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Por Rupert Cornwell *
Desde Washington

El Senado estadounidense aprobó ayer por 62 votos a favor y 36 en contra una amplia ley de reforma migratoria, estableciendo una confrontación con la Cámara de Representantes y sellando una importante ruptura en las filas del gobernante Partido Republicano. La medida aprobada anoche con amplio apoyo bipartidario no sólo fortalece los controles en la frontera sino que también crea un mecanismo que permitiría la obtención de la ciudadanía a la mayoría de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, sufrió ayer nuevas modificaciones antes de pasar a la votación final. El proyecto de ley del Senado contrasta agudamente con una ley mucho más dura de la Cámara baja, que cierra la frontera con México y convierte la entrada ilegal al país un delito nacional.

El proyecto del Senado tuvo un apoyo partidario cruzado, que contó con una amplia gama de figuras: desde John McCain, el principal concursante para la nominación republicana en 2008, hasta Edward Kennedy, la voz más liberal (progresista, en términos estadounidenses) del lado demócrata. También estuvo apoyado por el presidente George W. Bush, que urgió repetidamente a un compromiso o “término medio”, combinando controles reforzados en la frontera –incluyendo el envío de 6000 miembros de la Guardia Civil y la construcción de un muro de 600 kilómetros– con un programa de trabajadores temporarios y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales.

Pero los republicanos conservadores juraron que nunca aceptarán la última medida, que insisten es una “amnistía” que premia a personas que violaron la ley. El escenario estuvo por lo tanto caracterizado por una colisión entre las dos alas del partido que incluso Bush no pudo resolver. Las divisiones no podrían haber surgido en peor momento, antes de unas elecciones de mitad de período donde los republicanos se enfrentan a una probable paliza. La ley del Senado ofrece eventualmente la ciudadanía a los aproximadamente siete millones de inmigrantes ilegales que han estado en Estados Unidos por cinco años. Primero, sin embargo, tendrían que pasar una prueba de seguridad, pagar una multa y pagar impuestos atrasados. Los críticos dicen que este plan no sólo representa una amnistía, sino que además abrumaría a un servicio de inmigración estadounidense que ya se encuentra asfixiado.

Las divisiones al interior de los partidos se vieron también claramente en una de las enmiendas aprobadas ayer. La medida permite al gobierno la emisión de un máximo anual de 650.000 “tarjetas verdes”, la residencia permanente que es el último paso para que extranjeros puedan convertirse en ciudadanos. “Este límite es muy generoso. Es más generoso que la ley vigente. Pero necesitamos un límite, no podemos dejarlo abierto”, argumentó el senador demócrata Jeff Bingaman, autor de la enmienda, que fue aprobada con 51 votos a favor y 47 en contra. Pero el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, argumentó vehementemente en contra de esta enmienda, indicando que es discriminatoria contra los trabajadores no calificados y que resultará en la separación de familias y en el regreso forzado a sus países de origen de trabajadores extranjeros después de invertir años de su labor en Estados Unidos.

Luego de la votación de enmiendas se pasó a la votación final del proyecto, que deberá ser ahora conciliado con el texto más duro aprobado en diciembre por la Cámara de Representantes. Lo cierto es que tras una dura lucha, los líderes partidarios quedaron conformes con su trabajo. “Este producto no es perfecto y necesita mucho refinamiento. Pero sin duda las enmiendas y el debate de las dos últimas semanas han reforzado su esqueleto”, se congratuló el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist. Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Harry Reid, señaló su satisfacción tras un “final feliz” en el pleno del Senado, aunque advirtió que “hemos ganado una gran batalla, pero no la guerra”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Virginia Scardamaglia.