No es una coincidencia que en el mismo momento que cientos de miles de estudiantes secundarios toman colegios y las calles en Chile, en Argentina se esté debatiendo la reforma de la Ley Federal de Educación y en México se comience a cuestionar el bajo rendimiento de la universidad pública. Según dos expertos en educación comparativa consultados por este diario, lo que sucede hoy en Chile es como un síntoma de un mal que aqueja a toda la región.

Todos los problemas con el sistema educativo –que en mayor o menor medida se pueden registrar en todos los países de América latina– tienen una raíz común, comparten un mismo proceso que comenzó en la década de los setenta y se consolidó en los noventa. Mucho se ha hablado sobre las reformas estructurales que desde los organismos internacionales y Estados Unidos se impusieron en la región, primero con las dictaduras militares y luego con las democracias de los noventa. En general, se resaltan los efectos que tuvieron en la economía, a través del achicamiento del Estado. Pero menos se ha analizado el impacto que estas medidas neoliberales tuvieron sobre los sistemas educativos. “Este proceso fue tan fuerte y tan radical que perdura hasta hoy a pesar de la democracia”, explicó Luis Eduardo González, del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación en Chile, en conversación con Página/12.

¿De qué se trató este proceso? Básicamente siguió la misma lógica de liberalización y descentralización que rigió para la economía y los otros sectores de la sociedad. El Consenso de Washington –como se conoció a este paquete de medidas neoliberales– intentó imprimirle a la educación “una lógica más orientada al mercado que a la lógica pública que primaba antes”, le explicó a este diario el investigador y actual jefe de Asesores de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Rafael Gagliano. En 1994, el Banco Mundial (BM) difundió un informe titulado “Las lecciones de la experiencia”, en el que proponía una serie de reformas. A pesar de que se refería solamente al nivel universitario, su receta fue adoptada en Latinoamérica en prácticamente todo el sistema educativo.

Diversificación de la oferta, mayor inversión privada, limitación en el control y los recursos del Estado, y descentralización eran las principales soluciones que daba el organismo para asegurar una mayor “equidad y calidad” en la educación.

Por años, se consideró a Chile el ejemplo más acabado del éxito de este modelo. Sin embargo, “el sistema de exámenes, la publicidad de los mismos, el ranking de escuelas, los exámenes pagos para entrar a la universidad terminaron convirtiéndolo en un sistema muy elitista, inviable para el tipo de sociedad que el nuevo gobierno de la Concertación dice querer construir”, opinó Gagliano.

Pero Chile no es el único país en donde el sistema educativo se convirtió en una eficaz herramienta para mantener, e incluso acentuar, la segmentación social. Para el investigador, en Argentina, “la propuesta de equidad educativa de los noventa lo que hizo fue fragmentar y pulverizar la integración social de los niños y adolescentes en diferentes categorías educativas. El precio de la segmentación en muchos sectores sociales fue el de la marginación”.

Según Gagliano, la Ley Federal de Educación de 1993 permitió a muchos chicos pobres entrar pero a escuelas para su condición social, es decir, niños y adolescentes pobres y marginados eran integrados en escuelas pobres y marginadas. “Eso no es integración social”, protesta el educador. En México se puede registrar un fenómeno similar. A partir del discurso del BM, el país fomentó una diversificación de carreras y universidades privadas para satisfacer la creciente demanda y liberar de la presión fiscal que sufría el Estado durante los ochenta. El resultado, no obstante, fue un achicamiento paulatino de la universidad pública, endesmedro de un crecimiento de las privadas, que sólo redundó en un acceso más restringido entre los sectores más bajos a la educación superior.

Gagliano y González coinciden en que este modelo privatista ya no es viable con el tipo de sociedad que se está planteando actualmente en la región. Aunque se continúa buscando equidad y calidad en la educación, el camino en la región parece ser otro. El investigador chileno descartó cambios drásticos a corto plazo, tanto para su país como para sus vecinos; sin embargo, auguró una reforma moderada del sistema que incluya “entes reguladores no punitivos que permitan una autonomía responsable para lograr estándares razonables de calidad mínima para todos” y –agregó– “tenderá a disminuir la competitividad y el supuesto de que todos son iguales en el mercado libre y competitivo”.

Gagliano también destacó el cambio de paradigma. “Lo que prima ahora es una mirada social, más comunitaria y más desde los intereses de los sujetos que desde la competencia”, aseguró. Para lograrlo, el Estado deberá asumir un rol integrador y articulador de los distintos procesos de aprendizaje que coexisten en las sociedades.

En su primer discurso ante el Congreso, en 1797, el entonces presidente estadounidense George Washington aseguró: “El conocimiento en cada país es la base más segura de la felicidad pública”. La región está viviendo una posibilidad histórica. Argentina está hoy debatiendo una reforma a su Ley Federal de Educación, Brasil envió el jueves pasado un proyecto de reforma universitaria al Congreso y Chile hizo otro tanto con el proyecto de ley de Michelle Bachelet y la formación del Comité Presidencial. Se trata de una nueva oportunidad de sanear la herramienta principal con la que cuenta toda sociedad para sobrevivir, madurar y avanzar.