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Antes de que sea tarde, el Gobierno jugó una carta para evitar que el corte del suministro de gas a la industria se generalice. Al mismo tiempo que se informaba que otras 20 empresas de Cuyo se sumaban a las que ya reciben el fluido con restricciones en Tucumán, Córdoba y Santa Fe, el Gobierno lanzó un programa que premia el uso racional de energía en el consumo domiciliario y en el comercio. El compromiso es que el ahorro de gas que se obtenga por esa vía se volcará a las necesidades de la industria, de forma tal de no bloquear el crecimiento, según señalaron los funcionarios encargados del anuncio. Los usuarios residenciales que utilicen menos gas que el utilizado el año anterior serán bonificados, mientras que los grandes consumidores tendrán un sistema de premios y castigos, pagando un cargo adicional si demandan por encima de un valor de referencia: el 95 por ciento del consumo del año pasado. En carpeta, el Gobierno tiene otras herramientas: el 11 de mayo (no el 3, como estaba previsto) anunciará la conformación de una empresa multinacional estatal de energía, con Brasil y Venezuela, y para un mes después prepara el anuncio de la ampliación de la capacidad de generación de Yacyretá.
El Gobierno enfrenta una crisis de oferta energética que no pudo compensar con la importación de gas boliviano y fuel venezolano y el recorte de las exportaciones del fluido a Chile. Mientras las empresas productoras y las concesionarias del transporte le cargaban la culpa a la pesificación y el congelamiento de precios –dispuestos en enero de 2002 por Ley de Emergencia Económica–, el Ejecutivo subrayó que la falta de inversiones en el último lustro en exploración había dejado al país sin gas no bien se produjo la reacción de la economía tras la larga recesión. En medio de la disputa, ni unos ni otro dejaron de señalar que el consumo de gas no detuvo su crecimiento aun frente a la recesión. “Además, hubo mala suerte”, aportó ayer un dirigente sindical del sector gasífero, en referencia a la escasez de lluvias en la actual temporada que redujo la oferta hidroeléctrica.
La estimación que manejan en el más alto nivel del Gobierno acerca del impacto de la crisis energética sobre el crecimiento económico es que “puede resentir la tasa de aumento este año en un punto, como mucho, pero si las medidas adoptadas son eficaces también puede ser que no haya impacto negativo”. Pensando en los próximos dos inviernos, desde los despachos oficiales confían en poner en marcha un plan de obras con efectos inmediatos: elevar en un metro la cota (caída de agua) de Yacyretá, que agregaría unos 200 megavatios a su capacidad de generación; el desarrollo del fondo fiduciario para financiamiento de ampliación de la red de transporte y distribución y las obras para aumentar la capacidad de transporte del gasoducto San Martín (Sur).
En febrero pasado, mediante dos decretos, el Poder Ejecutivo dispuso medidas que implicarían un aumento del precio percibido por los productores de gas, al obligar a los mayores usuarios –industriales y estaciones de servicio de GNC– a contratar directamente con las petroleras el suministro, a precios que se irán liberando paulatinamente. A principios de abril, luego de obtener un acuerdo con los productores para asegurar una provisión mínima de gas, el Gobierno reglamentó dichos decretos dando vía libre a los aumentos a partir de mayo, en un sendero de crecimiento que acumulará, en menos de dos años, un ajuste del 100 por ciento en el precio del gas en boca de pozo. “El gas va a tener precio”, sentencian en Gobierno, como si fuera la señal de largada para la inversión privada.
Alberto Fernández, jefe de Gabinete, encabezó ayer la conferencia de prensa en la que se informó el nuevo sistema de incentivos al uso racional de la energía. El mismo abarcará a los usuarios no alcanzados por los aumentos referidos en el párrafo anterior. Es decir, residenciales y usuarios del servicio general en las primeras dos escalas (mayormente, comercios y otros servicios). Junto al ministro de Planificación, Julio DeVido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, brindó los detalles incluidos en la resolución 415 de esta última secretaría, por la que se crea el Programa de Uso Racional de la Energía. El régimen establece, para el ahorro del gas, medidas específicas para cada una de las siguientes categorías:
- A los usuarios residenciales (categorías R1 y R2) que reduzcan el nivel de consumo respecto de los registrados en 2003, se les reconocerá en las facturas del bimestre siguiente “una bonificación equivalente al cargo variable por cada metro cúbico de gas natural que cada uno de dichos usuarios haya dejado de consumir”. Según estimaciones oficiales, el premio resultante sería de 15 centavos por metro cúbico ahorrado.
- Para los usuarios del servicio residencial R3 (alto consumo) y para los usuarios del Servicio General P, cuyo promedio de consumo los ubique en la primera o segunda escala de dicha categoría (típicamente, comercios), se fija un valor de referencia equivalente al 95 por ciento de sus consumos del año anterior. Los que reduzcan su consumo por debajo de ese nivel gozarán de una bonificación en los mismos términos que los residenciales de bajo y medio consumo (el cargo variable de la tarifa por cada metro cúbico dejado de consumir). Pero en el caso de esta franja de clientes, además, se les aplicará un cargo adicional a los que excedan ese nivel de consumo de referencia. Cada metro cúbico de gas natural consumido por encima de ese nivel se facturará con un importe adicional de 11 centavos. Sin embargo, los expertos del Gobierno estiman que el impacto neto sería menor (unos 6 centavos por m3).
- El costo de los incentivos por disminución en la demanda de gas será abonado por los usuarios firmes o interrumpibles ligados a distribuidoras (destinatarios del beneficio del gas liberado por este programa).
- El cargo adicional por consumo excedente será cobrado por las distribuidoras en la factura del período siguiente, las que deberán depositarlo en el Fondo Fiduciario que el Enargas indique para la realización de obras de transporte y distribución.
El programa contempla, además, medidas para premiar la reducción del consumo de energía eléctrica, pero su implementación será resuelta por la subsecretaría respectiva antes del próximo ajuste trimestral (en mayo), según plantearon ayer las autoridades del área.
La generación de energía del país depende, actualmente, en casi un 50 por ciento del gas, un recurso no renovable en el que, además, se hizo una muy escasa inversión en exploración en los últimos años. La expectativa oficial es que el programa de uso racional reduzca entre un 5 y un 7 por ciento el consumo residencial de gas. El volumen no es en sí importante, pero será aplicado directamente a compensar el faltante de gas para la industria. Como en el viejo dicho: cuando la frazada es corta, no se puede tapar la cabeza y los pies al mismo tiempo.