En México la ley no funciona porque no se respeta, no se aplica o porque es injusta. Hay cárceles repletas de reclusos que nunca han visto a un juez, policías predispuestos al soborno y personas condenadas por robar un oso de peluche, mientras políticos corruptos viven en la más absoluta impunidad. “El Estado de derecho es una quimera para la mayoría de la población”, asegura la columnista y escritora Denise Dresser.

Tras décadas de autoritarismo, el país tiene numerosas asignaturas pendientes para concluir con éxito la transición a la democracia iniciada hace seis años. Hay que reformar el Estado, preconiza Porfirio Muñoz Ledo, dirigente político de amplia trayectoria académica y legislativa que junto a otros líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fundó a finales de los años ochenta el Partido de la Revolución Democrática (PRD). “El Estado de derecho no es, como se cree mundialmente, el sistema jurídico-político en el cual los ciudadanos obedecen la ley, sino aquel en que la autoridad se somete a la ley”, opina Muñoz Ledo, que asesora al candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El consejero participó en la reforma del sistema electoral en 1995 y 1996, que permitió a la oposición tener por primera vez mayoría en la Cámara de Diputados. Fue el primer legislador opositor que presidió el Congreso.

“Hay que resolver el problema del pasado por razones éticas, históricas, jurídicas, y construir una nueva legalidad”, reclama Muñoz Ledo como preámbulo a su propuesta de reforma del Estado, en la que incluye un capítulo de derechos humanos en la Constitución, hoy inexistente. La descentralización política y económica en un país formalmente federalista desde 1824 y el presidencialismo imperante en el hemisferio son también esenciales de la reforma del Estado, según Muñoz Ledo. “En Latinoamérica en 20 años han caído 15 gobiernos, por diseño constitucional, no por golpe de Estado. Lo que necesitan estos países son mayorías gobernables, bipolarizar el sistema y formas constitucionales que nos acerquen a un sistema parlamentario.”

Muñoz Ledo apoyó en 2000 la candidatura de Alianza por el Cambio que llevó a Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), a la presidencia. Recuerda que el nuevo gobernante lanzó la idea de la refundación de la república, de una nueva Constitución, y de “la parlamentarización del sistema”. Fracasó en el intento. El también fundador del PRD Cuauhtémoc Cárdenas, antiguo alcalde de la Ciudad de México, acaba de proponer una “amplia discusión democrática” que concluya en la promulgación de una nueva Constitución en 2010. Cárdenas abogó por replantear el pacto federal y establecer una agenda conjunta para reducir la pobreza y la desigualdad. Menos ambiciosa, Denise Dresser opina que la reforma del Estado tiene que ver con “cómo se ejerce el poder y cómo se distribuye”. “La cuestión de la legalidad –insiste– pasa por cuestiones más pequeñas, la reforma de los cuerpos policiales, los juicios orales, un sistema más transparente, eficaz y humano, y un Congreso capaz de aprobar iniciativas que lo aseguren.” Dresser empezaría por “aquellas cuestiones en las que sería más fácil lograr el consenso, menos politizadas y menos politizables”.

Muñoz Ledo insiste en que la reforma que propone es imprescindible. “Es una necesidad nacional”, gane quien gane. La próxima legislatura debería entrar en un terreno en el que nadie se ha atrevido hasta ahora, propone: los partidos políticos y su financiación. “Como dice el informe de la ONU sobre la democracia en América latina, los partidos han estado dando la espalda a la sociedad. La sociedad se expresa en grandes movimientos en épocas electorales y luego se vuelve a asustar.”