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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Los bloqueos de caminos se levantaron y en la ciudad de El Alto la “normalidad” comenzó a abrirse paso ayer, pese a las posiciones radicales de los dirigentes vecinales, que durante la tarde se vieron forzados a declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos. “Tenemos esperanza porque el nuevo presidente es jurista y sabe que los contratos petroleros son ilegales”, declaró en la tarde de ayer el segundo de la Fejuve, Eliodoro Iquiapaza. “Es un levantamiento gradual, no podemos resistirnos a la demanda de abastecimiento del pueblo”, justificó el líder de la COB, Jaime Solares. Hoy en la mañana, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la central obrera alteñas se reunirán con el flamante mandatario en las instalaciones de Radio San Gabriel, en plena urbe alteña, luego de un enredado intercambio epistolar para definir lugar y fecha de la reunión.
El país respiró ayer con alivio, mientras la lucha por conseguir una de las garrafas liberadas desde la planta de Senkata marcó el ritmo de la jornada y las quejas desde los barrios adonde aún no había llegado la distribución coparon virtualmente las emisiones de radio y desplazaron las discusiones de días previos sobre la “Gran Política”. A lo largo de toda la mañana, la salida de los camiones cisterna constituyó una suerte de espectáculo y símbolo de la vuelta a la normalidad. En varias esquinas podían verse largas colas de vecinos esperando los camiones distribuidores –que recorrieron los barrios controlados por fuerzas policiales para evitar la especulación– y filas de autos a la espera de gasolina. “Sólo me quedaba diesel para llegar hasta el surtidor”, resumió uno de los taxistas que esta semana tuvo que dejar de trabajar por el desabastecimiento de combustible.
Después de tres semanas, el paro cívico alteño en demanda de la nacionalización y la asamblea constituyente no sobrevivió al escenario político abierto con la asunción de Eduardo Rodríguez Veltzé –con el compromiso de convocar a elecciones anticipadas– y al agotamiento de los propios vecinos. Las juntas vecinales no esperaron la resolución de la federación y fueron levantando, uno tras otro, los piquetes, incluyendo el de la planta de Senkata. “Más valía una retirada digna que caer donde hemos caído”, sintetizó un dirigente del Distrito 3, urbanización Romero Pampa. El ampliado de ese barrio alteño, del que participó Página/12, fue tomado por voces autocríticas hacia la forma en que se encauzaron las medidas de presión a favor de la nacionalización de los hidrocarburos. “Nos guiamos por posiciones hormonales, hablamos de guerra civil. ¿Dónde está ahora la guerra civil?..., también hablamos de cerrar el Parlamento, ¿es que queremos una dictadura?”, dijo otro dirigente. El levantamiento de los bloqueos y el cese de las movilizaciones a lo largo de todo el país –producto de una tregua de diez días otorgada por los movimientos sociales a la nueva administración– dejó a los alteños en una suerte de desolación. “Nos estamos quedando solos”, admitieron. “No podemos seguir guiándonos por el radicalismo emocional. Tenemos que prepararnos y reagruparnos para las elecciones, y ahí podemos pelear por la nacionalización”, agregó otro participante. El cuestionamiento a los dirigentes –incluyendo al titular de la Fejuve, Abel Mamani, que estaba en la reunión– llegó a un punto en que los dirigentes les pidieron a los periodistas que “esperaran afuera” las conclusiones del ampliado.
Al terminar el encuentro, Mamani dijo a Página/12 que “siempre se hacen estos análisis, las críticas se hacen en familia y seguimos todos juntos”. Agregó que están a la espera de una propuesta del gobierno para hoy y que mantienen la demanda de nacionalización, al tiempo que reconoció que el actual gobierno –cuya única función es garantizar la transición hacia las elecciones, que deben celebrarse a más tardar en seis meses– no es el mejor interlocutor para las demandas –de carácter estructural– que plantean las organizaciones alteñas.
La paradoja es que el presidente ya ha manifestado que es el Parlamento –sede del encono popular y ajeno a la actual correlación de fuerzas políticas en el país– el que deberá resolver los problemas que dividen al país –asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos y referéndum autonómico–. Y, de no mediar un acuerdo político para que haya elecciones generales y no sólo para presidente y vice, también deberá elegir al futuro mandatario si ningún candidato obtiene el 50 por ciento de los votos. A la luz de los hechos de la última semana, parece difícil que los congresistas den un paso al costado y posibiliten una relegitimación del cuestionado sistema político boliviano. Quizás esa sea la próxima batalla de la “guerra de posiciones” de los movimientos sociales.