Desde Lima

Activistas del colectivo “Keiko No” protestaron ayer en la Plaza San Martín de Lima.
Imagen: EFE.

La corrupción y los nexos con el narcotráfico fueron una marca del régimen autoritario de Alberto Fujimori en los años 90, y siguen siendo el sello del fujimorismo de hoy, que pretende volver al poder –y, según las encuestas, está cerca de lograrlo– de la mano de Keiko, la hija y heredera política del encarcelado ex dictador. Altos dirigentes y congresistas del partido fujimorista, y financistas de su campaña, cargan acusaciones de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción. La propia Keiko Fujimori y su esposo son investigados por lavado de dinero. En el Perú, país que es el primer exportador de cocaína del mundo, ya se empieza hablar de los riesgos de un narcoestado si Keiko Fujimori gana el ballottage este 5 de junio.

La fiscalía le ha abierto investigación por lavado de dinero a Keiko Fujimori por los aportes a su campaña de la offshore LVF Liberty, radicada en Delawere, Estados Unidos. No es la única offshore que ha canalizado dinero a la campaña fujimorista, modalidad que permite ocultar el origen de esos aportes. En su campaña presidencial de 2011, Keiko tuvo entre sus financistas a Luis Calle Quirós, incluido por las autoridades peruanas y norteamericanas en la lista de narcotraficantes.

El esposo de Keiko, el norteamericano Mark Vito Villanella, es investigado por la compra de dos terrenos sin poder acreditar con sus ingresos conocidos el origen del dinero usado para esas compras.

La relación del fujimorismo con el narcotráfico y la corrupción tiene una larga historia. En el régimen fujimorista se estima que la corrupción le robó al Estado unos seis mil millones de dólares. En el gobierno de Alberto Fujimori, su poderoso asesor, Vladimiro Montesinos, un oscuro ex capitán del ejército y abogado de narcotraficantes que se encargaba de los trabajos sucios del gobierno, le cobraba cupos a los narcos para dejarlos operar. En esos años, el avión presidencial era usado para sacar cocaína al extranjero.

En el centro del fujimorismo de hoy también aparece el narcotráfico. Quien hasta hace unos días era secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular y principal financista de la campaña de Keiko, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA y por las autoridades peruanas por el lavado de millones de dólares. La participación de la DEA revela que se sospecha que el origen del dinero lavado que se investiga es el narcotráfico.

Luego de haber sido defendido en bloque por la plana mayor del fujimorismo, encabezada por Keiko, el peso de las comprometedoras revelaciones en su contra hizo que Ramírez decidiera dar “un paso al costado”, dejando hace unos días la secretaria general de Fuerza Popular. Un retiro estratégico para las cámaras antes que un apartamiento del círculo político más cercano a Keiko.

“Joaquín Ramírez es una ficha emblemática del fujimorismo en su relación con el narcotráfico y el lavado de dinero, y ha sido defendido hasta el final por Keiko Fujimori”, le señaló a Página/12 Julio Arbizu, abogado y ex procurador anticorrupción.

Un primo de Ramírez ha sido socio de Kenji Fujimori, hermano de Keiko y congresista. En un almacén de propiedad de ambos se encontraron 100 kilos de cocaína. Kenji, quien tiene inmunidad parlamentaria, nunca ha sido investigado por este hecho.

La investigación de la DEA a Joaquín Ramírez forma parte de una investigación a la organización de Miguel Arévalo Ramírez, alias “Eteco”, sindicado como uno de los capos del narcotráfico en el Perú. El hermano de Joaquín Ramírez, Osías, electo congresista por el fujimorismo en los comicios de abril, también está incluido en esta investigación.

Miguel Arévalo Ramírez es primo hermano de David Bazán Arévalo, alcalde fujimorista de Tocache, poblado ubicado en una región cocalera de la selva peruana considerado el centro de operaciones de “Eteco”. El alcalde Bazán, que ha sido sindicado de tener vínculos con el narcotráfico y ser parte de la organización de “Eteco”, es uno de los promotores y financista de la campaña de Keiko en esa zona del país,.

Dos congresistas fujimoristas son señalados de tener una cercana relación con Bazán. Otros cuatro congresistas fujimoristas son investigados por distintas fiscalías por lavado de dinero, que incluyen relaciones con el narcotráfico.

La congresista fujimorista María López Córdoba fue condenada hace unos meses por enriquecimiento ilícito por tener un desbalance patrimonial de cerca de dos millones de dólares. La reelecta congresista Cecilia Chacón, quien postuló encabezando la lista fujimorista al Parlamento, fue condenada por enriquecimiento ilícito, pero la sentencia fue anulada por un formulismo legal y debe ser nuevamente juzgada. Chacón, que es hija de un general de la cúpula militar que apoyó la dictadura fujimorista y estuvo preso acusado de corrupción, es voceada como probable presidenta del próximo Congreso unicameral, en el cual el fujimorismo tiene mayoría absoluta con 73 parlamentarios sobre 130 bancas.

“En la historia republicana del Perú no hay un momento más intenso de corrupción que en el gobierno de Fujimori, y el fujimorismo de hoy es el mismo de antes. Que un partido históricamente ligado al narcotráfico asuma nuevamente el poder, con el aparato y la organización que tiene, es sumamente peligroso. No me queda ninguna duda que hoy el fujimorismo tiene vínculos con el narcotráfico. Existe el riesgo que con Keiko Fujimori el Perú se convierta en un narcoestado. El fujimorismo ha sido y sigue siendo una organización criminal”, advierte Julio Arbizu.