y rechazó la presentación del Ejecutivo pero dada la intervención del fiscal elevó el tema para que lo resuelva el tribunal superior. Por ese motivo, no se expidió sobre el dictado de la medida cautelar. Sin embargo, en su escrito la jueza sostuvo: “téngase por presentado a Martín Sabbatella como presidente de Afsca”, dando así por vigente la autoridad del líder de Nuevo Encuentro.

La batalla judicial entre Adduc, la cooperativa y el Poder Ejecutivo deja la situación de la ley de medios audiovisuales en un contexto de incertidumbre. Con los DNU de fin de año, Macri había disuelto no sólo los organismos como la Afsca y el Aftic, sino que había desarticulado puntos centrales de la regulación del mercado audiovisual y de telecomunicaciones. Las decisiones judiciales, primero del juez platense Luis Arias, y luego de Garbarino y Forns dieron marcha atrás con eso de manera provisoria hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones del PRO.

El titular del Enacom, el macrista Miguel De Godoy, le reclamó a Sabbatella que deje de judicializar la cuestión y que permita avanzar al nuevo ente. Sabbatella, por su parte, notificó a los jueces del incumplimiento de sus fallos por parte de la policía y prepara una denuncia penal en caso de que los magistrados no actúen por la “desobediencia judicial”. Tanto el martes como ayer realizó las notas respectivas certificadas por escribana pública.

En paralelo ya tramitaba una denuncia penal contra Sabbatella por “abuso de autoridad”, iniciada por el entonces interventor del organismo, Agustín Garzón. Primero recayó en manos del juez Julián Ercolini pero luego fue a sorteo y quedó a cargo de Daniel Rafecas.