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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

A una semana de renunciar y ser ratificado en su cargo, y mientras los diputados discutían la ley de hidrocarburos, el presidente Carlos Mesa volvió a patear el tablero político. En un discurso con tono apocalíptico, el jefe de Estado anunció la presentación ante el Parlamento de un proyecto de adelantamiento de elecciones para el 28 de agosto –cuando su mandato termina el 6 de agosto de 2007– y el retiro del proyecto de ley de hidrocarburos elaborado por el gobierno. “Me ataron las manos para avanzar en cualquier sentido... Ojalá que mi decisión sirva para terminar con el bloqueo mental, físico y emocional en el que se encuentra el país”, dijo Mesa, en un contexto de fuerte crisis política y social desatada por las desavenencias en torno de la ley de hidrocarburos. El líder opositor, Evo Morales, declaró que “otra vez Mesa quiere frenar la aprobación de la ley de hidrocarburos que beneficie al pueblo y garantice el 50 por ciento de regalías”. “El adelantamiento de elecciones es un nuevo chantaje de Mesa”, destacó.
En la última semana, los movimientos sociales, encabezados por Evo Morales, se pusieron en pie de guerra para conseguir el aumento de las regalías petroleras al 50 por ciento, posición tajantemente rechazada por el gobierno, que considera que el país se enfrentará a un bloqueo de la cooperación internacional. Varios puntos del país están bloqueados, especialmente la región de Cochabamba, bastión del Movimiento al Socialismo del líder cocalero Morales. “He hecho todo lo que ha estado en mis manos para tratar de convencer a mis compatriotas que por favor, por amor a Bolivia, cesen este camino al suicidio colectivo”, dijo, justificando una decisión precipitada por una serie de factores que pusieron de relieve la fragilidad del acuerdo alcanzado hace una semana con los partidos tradicionales: la decisión del presidente de Diputados, Mario Cossío, de propiciar una versión propia de ley de hidrocarburos –diferente de la propuesta oficial–; un reciente documento de los fiscales considerando que las protestas sociales –incluyendo los bloqueos– no constituyen un delito penal, y el bloqueo de caminos propiciado por el líder del MAS, Evo Morales.
El mandatario volvió a contraponer su popularidad –medida en un 68 por ciento por la consultora Apoyo– con la deslegitimidad del Parlamento. “Siento una profunda frustración –señaló– pero este empate no lo puedo desempatar (ni siquiera) con un 70 por ciento de aprobación”, dijo. Y remató: “No voy a ir un minuto más a este Congreso a pedirle sentido común”. De esta forma, Carlos Mesa cumplió con su promesa de renunciar antes que ceder en su propuesta de ley de hidrocarburos (mantener el 18 por ciento de regalías pero crear impuestos que, de forma progresiva, sumados, alcancen un 50 por ciento de las ganancias). “No estoy dispuesto a aprobar una ley suicida”, en relación a la disposición de los parlamentarios a buscar una tercera opción, basada en un impuesto del 32 por ciento, complementario de las regalías, “no deducible ni acreditable”. El jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz y el de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, tercera y cuarta fuerza electoral, habían anunciado su apoyo a Mesa sólo si el Estado garantiza un “ingreso neto” de 50 por ciento del valor de la producción de hidrocarburos.
“Que el Congreso vea qué va a hacer con eso, yo no promulgaré la ley ni la objetaré”, dijo el mandatario, arrojando la responsabilidad de los riesgos por venir a los legisladores. El proyecto de adelantamiento de elecciones,que será enviado hoy al Congreso, incluirá al Ejecutivo, diputados, senadores y constituyentes.
La decisión presidencial cayó como un balde de agua fría entre los legisladores, que se encerraron en reuniones de bancada para discutir el escenario que se abre.