Fortalecido por el acuerdo nacional que despejó el camino a la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico del 2 de julio próximo, el gobierno de Evo Morales ha endurecido la posición frente a Estados Unidos en temas militares y estudia “recuperar las empresas capitalizadas” en los años dorados del neoliberalismo mediante el control del 51 por ciento de las acciones. Nuevos vientos nacionalistas soplan en el terreno político y económico.

“Lograremos ese porcentaje agregando la parte del Estado (47,5 por ciento, que está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones) más los valores de los trabajadores (2,5 por ciento), y vamos a comprar de las empresas la parte que corresponde para llegar al 51 por ciento”, afirmó el ministro de Planificación, Carlos Villegas, en un seminario sobre el programa económico del MAS. “Si (las empresas) no quieren vender, vamos a tomar decisiones de otra naturaleza para que el Estado boliviano ejerza su derecho de propiedad”, amenazó el economista, aunque está pendiente transformar estos objetivos en medidas de gobierno concretas.

En su primera gestión, el mandatario neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) “capitalizó” las principales empresas del Estado: la petrolera YPFB, Entel, la ferroviaria ENFE y el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), hoy intervenida y al borde de la quiebra.

La operación, llena de irregularidades, consistía en conseguir un “capitalizador” que, a cambio de su inyección de capital, conseguía el control accionario de la empresa (50 por ciento). El otro 50 por ciento es propiedad de los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, mediante un Fondo de Administración Colectiva administrado por dos AFP, con cuya renta deben pagar el Bonosol a los bolivianos mayores de 65 años, y una pequeña parte los propios trabajadores.

Sin embargo, los objetivos gubernamentales expuestos por Villegas conllevarán la modificación de varias leyes, entre ellas la de Capitalización, Bonosol y Pensiones, por lo que el anuncio retrata más un objetivo general que de una medida inmediata. Y, en consulta con Página/12, el vocero del Palacio, Alex Contreras, matizó: “Se trató de un debate interno con relación a la elaboración de un nuevo programa económico, de ninguna forma del anuncio de una medida”.

Sumergido en una popularidad de casi el 80 por ciento, el presidente indígena aprovechó el acto de aniversario de la ciudad de El Alto -epicentro de las últimas asonadas populares– para cargar con munición gruesa contra Estados Unidos. “No es posible que vengan fuerzas externas a intimidar, amedrentar, a cambiar comandantes; eso de cambiar ministros, de cambiar comandantes que vienen de Estados Unidos se acabó; aunque pobres, somos dignos y vamos a defender la dignidad y soberanía”, afirmó Morales en relación con la “decertificación” norteamericana de la Fuerza Contraterrorista Conjunta (FCTC), y agregó que no le asusta perder las “migajas” de ayuda económica que sirve para tener espías en Bolivia.

La misiva firmada por el coronel del ejército estadounidense Daniel Barreto, fechada el 3 de marzo, indica que se recogerá todo el armamento dado como cooperación a dicha unidad militar (equivalente a unos 70 mil dólares) y la cancelación de becas para miembros de esa fuerza que se encuentran cursando estudios en Estados Unidos y argumentando “falta de confianza”. Pero el problema habría sido que el nuevo gobierno boliviano no habría aceptado el veto o el cambio de un comandante” en las fuerzas armadas bolivianas. Estas declaraciones se suman al descabezamiento de dos promociones del ejército sospechadas por la entrega de 28 misiles chinostierra-aire a la potencia del Norte. “Ya no habrá más relación directa de los militares con Estados Unidos”, le dijo a este diario un miembro del gobierno.

Mientras tanto, Evo Morales promulgó ayer la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente y referéndum autonómico en medio de marchas militares que tocaron el himno, a las ocho y media, en las principales plazas del país.