El juez federal Guillermo Quadrini rechazó el pedido del gobernador Jorge Busti y de los vecinos de Entre Ríos para impedir el cruce al Uruguay de los camiones con materiales de construcción destinados a las plantas de celulosa. El magistrado consideró que no es facultad de la Justicia prohibir el paso de los vehículos y trasladó el tema al gobierno nacional que, a su criterio, es quien debe resolver tal solicitud. El fallo fue una mala noticia para los vecinos de Gualeguaychú, quienes esperaban garantías de que los camiones no podrían pasar para flexibilizar los cortes sobre los puentes internacionales. Anoche, en una nueva asamblea, ratificaron que mantendrán el bloqueo total de los puentes.

“Es difícil hacer un análisis en caliente, pero lo que sostuvo el juez es que el Poder Ejecutivo tiene potestades suficientes para instrumentar la medida a través de la Aduana; el juez cree que el Poder Judicial no puede trasvasar ese papel porque le corresponde al Ejecutivo”, dijo tras conocer la resolución Fabián Moreno Navarro, patrocinante de la asamblea ambientalista.

El abogado calificó la postura del juez como “un tanto curiosa y no relacionada con lo que fue el planteo inicial de la asamblea, porque el fallo está apoyado en normas de tipo aduanero más que en normas de tipo penal, cuando la presentación que hicimos estuvo basada en normas exclusivamente de tipo penal”.

Busti no demoró en informar que apelará el fallo –en principio lo haría el jueves próximo–, con la expectativa de poder revertir esta situación adversa en la Cámara.

El juez sostuvo, en los fundamentos de su postura, que la aplicación de una medida como la solicitada “estaría reñida con la ley”. Quadrini indicó que, de acuerdo con el Código Aduanero, sólo el Poder Ejecutivo nacional podría decidir “restricciones económicas”, fundadas en razones sanitarias, de seguridad o de protección a la economía regional. Hasta que esto no sucede, agregó, “las mercaderías estarán autorizadas para ingresar o egresar”.

La fiscal que entendió en el caso, Milagros Squivo, había tenido una posición similar a la del juez.

La presentación ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay había sido realizada por Busti a mediados de enero. El gobernador denunció a los directivos de Botnia y Ence por contaminación en grado de tentativa, para lo cual se basó en el dictamen de la delegación argentina que trabajó en el Grupo Técnico de Alto Nivel. Luego, los vecinos de Gualeguaychú añadieron el pedido de que se impidiera el paso de los camiones.

Al cierre de esta edición, en Gualeguaychú hacían una nueva asamblea para analizar el panorama. Los ambientalistas ratificaron que no van a levantar los cortes. El pedido de que se impida el cruce de los camiones fue formulado por los vecinos también a la presidencia de la Nación. En una carta documento enviada tiempo atrás, expusieron que el Código Aduanero faculta al Gobierno a prohibir el cruce de cargas, ya que entre las funciones del Estado está la de proteger el medio ambiente así como la salud de los habitantes. Una delegación de la asamblea ambientalista le planteó, el 9 de febrero, la inquietud al presidente Kirchner en una reunión en la Casa Rosada.

Por la magnitud de las obras, en Entre Ríos estiman que son cerca de 200 los camiones que deberían pasar por la frontera con materiales de construcción para la planta de Botnia. En enero, sendos bloqueos en los puentes de Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos frenaron el cruce de una docena de cargueros con estructuras metálicas que, procedentes de Chile, intentaron llegar al Uruguay. Tras constatar que quedarían varados, los camiones dieron la vuelta de regreso a Santiago. La semana pasada las estructuras volvieron a salir de Chile rumbo a Montevideo, esta vez en barco. La asesora legal del gobierno entrerriano, Romina Picolotti, dijo que no la sorprendió la decisión del juez Quadrini, ya que “la primera intervención que tuvo el magistrado fue declararse incompetente” y enviar el expediente a la Corte Suprema, quien se lo devolvió con la indicación de que debía tomar el caso. Por eso para Picolotti la decisión de ayer “no fue más que la crónica de una muerte anunciada”.