[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La secretaria de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, reconoció que los funcionarios que Mauricio Macri designó al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) “podrían tener algún tipo de las incompatibilidades previstas en la ley de Ética Pública” con respecto a su actuación previa, “por lo que deberán abstenerse” –de acuerdo a la misma ley– de intervenir en causas contra sus ex patrones. Se trata del titular de la UIF Mariano Federici, un ex funcionario del FMI, vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, uno de los principales litigantes contra la propia UIF, y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, ex abogada del banco HSBC en casos de lavado de activos. De esta manera, los funcionarios macristas a cargo de combatir el lavado de dinero no podrán llevar adelante ninguna investigación contra el HSBC, el banco para el que trabajaron y cuya filial en el país está acusada de ayudar a fugar divisas tras la revelación ante la justicia francesa de 4040 cuentas no declaradas de argentinos en Suiza. Una ecuación perfecta que paraliza a la UIF de intervenir en la mayor causa judicial sobre lavado de activos en la Argentina.

El reconocimiento de Alonso fue en respuesta un pedido de informe que el senador chubutense del Frente para la Victoria, Juan Mario Pais, hizo ante la Oficina Anticorrupción (OA), solicitando la opinión del organismo sobre las incompatibilidades de 13 ex CEO de compañías multinacionales diseminados ahora en el gabinete y puestos estratégicos de la gestión macrista, donde pasaron a controlar funciones del Estado vinculadas a las tareas que desempeñaban en la actividad privada. Aunque Alonso respondió solo por los dos funcionarios de la UIF: Federici y Talerico.

“La propia OA reconoce que ambos podrían tener algunas de las incompatibilidades previstas en la ley de Ética Pública con respecto a su actuación previa, por lo que deberán ‘abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas y/o empresas que hubieren dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma prestado servicios en los últimos cinco años’”, sostuvo Pais. A criterio del senador esto implica una “importante limitación funcional” de la UIF.

Pais apuntó nuevamente contra Alonso por “la falta de interés” del organismo a su cargo en investigar ‘incompatibilidades o conflictos de intereses’ respecto de los funcionarios del Gobierno nacional que deben controlar a las empresas donde trabajaban hasta hace pocos meses.

En su respuesta, Alonso sostuvo que inició los expedientes sobre ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell y actual accionista de la petrolera anglo-holandesa), y del titular del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Juan Felix Marteau.

Allí, Alonso sostiene que “se ha instado el inicio de actuaciones”, en relación a David José Tezanos González (interventor del Enargas y ex presidente de Metrogas), Juan Antonio Garade (vocal Enre y ex director de Edesur) y Ricardo Sericano (vocal del Enre y ex gerente de Edenor). “Sin brindar mayores detalles ni precisiones sobre los mismos”, indicó el senador chubutense.

En cambio, la funcionaria macrista desestimó hasta ahora investigar, entre otros, al vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui (ex CEO de LAN Argentina) y el presidente en comisión del BCRA, Federico Sturzenegger (procesado por el megacanje de deuda externa durante el gobierno de Fernando De la Rúa).

“Sin dudas estamos ante un organismo que no demuestra un verdadero interés en investigar a los funcionarios actuales, tal como quedó evidenciado oportunamente ante la difusión pública de los Panama Papers”, insistió Juan Mario Pais, en referencia a la defensa que realizó Alonso (y por lo que se la denunció penalmente) sobre la legalidad de las empresas offshore no declaradas por Macri, que en su primera declaración jurada como Presidente declaró 18 millones de pesos en las Bahamas, una guarida fiscal.