Los italianos celebrarán hoy y el lunes un referéndum que se realizará sobre una polémica reforma de la Constitución de corte federalista, a la que se opone el actual gobierno de Romano Prodi. La reforma, defendida por el centroderecha de Silvio Berlusconi, pretende cambiar parte de la Carta Magna italiana de 1948 para conceder mayores poderes a las regiones e introducir cambios en el ámbito parlamentario y judicial.

Conocida como devolution, un término inglés que Italia ha tomado prestado de los procesos autonómicos de Escocia y Gales, la modificación constitucional fue aprobada en el Parlamento el pasado noviembre, cuando Berlusconi aún estaba en el poder.

Dado que no obtuvo el respaldo de dos tercios de la Cámara que necesitaba para entrar en vigor automáticamente, el centroizquierda pudo convocar el referéndum que se celebrará mañana y el lunes. A diferencia de otras consultas, ésta se dará por válida sea cual fuere el nivel de participación y saldrá vencedora la opción que obtenga una mayoría simple. Están llamados a las urnas más de 47 millones de electores.

La campaña para el referéndum, que concluyó en la medianoche de ayer, viernes, se desarrolló en medio de los ya habituales intercambios verbales entre el centroizquierda de Prodi y el bloque conservador de Berlusconi.

El actual primer ministro ha pedido a los italianos que voten “no” porque considera que la “devolution” es “una chapuza” y ha asegurado que, tras el eventual rechazo al cambio constitucional, “se abrirá una verdadera época de reformas”.

Berlusconi, por su parte, aboga por el “sí” porque cree que es “indispensable para remediar los problemas” que a su juicio planteó una reforma administrativa de corte federal aprobada en 2001 a instancias del entonces ejecutivo de centroizquierda.

Pero los más acérrimos defensores de la “devolution” son los federalistas de la Liga Norte, que han hecho de los cambios constitucionales su señal de identidad política y han adelantado que en caso de que gane el “sí” reclamarán la dimisión de Prodi.

De salir adelante, la reforma daría a las regiones potestad legislativa en lo relativo a sanidad, educación y seguridad local, además de en el resto de las materias que, por ley, no estén expresamente reservadas al gobierno central.

El Senado se convertiría en una “Cámara de las Regiones”, que en lugar de 315 tendrá 252 senadores, además de 42 representantes regionales. La Cámara de Diputados pasaría a tener 518 miembros, en vez de los 630 actuales, y se introduciría la figura de “diputado vitalicio”. El primer ministro vería reforzados sus poderes y mantendría la prerrogativa de disolver el Parlamento, aunque a sugerencia del presidente. El Tribunal Constitucional asumiría una fuerte connotación regional, en el marco de la aplicación de una descentralización de competencias de corte federal.