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La confusión reinaba ayer en el polémico caso del desafuero del popular alcalde de la ciudad de México suspendido en sus funciones, Andrés Manuel López Obrador. Ayer la Procuraduría mexicana dio un giro inesperado al anunciar que no presentará, por el momento, cargos contra López Obrador, que dejó de ejercer como alcalde hace una semana. La decisión fue tomada después de que la Suprema Corte mexicana decidiera intervenir y analizar una controversia constitucional promovida por el Parlamento de la Capital. Todo esto retrasa aún más la resolución de este complejo caso en el que el tiempo es todo. Al estar procesado, López Obrador, favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2006, no podría presentarse como candidato. “Apenas está comenzando la lucha”, advirtió López Obrador.
El hecho de que la Procuraduría no presente cargos significa que el proceso penal contra el político se retrasa como mínimo otro mes, el tiempo que la Suprema Corte dio a las partes para presentar las pruebas. Como consecuencia, por ahora, no irá a la cárcel. La Suprema Corte aceptó dirimir si el jefe de gobierno de la Ciudad de México tiene el mismo estatuto que un gobernador, con lo que todo su proceso de desafuero sería inválido desde el principio. La Ciudad de México tiene constitucionalmente el título de Distrito Federal. Su estatuto de gobierno y ciertos aspectos deben ser aprobados por la Cámara de Diputados, como el fuero de su jefe de gobierno (alcalde), a diferencia de un gobernador. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dominada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al que pertenece López Obrador, sostiene en su reclamo que la Cámara de Diputados se extralimitó al quitarle el fuero. El texto de la controversia señala que la decisión del desafuero le correspondía a la ALDF, porque el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal se equipara al de gobernador y el de ellos al de un Congreso local. Según la Constitución, los gobernadores estatales de México deben ser desaforados por los parlamentos de sus estados.
Antes de que la Procuraduría hiciera su anuncio, López Obrador dijo que solicitaría un amparo para que no le sean retirados sus derechos políticos en caso de que un juez le procese. Sin embargo, esto no lo salvaría de la cárcel. Es más, como forma de protesta, el político está dispuesto a ir a prisión, “desde donde hará su campaña”. En el hipotético caso de que el tribunal electoral le retire ese derecho político, López Obrador dijo que entonces se consideraría la posibilidad de que el PRD participe con un “sustituto” o incluso que se abstenga de hacerlo en las presidenciales, aunque aclaró que sí lo haría para el resto de cargos. Por otra parte, planea presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su parecer, hay una contradicción entre la Constitución mexicana, que prevé la pérdida de derechos políticos de aquel contra quien se inicia un proceso judicial, y el tratado internacional firmado por México, por el que la pérdida de esos derechos sólo se produce en caso de condena.
El desafuero de López Obrador fue resuelto por presuntamente haber violado una decisión judicial de detener la construcción de una calle, cosa que él niega. La decisión de desafuero, tomada por la mayoría del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue considerada como una medida política para impedir que López Obrador se presente como candidato a la presidencia en 2006.