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El brutal linchamiento de un alcalde en un poblado aymara de la frontera con Bolivia por una turba de más de diez mil empobrecidos campesinos, que lo acusaban de corrupto, hizo saltar todas las alarmas en el Perú oficial, acostumbrado a vivir de espaldas a la realidad del interior del país, especialmente a la de los indígenas. Los sentimientos de frustración y rabia no son exclusivos de los aymaras de Ilave (el escenario del linchamiento), y la muerte a golpes de Cirilo Robles ha servido para poner en el centro del escenario nacional una realidad de indignación social creciente, que se manifiesta en una ola de marchas de protesta, huelgas y toma de locales públicos en diferentes partes del país.
El director del diario Correo, Juan Carlos Tafur, señala en su columna que la pregunta que hay que hacerse “no es por qué ha ocurrido semejante barbaridad, sino por qué no ocurren más a menudo, dado el colapso absoluto del Estado en gran parte del territorio nacional”. Más de diez mil comuneros aymaras habían tomado el poblado de Ilave hace 25 días exigiendo la destitución de su alcalde, pero en todo ese tiempo su protesta fue ignorada por los medios de comunicación y por el gobierno. Hasta que la frustración ante la falta de respuestas estalló en una violencia incontrolable y se produjo el linchamiento del alcalde.
Ante los miles de aymaras concentrados en la plaza de pueblo, los enviados del gobierno propusieron que se convoque a elecciones en seis semanas para elegir al reemplazante del alcalde asesinado, pero la población rechazó a los gritos la propuesta y decidió que el gobierno municipal sea ejercido por los nueve regidores en actividad. Mientras Cirilo Robles era matado a golpes por su pueblo, más de tres mil cocaleros continuaban su marcha a Lima para exigir el cese de la erradicación de cultivos de hoja de coca. Son más de 30 mil productores de hoja de coca que se han levantado contra el gobierno y mantienen bloqueadas varias carreteras de las zonas selváticas donde se ubican los valles cocaleros. Los productores de hoja de coca habían concertado hace un año con el gobierno una “erradicación concertada y gradual” de los cocales, pero ahora acusan al gobierno de incumplir el pacto de concertar con ellos por presión de Estados Unidos. El gobierno se niega a dialogar.
En el norte del país, cerca de la frontera con Ecuador, cerca de cinco mil comuneros se han levantado en protesta contra una empresa minera, a la que acusan de contaminar el medio ambiente, y le han dado quince días de plazo para que abandone la zona, o de lo contrario amenazan radicalizar sus acciones. En la sierra sur del país quienes se han levantado en protesta son las comunidades dedicadas a la crianza de vicuñas, que han bloqueado carreteras exigiéndole al gobierno que derogue una ley que les quita una serie de beneficios y permite la libre comercialización de la fibra de vicuña, lo que ha producido una caída en los precios. En la costa del sur las protestas corren a cargo de los trabajadores de empresas harineras, cuyo cierre ha sido ordenado por el gobierno. Lima no está libre de las protestas. Cerca de cinco mil trabajadores de la seguridad social en huelga marcharon por sus calles exigiendo un aumento de sueldos. Las marchas de los trabajadores de la seguridad social se repitieron en las ciudades del interior. Los maestros, por su parte, amenazan con declararse en huelga por considerar insuficiente el aumento de 30 dólares otorgado por el gobierno.
Esta ola de protestas que sacude el país crece cuando la últimas encuestas le otorgan al gobierno del presidente Alejandro Toledo una aceptación de apenas ocho por ciento.