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“Estas cosas parecen una película, pero la realidad que vive el país es que hay un sistema de crimen organizado que captura a mujeres y las vende para ponerlas a trabajar en prostitución con un régimen de esclavitud.” El comisario principal Jorge Tobar, integrante de la División de Inteligencia de la policía de Tucumán, ya no quiere quedarse callado. La causa que se abrió después del secuestro y desaparición de María de los Angeles Verón, hace exactamente tres años, ha sido elevada a juicio oral menos de quince días atrás y en ese mismo acto se cerró la etapa de investigación: “Usted no me debe nada, por mi parte la causa terminó”, le dijo la fiscal Adriana Reinoso Cuello a Tobar. La Justicia ya no busca a Marita Verón. Sin embargo, son débiles los indicios de que podrían haberla matado, y muchas las versiones de que estaría siendo explotada sexualmente en algún burdel de este país o de España. De hecho, la información reunida por Tobar en este último sentido permitió a Interpol rescatar a 25 jóvenes que habían sido vendidas como ganado en pie a proxenetas de Vigo, Burgos y Bilbao; 19 de ellas eran tucumanas y muchas salieron de la zona de Chilecito, en La Rioja. El mismo lugar de donde desapareció la turista suiza Annagreth Wügler. En coordinación con el abogado de la familia Verón, la familia de Annagreth la busca en los prostíbulos de esa provincia.
“¿Y qué cree que pasó con Fernandita Aguirre? Yo la detecté en Santiago del Estero e informé con precisión el lugar exacto. Se hicieron 19 allanamientos en la provincia, el último fue el sitio marcado. La vieron por los menos tres hombres, gente confiable, profesionales. Claro, resulta que hay un ahorcado que la habría asesinado ¿es que ahora se ven muertos? ¿Es tan difícil encontrar un cuerpo? Yo creo que no.” Tobar es enfático. Sentado en el patio de una casa baja, en una ciudad que acomoda su ritmo bajo una lluvia tenaz que lleva cuatro días sin detenerse, el comisario principal –el segundo grado más alto al que puede llegar un policía en Tucumán– acusa. Pero sin perder el sentido de pertenencia: “Me siento apoyado por el jefe de la policía provincial. Y he tenido el orgullo de trabajar con la comisaria Liliana Rubino de Blanco, de Interpol España, y me he dado cuenta de lo que significa contar con los medios, el apoyo y la voluntad política para desbaratar estas bandas. Acá, en cambio, falta todo. Y eso que las conexiones de la red están probadas, al menos entre Tucumán, Córdoba, Santiago, La Rioja, Salta y Santa Cruz”.
Las palabras de Tobar, pensadas, escritas varias veces en comunicaciones a sus superiores, en informes confidenciales que obran en la causa por la privación ilegítima de la libertad de Marita Verón, llegan en la misma semana en la que se conoció un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que sitúa a la Argentina como una zona de riesgo en relación con los derechos humanos por el “severo” problema de “tráfico de personas”, que deriva en “explotación sexual y laboral”. Se supone que la Argentina está comprometida en la erradicación de este delito que implica usar a las personas –sobre todo a las mujeres– como mercancía, lo cierto es que vender a una chica por 2 mil pesos, que es la cifra habitual que manejan los prostíbulos y la que se pagó en uno de La Rioja por Marita Verón, no es un delito. No está tipificado como delito en el Código Penal de la Nación y ni siquiera es considerado “tráfico”, porque no se cruzan las fronteras nacionales.
Dos mil pesos es la cifra que se supone se pidió como rescate por Fernanda Aguirre, la niña de 13 desaparecida a principios de 2004, cuando todavía se creía que era un caso de secuestro extorsivo. Al poco tiempo se la buscaba en prostíbulos de Río Cuarto donde, tal como probó este diario, la prostitución de menores es un hecho común y perfectamente visible.
¿Dónde está Marita?
Ayer, la mamá de María de los Angeles Verón, Susana Trimarco, y su esposo, Daniel Verón, y decenas de familiares de víctimas de la violencia institucional marcharon por las calles de La Rioja para pedir, paradójicamente, la aparición con vida de la joven, secuestrada a cuadras de su casa en San Miguel de Tucumán por una banda con amplios contactos en el gobierno local (ver aparte). Y es que fue en La Rioja donde otras jóvenes, muchas menores de edad al momento de ser liberadas, coinciden en haberla visto, después de que la banda tucumana la vendiera a una whiskería, El Desafío, supuestamente propiedad de Liliana Medina y su hijo, Fernando “Chenga” Gómez.
Blanca Videz vio a Marita en El Desafío. Tiene 22 años y nunca aprendió a leer; su hija de nueve no tiene documentos y por lo tanto tampoco va a la escuela. Su casa es un galpón a cielo abierto custodiado por perros cimarrones, menos bravos quizá que la misma Blanca cuando empieza a recordar sus días en cautiverio. “Dos veces me han pillado, me han chapado por la espalda la última vez, con un pañuelo en la boca que me durmió y aparecí en La Rioja. Ahí me dijeron que tenía que pagar por lo que había hecho, por haber hablado de la Marita Verón, no me voy a olvidar nunca de ese día porque me hicieron trabajar 24 horas, 1500 pesos hice y no me dieron nada.”
Tenía que pagar, igual que tuvo que pagar la primera vez, con menos de 17, cuando contestó un aviso en el diario que ofrecía “trabajo cama adentro, buen sueldo”. “Me presenté y me dijeron que tenía que ir a La Rioja, pero para mí era una oportunidad de ayudar a mi familia, mi mamá tiene 15 hijos y yo ya tenía unita.” La subieron en una camioneta gris, con vidrios polarizados, y la bajaron en un lugar “oscuro, un boliche donde me dijeron lo que tenía que hacer, pases, tener relaciones sexuales, para pagar lo que debía”. ¿Y qué debía? “Lo que le pagaron a la mujer que me llevó, 1500, pero nunca pagás porque te multan todo el tiempo, dicen que hablaste con una doña, que le faltaste el respeto a un cliente, que miraste mal al don. Te multan y te pegan.” Fue a mediados de 2003: “Marita era una persona triste, no hacía más que llorar, decía que extrañaba a su hija, que había abandonado a su mamá. Ella usaba un conjunto de ropa interior negra y era la mujer de don Chenga, era una doña y no se le podía hablar mucho, estaba a un costado con las otras esposas del dueño, que eran muchas”. Blanca se acuerda con cariño de Marita. Al contrario de otras “doñas”, ella era “buenita y nos daba buenos consejos”.
–¿Cuáles?
–Nos decía que no hagamos enojar al dueño para que no nos peguen. Teníamos custodia todo el tiempo, estábamos siempre encerradas, el único momento lindo era cuando nos bañábamos, porque eran duchas todas juntas y ahí podíamos ver la luz del día, bah, la luz de la oración porque era a las siete de la tarde, y hablar un poco antes de ir al salón. En el salón todo cambiaba.
–¿Cómo te escapaste de ahí?
–Marita nos hizo la gamba para que nos pudiéramos escapar, yo arreglé con un camionero de Rosario, un hombre ya mayor, buenito, ella nos ayudó a ir al fondo y saltar la tapia. Nos dio una carta para su mamá.
–¿La leíste?
–Yo no, porque no sé leer. La llevaba Micaela, otra chica de 14. Nos fuimos cuatro ese día, pero la gente del boliche nos siguió y cuando la policía paró el camión, en la frontera de La Rioja, hizo bajar a todas porque estaban en ropa interior y sin documentos. Yo zafé porque el camionero me escondió bajo la cama que había en la cabina. Esas chicas todavía están encerradas. Pero yo salí y ahí declaré que la había visto.
La complicidad de policías riojanos está probada para el abogado de la familia Verón, Saúl Ibáñez: “Ese hecho, por ejemplo, no quedó registrado en ningún lado. El camionero fue golpeado y no se sabe del destino de esas chicas. Pero además, cuando se consiguió un exhorto para allanar El Desafío, el juez lo recibió a la mañana y recién lo ejecutó a la noche.Tanto Medina como el Chenga estaban advertidos cuando llegó la policía y Marita fue desplazada.” En Tucumán, además, está detenido Darío Andrada, policía riojano, encargado de trasladar a las chicas por el territorio de la provincia con la impunidad de su uniforme.
En aquel allanamiento demorado, de todos modos, se pudo rescatar a una menor, Andrea R., capturada en La Pampa por la banda y obligada a prostituirse durante seis meses. Es una chica de clase media que declaró cuando fue liberada que “no me puedo mirar al espejo, no me puedo tocar el cuerpo ni para bañarme, siento mucha humillación y vergüenza”.
“Yo tengo que respetar a algunas autoridades por su investidura –dice Tobar–, como al juez Walter Moreno, que llevaba la causa en La Rioja. O al que era jefe de la regional La Rioja Capital, Antonio Bonano, y que ahora es secretario de Seguridad, quien no ejecutó la orden de allanar a tiempo. Pero lo que creo es que son demasiado blandos, flexibles, lentos, faltos de autoridad. Esto no pasaría si no hubiera encubrimiento.”
Cómplices VIP
Los últimos datos que hay de Marita apuntan a la banda de Rubén y Fernando Pierri, padre e hijo, socios a su vez de José Antonio “Pájaro” Rosa, y de su hijo, José Argentino Rosa o Pájaro Negro, que actúan en la zonas de Chilecito y Nonogasta, donde desapareció la turista suiza Annagreth Würgler. En manos de esa gente se supone que ella ingresó en el circuito VIP de prostitución –especialidad de estas bandas– con el alias de Mariela. Una comisión “encubierta” la detectó, fingiendo interés en comprar una camioneta 4x4 a Raúl Pierri. “Es que distintos delitos están conectados –afirma el comisario Tobar–, en los prostíbulos se vende droga abiertamente y las mujeres pueden ser cambiadas por camionetas o por droga.”
Para el momento en que se consiguió la orden de detención de los Pierri, éstos estaban reunidos con los Rosa. Los primeros fueron encarcelados; a los seis meses la Justicia tucumana los liberó sin demasiadas explicaciones. En el auto de elevación a juicio se los sobresee por pedido de la fiscal. Sin embargo, el teléfono de Fernando Pierri es publicado en El Independiente de La Rioja en un aviso: “Mariela (...) cumple tus fantasías más salvajes, 24 hs”. Los Rosa, cuya familia incluye un hijo comisario, jefe de la regional Capital de La Rioja, por su parte, no tenían pedido de captura.
Lo cierto es que a estas dos bandas se les probó las conexiones españolas que permitieron a Interpol rescatar chicas latinoamericanas del otro lado del océano. Y actúan en la misma zona en donde desapareció la turista suiza. Sin embargo, Rosa padre se jacta de vivir de una pensión graciable otorgada por el Senado de la Nación a través de Eduardo Menem.
“Estamos trabajando junto a la familia de Annagreth Würgler, ellos no creen en la investigación del juez riojano Walter Moreno que dice que fue asesinada. Tienen sus razones, no sólo por su actuación en el caso Verón, también una de las testigos de nuestra causa, Andrea Darrosa –dice el doctor Ibáñez– afirma haberlo visto en las ‘whiskerías’ en las que a ella la obligaban a trabajar, propiedad de Liliana Medina.” En su declaración testimonial, Darrosa, secuestrada a los 15 y esclavizada hasta los 24, afirma que la última vez que allanaron un local de Medina –Candy–, “se le avisó media hora antes y nos sacó a todas las chicas”.
Una decena de jóvenes rescatadas y la certeza de que existe un modus operandi para “comercializar” jóvenes y explotarlas generando pingües cajas semanales –una sola chica genera 5 mil pesos por semana y cada prostíbulo tiene entre 15 y 20–, es lo que queda del caso Marita Verón. Ella sigue desaparecida.
–Comisario, ¿usted puede afirmar que las desapariciones de una turista suiza en La Rioja, de otra alemana en Bariloche –Nicola Henkler–, de Fernanda Aguirre y de Marita Verón están relacionadas?
–Sí, está probado que existe en el país un sistema de proxenetas que vende a chicas como si fueran ganado, las desplaza por el país y las explota. Nada de esto sería posible sin encubrimiento.