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Estados Unidos prendió todas las alarmas en relación con la crisis política en Nicaragua. El subsecretario de Estado norteamericano, Rob Zoellick, rechazó ayer “los esfuerzos antidemocráticos de intimidación” al presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, quien denunció un presunto golpe de Estado sandinista-liberal. En el meollo de la crisis está el choque del gobierno conservador y el Congreso controlado por la oposición, luego de que ayer el Parlamento prosiguiera los desafueros a altos funcionarios del Ejecutivo implicados en supuestos delitos electorales. El propio presidente –que podría también ser desaforado– autorizó a salir del país a los seis ministros involucrados.
El Congreso despojó ayer de su inmunidad al ministro de Educación, Miguel Angel García, al viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelos y al titular de Ambiente, Arturo Harding, con lo que ya suman cinco funcionarios desaforados. Los opositores Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) lograron el jueves de la semana pasada el desafuero en el Congreso de un ministro y un viceministro.
El martes pasado, el juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, ordenó procesar al ministro de Gobernación, Julio Vega, y el viceministro de Agricultura, Mario Salvo, y los citó a su despacho el 14 de octubre a declarar junto con un defensor. El exhorto fue emitido cuando Vega y Salvo abordaban un vuelo que los condujo a EE.UU., donde junto a los otros cuatro altos funcionarios amenazados con el desafuero acudirán hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar su situación.
El juez también pidió auxilio a la Interpol para investigar el origen de más de un millón de dólares que Bolaños habría recibido ilegalmente del exterior para financiar su campaña electoral en el 2001. Bolaños denunció un pacto entre sandinistas y liberales. Y los funcionarios que viajaron a Estados Unidos –con su autorización– expresaron su desconfianza hacia el sistema judicial nicaragüense por considerarlo políticamente contaminado.