El hacinamiento en las cárceles bonaerenses como resultado de las leyes de mano dura dictadas en los últimos años fue ayer motivo de análisis durante una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede de Washington. En la audiencia, que se hizo a pedido del gobierno bonaerense, expuso el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, y replicó el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky. En líneas generales, Di Rocco admitió la crisis carcelaria que hace que la tasa de encarcelamiento bonaerense sea de 217 cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto del país es de 133 sobre 100 mil. “El gobierno reconoció que le preocupa el abuso de la prisión preventiva y aseguró que se están tomando medidas para tratar de solucionar el problema, pero dejamos sentado que la situación es mucho más grave de lo que admitió el ministro”, comentó a Página/12 el abogado del CELS Gustavo Palmieri. También estuvo presente la Comisión Provincial por la Memoria.

Sobre las situaciones de violencia en las cárceles, el ministerio atribuyó parte del problema a la presencia en prisión de un 57 por ciento de detenidos menores de 30 años, que son responsables “del 83 por ciento” de los delitos más graves. El CELS, por su parte, puso de relieve la responsabilidad oficial en el incendio del penal de Magdalena que provocó la muerte de 33 internos. Se hizo hincapié, como paradigma de la arbitrariedad, en el caso del detenido César Javier Magallanes, uno de los muertos. El joven, de 25 años, estaba preso por robo en 2003, estaba procesado sin condena y el juicio oral estaba previsto recién para 2007.

Como agravante de la situación general, Di Rocco reconoció que el Servicio Penitenciario Bonaerense sufrió “un deterioro notable a partir de la dictadura militar”, lo que redundó también en “la ausencia de controles de los focos de corrupción y en la ineficiencia funcional” de la fuerza. Según el ministro, esa situación se ha comenzado a revertir, desde 2004. Como principales avances mencionó “las medidas destinadas a evitar el encarcelamiento innecesario y para mejorar las condiciones del sistema penitenciario”. Entre los avances citó “la construcción de 5776 nuevas plazas en el período 2004-2006”.

El CELS recordó que en mayo de 2005, la Corte Suprema hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por el CELS. El tribunal ordenó que “se haga cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal” por no respetarse las reglas mínimas de las Naciones Unidas. El organismo insistió en que entre 1999 y 2006 la población carcelaria aumentó en un 80 por ciento y que el 80 por ciento de los 29.170 presos no tienen condena.

Ahora, el gobierno bonaerense debe presentar a la CIDH el plan que debe cumplir para revertir una situación que sigue siendo explosiva.