Entre Israel y la comunidad internacional surgieron grandes diferencias acerca de la aguda crisis financiera que enfrenta la Autoridad Palestina (AP) mientras la UE aceptaba un paquete de asistencia de emergencia de 143 millones de dólares. Las diferencias eran sobre la negativa de Israel de transferir entre 50 y 60 millones de dólares en impuestos que cobra en nombre de la AP –gran parte de los cuales se usan para pagar salarios– y la creciente línea dura tomada por el gobierno contra el presidente palestino, Mahmud Abbas.

El grueso de la Unión Europea (UE) ayer acordó que el paquete asistencial irá directamente para ayuda humanitaria, pagado a través de la ONU y otras agencias. Pero la UE también liberará 21 millones para salarios que habían sido congelados en un fideicomiso del Banco Mundial, siempre que sea gastado antes de que se forme el nuevo gobierno palestino. La decisión de ayer de la UE fue posterior a una dura advertencia de James Wolfensohn, un ex presidente del Banco Mundial y enviado especial de la comunidad internacional, de que si no se pagaban los salarios “podría tener una amplia consecuencia”, no sólo para la economía palestina sino para la seguridad y la estabilidad tanto de los palestinos como de los israelíes”.

La carta de Wolfensohn del 25 de febrero al cuarteto internacional, que se filtró a Reuters y a AP, decía que la Autoridad Palestina está por enfrentarse a un colapso financiero a causa de la decisión israelí de cortar los fondos. Una nota separada escrita dos días antes por Wolfensohn y vista por The Independent decía que entre los remedios para la crisis económica de la Autoridad Palestina, la comunidad internacional debería “insistir en que Israel les pague a los palestinos 60 millones de dólares en efectivo mensuales”. Decía que se necesitaban de 60 a 80 millones de dólares para pagar parte de los sueldos de la Autoridad Palestina y que los remedios serán “difíciles sin la presión de Estados Unidos para persuadir a Israel de revertir su decisión” de retener las transferencias.

En una disputa separada pero relacionada, Israel está en desacuerdo con los gobiernos occidentales sobre su opinión –en las palabras de su ministra de Exterior, Tzipi Livni– de que el presidente Mahmud Abbas es “irrelevante”. Aunque reconociendo la necesidad de continuar la asistencia humanitaria a los palestinos, Livni también adoptará una postura dura en Europa esta semana sobre qué se califica como asistencia, según indicaron funcionarios israelíes. Se espera que ella pregunte –viajará a Austria, Francia y Gran Bretaña– si la asistencia médica, por ejemplo, puede considerarse “humanitaria” si cae dentro del ámbito del Ministerio de Salud controlado por Hamas, que puede reclamar crédito por los gastos.

Mark Regev, el vocero del Ministerio de Exterior israelí, minimizó las diferencias sobre los fondos, diciendo que era una cuestión técnica del momento oportuno, con la comunidad internacional juzgando el punto de corte cuando el gobierno de Hamas entre en funciones. Dijo que la crisis de efectivo referida por Wolfensohn era anterior a la decisión de Israel de retener los impuestos al final de este mes y surgió por el aumento en el gasto salarial para ayudar al esfuerzo en la elección de Al Fatah el mes pasado. En la reunión de ayer en Bruselas, los ministros extranjeros de la UE se esforzaron para enfatizar que la decisión no era un veredicto sobre Hamas, que permanece en la lista de las organizaciones terroristas prohibidas de Europa.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Celita Doyhambéhère.