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George W. Bush sigue presionando con la Ley Patriota, pero con pocos resultados. El presidente de Estados Unidos reiteró ayer que la “obstrucción” de algunos senadores a la renovación de varias medidas incluidas en la ley antiterrorista conocida como Ley Patriota “es inexcusable”. El mandatario señaló que la no renovación de algunos fragmentos de esa ley, que está bloqueada en el Senado y algunos de sus apartados expiran el 31 de diciembre próximo, dejaría a Estados Unidos en una posición de debilidad ante el enemigo. Además, el caso de escuchas presuntamente ilegales autorizadas por Bush se complicó ayer, al dimitir como protesta un juez del tribunal especial que autoriza las intervenciones telefónicas y electrónicas.
La Ley Patriota fue promulgada el 26 de octubre de 2001 –tras los atentados del 11 de septiembre de ese año– y amplió los poderes policiales contra presuntos terroristas y los mecanismos legales para espiar a cualquier persona en cualquier lugar público o escudriñar sus documentos privados. Entre otras facultades, la ley permite que las autoridades revisen, mediante una orden judicial secreta, lo que los estadounidenses leen o compran en librerías y bibliotecas, sus expedientes médicos y hasta sus actividades en los templos, aun sin tener pruebas de vínculos terroristas. El gobierno tiene urgencia en extender las cláusulas más controvertidas de la ley –un total de 16– porque su vigencia vence el 31 de diciembre y considera que son claves para impedir más actos terroristas en Estados Unidos.
Bush insistió ayer en que se trata de un “arma” de suma importancia en la lucha contra el terrorismo y criticó las prácticas parlamentarias de algunos senadores para impedir su renovación. “Se debe renovar la ley”, dijo el mandatario estadounidense, quien añadió que “la Ley Patriota expira en unos días, pero la amenaza terrorista no”. En este sentido, los demócratas rechazaron las críticas y negaron no querer renovar la ley, sino que quieren una ley “equilibrada y efectiva”. Patrick Leahy, el demócrata de más alto rango en el Comité Judicial del Senado, subrayó que su grupo “trabaja de forma constructiva en la renovación y nuestra meta es arreglarla o ampliarla, pero no acabar con ella”. Los demócratas piden mayores garantías para las libertades fundamentales y solicitaron una prórroga para limar las diferencias.
Por otra parte, el caso de las escuchas ilegales autorizadas por Bush se complicó ayer al renunciar un juez del tribunal especial que autoriza las intervenciones telefónicas y electrónicas. El juez James Robertson, que había sido designado por Bill Clinton, no da explicaciones en su carta de dimisión, pero ha expresado su más “profunda preocupación” por la “dudosa” legalidad del programa de supervisión que Bush autorizó días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El juez Robertson era uno de los 11 miembros del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISC), que ha sido durante 25 años el único mecanismo capacitado para autorizar “legalmente” la intervención de las llamadas telefónicas cuando existía la sospecha de que se tratase de presuntos terroristas o actos de terrorismo contra Estados Unidos. El espionaje fue descubierto y publicado la semana pasada por el diario The New York Times y causó gran revuelo en la Casa Blanca.