Desde Moscú

Cuando falta poco más de un mes para realizarse las elecciones a la Duma estatal rusa, el escenario político en el país eurasiático se parece a un volcán en plena actividad.

Esta semana, la oficina del Fiscal General de la Federación presentó un plan nacional para combatir los delitos de corrupción en la contratación de servicios y obra pública. Una práctica popular y extendida que ha inflado los bolsillos de numerosos funcionarios en el país.

El plan ha sido elaborado por la fiscalía, diez ministerios y departamentos estatales, el Servicio Federal Antimonopolio y las fuerzas del orden. Entre sus puntos destacados, figura la introducción de la responsabilidad penal a las violaciones en la contratación pública; la verificación obligatoria de las afiliaciones de los funcionarios respecto de empresas que participen de licitaciones, y la divulgación de los subcontratistas en grandes negocios estatales.

A la vez, el diario ruso Izvestia publicó un informe sobre los territorios “campeones” de sobornos , coimas y otros delitos de esa índole en suelo ruso. Los tres primeros en encabezar el ranking son las regiones de Kursk y Astracán y la República de Udmurtia, con un registro de 257, 79 y 74 en el 2015, respectivamente.

Al mismo tiempo, desde gobernadores de las regiones, al jefe del Servicio Federal de Aduanas, y el vice jefe del Comité de Investigaciones de Moscú, entre otros, fueron apartados de sus cargos por supuestos actos de corrupción. La purga en marcha ha obligado al vocero del Kremlin, Dmitri Peskov a denegar que fuera a alcanzar al gabinete ministerial y a su jefe, el Primer Ministro Dmitri Medvedev. Según el portavoz del presidente Putin, se trata “de especulaciones sin fin”, propias de “analistas rusos y del extranjero”. Lo cierto es que el expresidente y actual cabeza de ministros es objeto de reiterados rumores sobre su renuncia. En el último tiempo, el exministro de Finanzas Aleksei Kudrin, que había dejado su puesto tras discrepar con él sobre los gastos presupuestarios, regresó al gobierno y analistas como Borís Kagarliytski especulaban con que finalmente alcanzara su sueño de ser Primer Ministro. Por otra parte, Medvedev protagonizó un nuevo comentario desafortunado. Ante la pregunta de un docente por los bajos salarios que recibían, su respuesta fue que había muchos otros “sitios hermosos donde ganar mejor y más rápido, por ejemplo en los negocios”. Un episodio casi tan escandaloso como el que protagonizó semanas atrás al desearle “suerte” a una jubilada de Crimea que lo increpó porque no llegaba a fin de mes.

Uno de los casos más comentados del movimiento de fichas en el tablero político, involucra al exgobernador de Yaroslavl, Yevgeny Urlashov, que recibió su veredicto este miércoles. La corte rusa lo halló culpable de aceptar una coima, y lo sentenció a 12 años de prisión y el pago de más de más de 800 mil dólares. Su abogada declaró al periódico The Moscow Times que el “juicio fue especialmente cruel” y que su cliente recibió una condena de 12 años por una “coima que nunca vio y que nunca fue probada”. Urlashov había sido electo en el 2012, y a partir de su detención se declaró inocente y repitió en varias oportunidades que su caso tenía motivación política.

Además de la condena al ex gobernador, días atrás el presidente Putin aceptó la renuncia de quien se desempeñaba como jefe político local de Yaroslavl, y colocó en su puesto a quien fuera vice Jefe del Ministerio del Interior.

En Kaliningrado, el enclave ruso ubicado en el este de Europa, también se realizaron enroques. El gobierno nacional colocó a Yevgeny Zinichev, que anteriormente ocupaba el cargo de Jefe Regional del Servicio de Seguridad ruso(FSB). En otras regiones como en Vladivostok, la ciudad puerto lindante con China, un ex gobernador que llegó al puesto de la mano del Kremlin, fue acusado de cobrar una coima millonaria y relegado del cargo. Mientras que en Kirov, el mandatario local fue detenido en Moscú por haber recibido supuestamente una coima de 400 mil dólares en un restaurante. La purga incluso llegó a Crimea y a Ucrania. En la península, fue apartado del cargo el gobernador de la principal ciudad de la región, Sebastopol. Mientras que en Ucrania, fue removido el embajador para ese país.

Desde que Putin comenzó su tercer período al frente de la Federación en el 2012, más de 20 gobernadores fueron interrogados o arrestados. Y entre ellos, hay desde los más opositores a los más oficialistas.

El Kremlin describe la purga como un “reajuste de rutina” y “trabajo anticorrupción”, pero sería inocente no relacionar este movimiento de fichas con las elecciones. El director de Transparencia International de Rusia, Ilya Shumanov, explica que, además de esta razón, la purga sirve para “capturar la agenda-anticorrupción de investigadores internacionales (Panamá Papers), de candidatos nacionales anticorrupción como Aleksei Navalny, y para la instalación de una nueva élite gubernamental, jóvenes en altos cargos del FSB”.

Además de los gobernadores que fueron puestos tras las rejas, la ola de detenciones alcanzó al Jefe del Servicio Federal de Aduanas, Andrei Belyaninov, y el Vice Jefe del Comité de Investigaciones de Moscú, Denis Nikandrov. El primer caso es particular, puesto que Medvedev le aceptó la renuncia, después de que se hallara en su hogar cajas de zapatos con dinero, 10 millones de rublos, 400 mil dólares, 300 mil euros, obras de arte y bolígrafos de lujo. Sin embargo, Belyaninov está siendo interrogado en calidad de testigo por un caso de tráfico de alcohol en San Petersburgo y no por el tesoro que se halló en su guardarropas. En tanto que Nikandrov, que cobró fama durante la pesquisa contra el oligarca Mikhail Khodorkovsky, fue acusado de colaborar con un conocido integrante de la mafia rusa.

Según Shumanov, “existe una gran ola de demanda para luchar contra la corrupción en el gobierno, y por supuesto algunos grupos de poder (en el Kremlin) intentan subirse a esa ola”.

Las espectaculares redadas contra funcionarios sospechados de cometer ilícitos más el reciente plan anticorrupción, pueden ser un buen instrumento de campaña a poco de realizarse las elecciones. Sin embargo, será difícil que los ciudadanos bien informados tomen de buena manera que uno de los responsables de elaborar el plan sea el Fiscal General, Yuri Chaika, de quien uno de sus hijos es señalado por el activista anticorrupción Aleksei Navalny de estar vinculado con la empresa que remodeló la calle Nikitskaya. Se trata de una vía céntrica del barrio elegante de Patriarchie Prudy en la que se invirtieron casi dos millones de dólares, y que días atrás se inundó y quedó intransitable. Ni hablar de la fortuna en paraísos fiscales que los Panama Papers le descubrieron al círculo íntimo del propio Putin.