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El número de muertes en cárceles bonaerenses se duplicó y el de muertes violentas se triplicó bajo la actual administración provincial. Aunque no se haya producido en ellas un episodio conmocionante como los motines en las cárceles de Córdoba y Santa Fe, la situación es aún más grave en Buenos Aires: dado el número de muertes violentas, en su sistema carcelario se produce una masacre de Coronda por mes. La diferencia es su carácter cotidiano, no excepcional, que anestesia las conciencias de quienes prefieren ignorar esos horrores lo cual, con excepciones individuales, comprende a los tres poderes del Estado. Los métodos son los mismos: las facas caseras, las rivalidades entre grupos, las drogas, el fuego, administrados por las autoridades a cargo, en lo que la Comisión Provincial por la Memoria llamó “una verdadera política de exterminio”. Es una ingenuidad pensar que estas aberraciones intramuros no se derramen luego sobre el conjunto de la sociedad, generalizando el desprecio por la vida y elevando los niveles de violencia de cualquier conflicto. De hecho, las amenazas de represalias en Santa Fe no se dirigen hacia los reclusos sino a sus familiares.

Bloqueo institucional:

Buenos Aires atraviesa por una grave crisis institucional en la que los tres poderes han dejado de funcionar como partes de un mecanismo armónico. Por el contrario, se bloquean y paralizan recíprocamente. Esto obliga a que los poderes federales reparen este engranaje trabado y pongan remedio a las situaciones más escandalosas, como las que tienen lugar en los depósitos de personas privadas de su libertad. Cada vez que alguna autoridad provincial es interpelada por ello desde la sociedad, descarga la responsabilidad en alguno de los otros poderes, como ocurrió esta semana durante las audiencias convocadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los cruces posteriores entre funcionarios. Todos tienen algo de razón, porque no hay poder del Estado que carezca de responsabilidad en las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos que se producen en el territorio provincial y ninguno está dispuesto a asumir la parte que le corresponde. No todos dicen toda la verdad. Por ejemplo, el gobernador Felipe Solo acusó a los jueces “que tienen una tendencia a encarcelar”, como si él no hubiera impulsado desde la Legislatura la ley inconstitucional que impide a los jueces disponer excarcelaciones mientras dura el proceso. Ni siquiera se preocupan por la coherencia de las explicaciones: el mismo día, su ministro de Justicia Eduardo Di Rocco atribuía la superpoblación carcelaria a la hiperactividad policial en el último semestre.
La puja política con el ex gobernador Eduardo Duhalde deteriora pero no traba el funcionamiento institucional en cuestiones de interés para ambos bandos, en especial aquellas relacionadas con distribución de espacios de poder y recursos económicos, que constituyen el eje de la confrontación. Pero ninguno de ellos ha mostrado algún interés especial por la situación en las cárceles y comisarías de la provincia, donde más de 30.000 personas sobreviven en condiciones degradantes que luego revierten sobre el conjunto de la sociedad. La provincia de Buenos Aires duplica la tasa de prisionización del país, pero si el ritmo explosivo de crecimiento se mantiene, en la próxima década podrá desplazar en ese ranking vergonzoso del Gulag a los países líderes, Estados Unidos y Rusia.

Plan de exterminio:

El miércoles, la Comisión Provincial por la Memoria, copresidida por Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal general Hugo Cañón, fue recibida por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. De la delegación también formaron parte la monja Martha Pelloni y la vicepresidenta del CELS, Laura Jordán de Conte. La Comisión describió un sistema de crueldad, tal como surge de la investigación que el organismo publicó en octubre de 2004, sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense. El gobernador había prometido en aquel momento a la Comisión que ordenaría sumarios administrativos para apartar a todo agente involucrado en esa conductas. Unas 2000 causas penales por hechos imputados a miembros de las fuerzas de seguridad fueron remitidas al archivo, con enorme desinterés y hasta en algunos casos complicidad de fiscales y jueces, sin investigación adecuada o sin la merecida calificación legal (por ejemplo, apremios ilegales que tiene una pena inferior, en vez de tortura como corresponde). Pero Solo se comprometió a actuar en la esfera de su responsabilidad como administrador. Como no fue informada sobre los resultados de tal decisión, la Comisión se entrevistó con Di Rocco el 24 de febrero para averiguar qué había sucedido. El ministro les dijo que desconocía cualquier medida sobre esa cuestión y prometió informarse. No volvió a comunicarse. Casi dos meses después, “esto nos autoriza a suponer que nada se ha hecho al respecto”.
La Comisión también formuló propuestas puntuales para terminar con el sistema de crueldad en las cárceles, mantenido sobre la base de la impunidad de la que gozan sus autores. “La cantidad de muertes en las cárceles bonaerenses resulta alarmante y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio. Considerando los meses de enero y febrero de 2005 (todo según informe del Ministerio de Justicia) ha muerto un interno día por medio por causas traumáticas. Han sido 29 muertes en 59 días correspondientes a los meses mencionados (17 muertes por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura, 3 por ahorcamiento). A su vez, enero y febrero tienen 8 semanas y media. En ese período murieron 9 internos por SIDA/HIV positivo, es decir un muerto por semana por esta causa. Y luego están las muertes denominadas ‘naturales’, PCRNT, según terminología oficial (paro cardiorrespiratorio no traumático). Fueron 11 en 8 semanas y media. O sea más de un muerto por semana.” Para Felipe Solo “no me molesta que se diga que esto ocurre en algún caso, pero me parece terrible que se piense que es sistemático y que constituye un plan de exterminio, eso es una locura”. La verdadera locura es que el gobernador minimice la gravedad de estos datos y los reduzca con frivolidad a “algún caso”.

Superpoblación:

Las estadísticas oficiales fueron presentadas el jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en un hábeas corpus colectivo por los presos bonaerenses, que se tramita desde el año 2001. Una vez que todas las instancias judiciales de la provincia lo rechazaron (pretendían que cada caso debía presentarse individualmente, ante un juez distinto, con lo cual la posibilidad de corregir un cuadro generalizado se atomizaba) el CELS recurrió a la Corte nacional que, mediante el novedoso procedimiento de la audiencia pública, tomó conocimiento del caso. Desde la primera audiencia, en diciembre de 2004, en la que participaron el presidente del tribunal, Enrique Petracchi y el ministro Raúl Zaffaroni, hasta la del jueves, en la que Petracchi fue acompañado por sus colegas Carmen Argibay, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, las condiciones no han cesado de agravarse. Como se observa en los cuadros 1 y 2 la cantidad semanal de muertes que se producen en los penales bonaerenses va en vertiginoso aumento y se ha duplicado en lo que va de este año. Pero al mismo tiempo, se ha triplicado la cantidad de esas muertes debidas a causas violentas: eran el 19 por ciento del total en 2003 y se acercan al 60 por ciento ahora. Paralelamente, se sigue incrementando la cantidad de presos alojados en comisarías, tal como se aprecia en el cuadro 3. Entre ambas audiencias en la Corte, los detenidos en dependencias policiales aumentaron en casi 400 personas, de 5564 a 5951. Esto no sólo viola derechos constitucionales, sino que también resiente la capacidad operacional de la policía, que debe dedicar un elevado número de efectivos y recursos a tareas para las cuales no están preparados y que se distraen de su misión específica de seguridad. Son habituales las fugas desde comisarías, con el riesgo consiguiente para los vecinos.
La respuesta oficial consiste en arrojar unas gotas de agua a un desierto reseco, que las absorbe en pocos segundos. Si el programa de construcción de cárceles anunciado por el gobierno provincial se cumpliera (cosa dudosa, ya que todos los plazos anunciados se han vencido sin que se inauguraran las nuevas unidades prometidas) de todos modos iría a la zaga del ritmo de incremento de la cantidad de personas privadas de su libertad. Esto hace que el déficit de plazas penitenciarias se incremente, como se observa en el cuadro 4. En el ámbito más reservado del ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación, durante una reunión sobre estadísticas criminales con el experto internacional Elías Carranza, el ministro bonaerense de seguridad Carlos Arslanian se manifestó en favor de reforzar los mecanismos excarcelatorios, de modo que en las cárceles queden aquellas personas culpables de delitos graves, cuya libertad constituya un peligro para la sociedad. Según Arslanian, el esfuerzo presupuestario de construir dieciséis cárceles, como se está haciendo este año, es insostenible en el tiempo. En sus palabras, “sólo Estados Unidos puede darse el lujo de mantener 2,5 millones de personas presas. Nosotros, no”.
La incorporación de medio centenar de pulseras magnéticas, para controlar en su domicilio a personas que de ese modo podrán dejar las cárceles, es una alternativa correcta pero cuya proporción sobre la magnitud del problema es insignificante. Cuando se hayan colocado esas 500 pulseras, el problema se habrá reducido en un 1,6 por ciento y también en este caso el ritmo de la solución será más lento que el del agravamiento por nuevas detenciones. El propio Di Rocco reconoció en su exposición que están perdiendo la batalla contra la superpoblación carcelaria. Durante la audiencia con el CELS, agregó un elemento contundente: el 80 por ciento de las personas privadas de su libertad en Buenos Aires son procesados sin condena firme. La superpoblación carcelaria bonaerense es ostensible en los lugares de detención, pero se torna evanescente en la información oficial, que sólo contempla los datos del Servicio Penitenciario, pero nada dice de las casi 6.000 personas que se hacinan en comisarías u otras dependencias policiales. El año pasado, en la Resolución Nº 221/2004, el Ministerio de Justicia sostuvo que el cupo máximo en las instalaciones del SPB era de 22.507 plazas. Esto implicaría un 10,9 por ciento de sobrepoblación, ya que la población real supera las 25.000 personas. Si, en cambio, se compara ese dato con el de la capacidad original de las cárceles más los módulos precarios que se les agregaron y los colchones que se suman a las celdas, las plazas serían 22.341 y la sobrepoblación del 11,7 por ciento.
Pero en la audiencia del 1º de diciembre, Di Rocco mencionó una tercera cifra, que incluye los módulos agregados pero no los colchones. En ese caso el cupo sería de 18.291 plazas y la sobrepoblación del 36,53 por ciento. Pero una cuarta forma de medición surge de comparar la capacidad original de las unidades con el número de personas encerradas en ellas. Así, los cupos no serían más de 16.011 y la sobrepoblación del 55,97 por ciento. Este es el criterio más ajustado a las Reglas de Naciones Unidas, que calculan la capacidad de cada unidad penal considerando los metros cuadrados de su superficie y cúbicos de ventilación, así como la totalidad de servicios anexos (baños, talleres, cloacas, cocina, etc.).

Chicos en comisarías:

A mediados de 2004 había 312 menores de edad detenidos en dependencias policiales bonaerenses. A raíz de la trágica muerte de cuatro de ellos en la comisaría 1º de Quilmes, el 25 de octubre de 2004, Arslanian prohibió el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en comisarías y la semana siguiente la Suprema Corte provincial ordenó al Poder Ejecutivo que de inmediato habilitara los lugares indispensables para que los jueces pudieran cumplir con el propósito de “no alojar bajo ninguna circunstancia a menores en dependencias policiales, inapropiadas por su naturaleza para el resguardo de su salud espiritual, moral y física”. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas escuchó una promesa en ese sentido del gobierno provincial y recomendó al Estado nacional que garantice “la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentran en dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por ‘motivos asistenciales’ en todo el territorio nacional”. La cantidad de chicos detenidos en comisarías se redujo a un 10 por ciento. A fines del año pasado no pasaban de 30. Pero al reducirse la presión generada por el incendio de octubre en Quilmes, volvió a subir. A mediados del mes pasado llegó a 60 menores. Bastó que el presidente de la Corte Eduardo De Lazzari lo hiciera público, para que su número volviera a disminuir, a una docena. Según el informe del CELS a la Corte Suprema de Justicia, esto indica “que la cantidad de menores de edad detenidos en comisarías no varía conforme los compromisos formalmente asumidos por el gobierno –local e internacionalmente–, sino de manera acorde a las presiones que se ejercen sobre el Gobierno de la provincia”.
Dado el bloqueo por el cual los distintos poderes bonaerenses se neutralizan unos a otros, el CELS pidió la intervención de la Corte Suprema, para que “establezca cuáles son las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado provincial en materia de alojamiento de personas detenidas”, que “declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estos estándares constituye una violación del derecho en cuestión, y luego emplace al Estado provincial a realizar la conducta debida”, en plazos precisos y con control federal de su cumplimiento. De ese modo la Corte haría cesar “graves violaciones a los derechos humanos, cuya reparación no admite demora”.