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Por Francesc Relea*
Desde México

Los mexicanos estarán muy pendientes de lo que ocurra hoy en el centro de la capital, donde miles de ciudadanos han sido convocados en apoyo al alcalde, Andrés Manuel López Obrador, y en la Cámara de Diputados, donde el pleno votará si retira el fuero al jefe de gobierno municipal para su procesamiento por desacato a la Justicia. Será una jornada cargada de tensión que, si se confirman las previsiones, marcará el inicio de una nueva etapa en la vida política mexicana, de consecuencias imprevisibles. Ayer se difundió una encuesta por la cual el alcalde ganaría los comicios presidenciales de 2006 con más del 44,4 por ciento de los votos.
Como precandidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que nunca ha ocupado la Presidencia de la República, López Obrador promete un cambio radical en el modelo político imperante en México, y se presenta como la esperanza de un cambio para los sectores más pobres de la población, es decir, la mayoría. Sus detractores lo acusan de populista y de polarizar la situación política en un país con inmensas diferencias sociales. En este escenario, el más que probable desafuero de López Obrador adquiere una dimensión que nadie calculó hace un año, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) pidió la retirada de la inmunidad del alcalde para procesarlo por desacato. En noviembre del 2000, el jefe de gobierno de Ciudad de México ordenó la expropiación del predio El Encino, en el barrio de Santa Fe, para la construcción de una calle de acceso a un hospital privado. En marzo de 2001, un juez federal ordenó paralizar las obras. La disputa judicial se hizo interminable, con varias citaciones que fueron ignoradas. El año pasado, la PGR pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del alcalde para someterlo a proceso por desacato. López Obrador ha reiterado que no ha cometido delito alguno y que es víctima de un complot entre el Partido de Acción Nacional (PAN), en el gobierno, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en México durante más de 70 años. Los partidarios de López Obrador denuncian que se trata de una maniobra prescriptiva. Durante los últimos 11 meses, el futuro del alcalde ha acaparado la atención de los medios informativos, y el país ha quedado inmerso en un clima de campaña electoral, cuando falta más de un año para los comicios.
Antes de acudir a la sesión plenaria, el jefe de gobierno municipal irá a la plaza del Zócalo para hablar ante sus seguidores. El PRD ha puesto en marcha toda su maquinaria para hacer una demostración de su capacidad de movilización. Ayer López Obrador advirtió que el pedido de desafuero es “una gran provocación” para inhabilitar su candidatura, pero subrayó que sus partidarios responderán con una “resistencia civil pacífica”, informó el diario mexicano El Universal en su edición digital. Cuando hable a la multitud en el Zócalo (ya en septiembre pasado reunió a cientos de miles de personas), López Obrador hará pública su estrategia jurídica y detallará en qué consiste el llamado a la resistencia civil. Luego, el alcalde defenderá sus argumentos ante los parlamentarios de la Cámara baja, que a última hora de la tarde votarán el desafuero.
La semana pasada, la comisión instructora de la Cámara de Diputados votó por tres a uno a favor del desafuero, lo que abrió la puerta para que el pleno ratifique hoy la decisión. Sólo una sorpresa mayúscula evitará que Andrés Manuel López Obrador deje de ser el alcalde de Ciudad de México y quede apartado de la carrera presidencial.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.