El documento de objeciones al acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC presentado por el ex presidente Alvaro Uribe, tiene como uno de sus puntos centrales el hecho de que considera “ilegitimidad insubsanable” el haber negociado con los guerrilleros el modelo de desarrollo rural, pese a que el país tiene entre siete y ocho millones de desplazados, la mayor parte de ellos campesinos que perdieron sus tierras por el conflicto armado.

“El modelo de desarrollo rural hace parte integral del modelo de desarrollo económico y social del país, una de las líneas rojas innegociables del gobierno dentro del proceso (de paz). En consecuencia, haberlo negociado con las FARC genera una ilegitimidad insubsanable”, precisa Uribe en el texto de 26 páginas entregado al gobierno.

Esta semana, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), señaló, para tener una idea de la magnitud en lo económico y social que tendrá el acuerdo de paz que se alcance, que éste le permitirá a Colombia incorporar a su tejido productivo vastas zonas del territorio que en las ultimas décadas han sido escenario del conflicto. “La firma de la paz implica la incorporación de territorios del país a ámbitos productivos y eso va a generar, sin lugar a dudas, dinamismo económico y mayor inclusión social”, explicó la responsable de la Cepal, sin entrar a discutir en detalle el modelo de desarrollo rural, eje de las críticas de Uribe.

Bárcena consideró que la paz en Colombia es irreversible, pese al rechazo en el plebiscito del 2 de octubre al acuerdo del gobierno con las FARC. “Ojalá se pueda llegar a un buen acuerdo, expandido incluso donde también se incorpore al ELN” (Ejército de Liberación Nacional), subrayó, y destacó que hay ánimo de encontrar la paz y esto será muy beneficioso para la economía colombiana.

En tanto, Uribe enfatizó en sus objeciones al acuerdo: “Sin menoscabo del énfasis que se le quiera dar a la economía campesina, familiar y comunitaria, una reforma integral debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escala, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional”. También enfatizó, en esta cuestión de la tierra, punto de origen hace más de 52 años del conflicto armado de las autodefensas campesinas, que históricamente, las reformas centradas exclusivamente en la redistribución de la tierra no lograron disminuir la pobreza rural.

“En ningún caso las FARC, a través de organizaciones en los territorios de su influencia, puede tener participación directa o indirecta en la selección de beneficiarios del Fondo Gratuito de Tierras”, agregó el ex presidente e impulsor del NO en el plebiscito al acuerdo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la principal guerrilla de ese país. Se refirió luego al problema de las ocupaciones irregulares de tierras en más de medio siglo de conflicto y a su legalización: “El gobierno caracterizará con precisión el concepto de Baldío de la Nación y los procesos de su conversión a propiedad privada de la ocupación de buena fe. (Esa) propiedad será respetada y formalizada, y esos predios no harán parte del Fondo de Tierras. Los acuerdos no deben afectar a propietarios o poseedores honestos”, concluye sobre el particular. Añade el documento de objeciones de Uribe que el Estado garantizará que el uso económico de la tierra rural sea determinado por el libre mercado, dentro de los límites de una legislación ambiental actualizada.

También propone revisar la ley 1448 del 2011 con que el gobierno, fuera de la discusión del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su componente de restitución de tierras menciona “la figura de los compradores de buena fe no exentos de culpa, una contradicción intrínseca, que atenta contra la legitima propiedad de la tierra”. En ese mismo tema de cómo fue la ocupación de los predios, Uribe enfatiza en su propuesta que el análisis del contexto no puede servir de prueba para señalar la culpa a los propietarios de buena fe, aunque no se especifica cómo se define la buena fe. Por último, en la cuestión de la “participación ciudadana comunitaria”, admite que se trata del ejercicio de un derecho, pero que no puede ser un mecanismo de control social y territorial de las FARC en el pos acuerdo.

El diario The New York Times publicó el viernes un duro editorial en el que define al ex presidente Uribe como el hombre que está bloqueando la paz en Colombia y lo insta a empezar a comportarse como un “hombre de Estado” porque “una vuelta a los enfrentamientos, algo que no puede descartarse, sería algo catastrófico”. “Aún no es demasiado tarde para que el señor Uribe, que sigue siendo popular entre muchos colombianos, se empieza a comportar como un hombre de Estado en vez de un aguafiestas”, asegura el editorial.

El periódico añade: “Las decisiones que tome (Uribe) en las próximas semanas puede que sean determinantes para que el acuerdo de paz con la principal guerrilla del país detenga finalmente el baño de sangre o se convierta en otra oportunidad perdida”. El Times asegura que en sus años de mandato, Uribe sentó las bases para negociar la paz con las FARC con su política de “mano dura”, que llevó a la guerrilla a sentarse a dialogar, pero ahora es el mayor obstáculo para una salida negociada al largo conflicto armado.

Asimismo, afirma que el fracaso del plebiscito del 2 de octubre, cuando una mayoría de colombianos votó en contra del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, fue tras una campaña “hiperbólica y engañosa” liderada por Uribe. Por eso, insta al ex mandatario colombiano a poner fin a sus demandas “poco realistas” y jugar un papel “constructivo” para que el acuerdo con las FARC pueda volver a encarrilarse y que las negociaciones anunciadas con el ELN puedan tener éxito. “Si el señor Uribe tiene una idea mejor y realizable, entonces debería enviar una delegación a La Habana, donde están asentados los líderes de las FARC, para buscar compromisos en asuntos como la justicia o la participación política”, continúa el editorial.

El Times cree que un acuerdo de paz definitivo puede ser posible antes de fin de año si todas las partes tienen voluntad de negociar de buena fe, pero advierte que si se sigue retrasando, el apoyo de la comunidad internacional podría empezar a esfumarse. Finalmente, el periódico destacó que el gobierno de Santos y las FARC se comprometieron a seguir respetando el alto el fuego, pero advierte que cuanto más dure este “callejón sin salida” más probable será que resurjan nuevos brotes de violencia.