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Ecuador se debatía ayer entre un aparente golpe constitucional y la rebelión. El presidente Lucio Gutiérrez tuvo que derogar el estado de sitio que había decretado el viernes tras disolver a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que no está entre sus facultades. Explicó que levantaba el estado de sitio “porque se consiguió el objetivo, que es la cesación de la Corte”. En Quito cuando la gente desafió el estado de sitio y salió a las calles manifestándose “para que se vayan todos”. El presidente del Parlamento, Omar Quintana, convocó para hoy a la Cámara a una sesión extraordinaria para ratificar la disolución de la Corte Suprema y el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido el origen de la crisis política en que se encuentra Ecuador.
Gutiérrez cesó a los magistrados pese a que el ministro de Gobierno, Oscar Ayerve, había advertido días atrás que se había logrado un acuerdo para reestructurar la Corte. El tema clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y los legisladores estuvo en torno del mecanismo para designar a quienes elegirán posteriormente a los magistrados de la Corte. La Corte Suprema ha sido desde diciembre pasado el principal punto de choque entre el mandatario y la oposición. La CSJ fue fruto de la destitución, el 8 de diciembre pasado, de 27 de los 31 magistrados del tribunal que en ese momento existía, que fueron inmediatamente reemplazados por el Congreso. Esa destitución fue hecha por el Parlamento en una sesión extraordinaria convocada por el presidente Gutiérrez. La reorganización de la Corte se dio dos semanas después de que los diputados oficialistas también resolvieran cambiar los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE). Desde el comienzo de su gestión, la CSJ reestructurada fue objeto de fuertes protestas de parte de varios sectores sociales y políticos del país, que sostenían que haber disuelto una corte y haber nombrado una nueva mediante una resolución simple fue un hecho ilegal y además facilitó la politización del tribunal.
Estas protestas se radicalizaron después del 31 de marzo pasado cuando la CSJ exculpó de cargos de corrupción a los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y al ex vicepresidente Alberto Dahik. Todavía no están claros los motivos de Gutiérrez para declarar el estado de emergencia y cesar a la Corte, pues las protestas en Quito no amenazaban la estabilidad del gobierno. Sin embargo, se percibe la disolución de la Corte como una maniobra que permitirá a Gutiérrez volver a nombrar, a través del Congreso, magistrados adeptos a su gobierno. La CSJ anterior al 8 de diciembre era tan poco independiente como la instalada después por Gutiérrez y ahora también cesada. Ayer una ensordecedora protesta de automovilistas se hizo escuchar en rechazo al presidente. Un gran número de conductores capitalinos hizo sonar sus bocinas por toda la ciudad de 1,8 millón de habitantes. Los autos exhibían carteles en los que se leía “Pite contra Lucio, gracias”. En el norte de la ciudad, al menos 3000 personas se reunieron para gritar “Fuera el dictador”.
La Constitución no faculta al presidente para intervenir en los otros poderes públicos, por lo que la prensa local califica a la acción de “golpe de Estado a medias”. Constitucionalistas advirtieron que la decisión de Gutiérrez es una violación a la independencia de las funciones del Estado. Los partidos que hasta ahora apoyaban a Gutiérrez en el Parlamento hablaron de un “suicidio político”, mientras que la oposición lo consideró como una prueba más de que Gutiérrez se ha convertido en un “dictador”.