Advertencia: Esta nota contiene informaciones y análisis sensibles sobre la estructura productiva y las relaciones de poder en la Argentina. Podrá leerse con provecho cuando haya pasado la justificada euforia de estas dulces horas.

Las presentaciones públicas del presidente Néstor Kirchner durante su viaje a España abundaron en datos económicos y sociales, de los que suelen ocuparse a puertas cerradas los especialistas en cada materia pero no los jefes de Estado en las recepciones formales o ante la prensa. Kirchner no modificó el discurso que repite dentro del país, en barrios carenciados del Gran Buenos Aires o al inaugurar plantas fabriles de inversores multinacionales. El problema es que sus interlocutores españoles fueron más crédulos de su palabra que la oposición local y le reclamaron en consecuencia. Después de tres años consecutivos de crecimiento en porcentajes insólitos, no es razonable esperar los gestos comprensivos de cuando la televisión global mostraba a la Argentina como un incendio cotidiano. Frente a eso Kirchner respondió que no sirve el crecimiento que se limite a abultar cuentas de ganancias si los beneficios no llegan también a los sectores más sumergidos de la sociedad. Volvió a plantear un debate de intereses, que pueden ser coincidentes o contradictorios y, una vez más, rehusó prometer los aumentos de tarifas que le reclamaban. Las quejas de las empresas y la prensa españolas certifican que no cedió ante las presiones, pese a lo cual obtuvo algunos compromisos de inversiones que su modelo desarrollista requiere y dentro del cual reivindicó el rol del Estado.
De regreso al país, el segundo semestre presagia un crecimiento que no bajaría del 7 por ciento anual, con sostenidos superávit comercial y fiscal y fortalecimiento de reservas pero sin impactar sobre la tasa de interés y con crecientes indicadores de inversión, pública y privada, y menguantes de desempleo y pobreza. Que pueda preverse un índice anualizado de inflación en torno del 10 por ciento es una concreta refutación a los intentos descalificatorios a la política de contención de precios iniciada luego de la remoción del ex ministro Roberto Lavagna. El resultado que hoy parece al alcance de la mano es reducir en un par de puntos el índice del año anterior, no desacelerarlo de cien a cero, como en la experiencia de tres décadas atrás, con el Pacto Social del último gobierno de Perón. Esto permite descartar la idea de una inflación reprimida que en algún momento futuro podría estallar, cosa que también se verifica en la ausencia de cualquier indicio de desabastecimiento y en los prósperos balances empresariales. Lo que ocurre es que por primera vez en décadas un Gobierno decidió hurgar en los costos y en los beneficios de las empresas. El 7 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto es una cifra más que satisfactoria, pero implicaría una tendencia decreciente en relación con el 9 por ciento de los últimos años, que fue proporcional a la magnitud de la caída de los cinco años previos. Esos son los momentos en los que los actores económicos refuerzan sus presiones sobre el Estado en defensa de su parte. La ofensiva política, ideológica y económica de las fracciones dominantes del capital contra el gobierno de Juan Perón se inició en 1952, cuando la rentabilidad sobre el capital invertido bajó del 40 al 20 por ciento anual. La coincidencia de una situación equivalente a aquella, con el comienzo de los juicios por los crímenes de la dictadura militar y la iniciación del último año del gobierno, lo cual abre la lucha política por la sucesión, explica el malhumor que el gobierno cosecha en medios económicos, políticos y periodísticos.
¿Existe la oligarquía?
El retroceso de los precios de la carne vacuna, obtenido mediante restricciones a la venta al exterior para que los altos valores internacionales no se trasladaran al consumo interno, es un éxito tanto económico como político, porque se dio en pugna con el sector hegemónico de la burguesía realmente existente, aquella capaz de alinear a las demás fracciones del capital en torno de un proyecto desestabilizador. Pero también hay un cierto consenso acerca de la transitoriedad de ese éxito, cuya consolidación requiere otro tipo de medidas. Las diferencias comienzan con el análisis de cuáles deberían ser esas medidas que al mismo tiempo mantengan en niveles admisibles los precios de la carne al consumidor y favorezcan un incremento del stock ganadero. Un trabajo de Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo que se publicará en la revista Realidad Económica sostiene que la principal de ellas debería ser un aumento en las retenciones a las exportaciones agrícolas. A primera vista resulta desconcertante que el precio de la carne se relacione con las exportaciones de granos, pero el estudio de los investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) lo explica con un análisis del ciclo ganadero, que incluye un capítulo sobre la propiedad de la tierra que desmiente muchos lugares comunes que se repiten contra toda experiencia.
Uno de esos lugares comunes, sostenido por algunos académicos, las entidades corporativas, ciertos ambientalistas y muchos opinadores espontáneos o inducidos, sostienen que los grandes terratenientes que constituyeron el núcleo de la oligarquía agropecuaria, han dejado de ser el agente económico central. Este rol lo ocuparía hoy un conjunto de productores o capitales que arriendan tierras y los medianos propietarios rurales. Estos dos grupos serían los responsables de la incorporación de nuevas tecnologías. El primer modelo, de altísimo perfil, sería el productor sojero de Carlos Casares, Gustavo Grobocopatel, con sus alegres divagaciones sobre la sociedad del conocimiento. Basualdo y Arceo sostienen, por el contrario, que las figuras protagónicas de las transformaciones en el comportamiento agropecuario son, una vez más, los grandes propietarios rurales, una afirmación que enfurece a quienes proclaman la inexistencia de la oligarquía, como si la clase social decisiva en la historia argentina se hubiera desvanecido en el aire sin que nadie lo advirtiera.
Según el último Censo Nacional Agropecuario los propietarios explotan directa o indirectamente 25 millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires, es decir el 92 por ciento de la superficie agropecuaria provincial. Apenas el 8 por ciento de la superficie (2,2 millones de hectáreas) se trabaja mediante formas de tenencia ajenas a la propiedad. Es cierto que algunos de los Fondos de Inversión Agrícola y los Pools de Siembra surgidos durante los años 90, que alquilan la tierra e incorporan a la producción agropecuaria capitales extrasectoriales, pueden alcanzar un tamaño medio equivalente al de los grandes terratenientes bonaerenses. Pero la importancia del conjunto de ellos sobre la superficie agropecuaria total que concentran es poco significativa. Los 1294 mayores propietarios de tierras (con 2500 hectáreas o más) eran dueños en diciembre de 1988 de un tercio de la superficie agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Una cuarta parte de esa extensión pertenecía apenas a 53 propietarios, con una extensión promedio de 44.525 hectáreas, lo cual les permite aprovechar las economías de escala, tanto internas como externas, que se registraron en el agro pampeano durante los últimos años.
Según los autores esos terratenientes con 2500 hectáreas o más tienen mayor incidencia en la producción que en la propiedad de la tierra. En 1996 dedicaban a la ganadería el 70 por ciento de sus tierras, en las que la utilización de pastos naturales supera la media provincial, y sólo el 30 por ciento a la producción agrícola. Esto muestra que el sector social fundador del Estado moderno en la Argentina, conservaba a fines del siglo XX la matriz estructural que presentaba a sus principios y que le ganó la denominación de “oligarquía vacuna”. Pero si al comienzo se concentraba en la ganadería y les arrendaba grandes extensiones a los pequeños y medianos productores para la producción agrícola, ahora sus integrantes desarrollan ambas actividades por su cuenta y riesgo. Otro cambio significativo de las últimas décadas es que la cúpula agropecuaria ha avanzado hacia una acentuada integración de todo el ciclo ganadero, ya que posee tierras tanto en la región de cría como en la de invernada, y además controla buena parte de la comercialización de la ganadería vacuna.
Imagen invertida
La imagen se invierte si en lugar de la superficie que los grandes terratenientes destinan a cada producto se considera el valor bruto de las respectivas producciones. La agricultura representa algo menos de un tercio de la superficie que poseen los grandes propietarios pero concentra casi dos tercios del valor bruto de su producción (el 59 por ciento), mientras que la ganadería que ocupa el 70 por ciento de esa superficie representa apenas el 41 por ciento del valor de producción que los grandes propietarios generan en sus 8,3 millones de hectáreas. Es decir que los propietarios rurales bonaerenses con 2500 o más hectáreas son eminentemente ganaderos desde el punto de vista del uso de la tierra, pero principalmente agrícolas en términos del valor de producción. Esta asimetría se debe a los precios relativos vigentes en el agro pampeano a mediados de los años noventa. Esta contundente presencia de los grandes terratenientes, dicen Basualdo y Arceo, permite asumir una hipótesis alternativa a la predominante acerca de la fracción agraria que impulsa las transformaciones económicas, productivas y tecnológicas del agro pampeano de las últimas décadas. “No se trataría ya de la consolidación de un nuevo estrato de propietarios medianos grandes innovadores y asentados en la producción agrícola, es decir una suerte de farmers locales, sino de las transformaciones productivas y tecnológicas que adoptan los grandes terratenientes tradicionales.” Los grandes propietarios “no se disgregaron sino que encabezan las transformaciones productivas en el agro pampeano, en tanto la provincia de Buenos Aires constituye el núcleo central de la pampa húmeda argentina”. Si esto es así, constituiría un error (que en algunos casos puede ser bienintencionado y en otros no) analizar las nuevas condiciones económico-sociales que plantea la supersoja al margen de las relaciones de propiedad de la tierra y de los correspondientes alineamientos políticos y sociales.
Los cambios y el stock
La caída en la rentabilidad relativa de la producción ganadera respecto tanto a la agricultura como a las diferentes alternativas financieras redundó en una significativa reducción del número de cabezas a partir de la apertura financiera de 1977 (ver gráfico Nº 1).
En cambio, la elevación de los precios internacionales y la consolidación del uso de las nuevas tecnologías (semillas, agroquímicos, siembra directa, etc.) produjeron una significativa expansión de la superficie agrícola cultivada, que pasó de 19,6 millones de hectáreas en la campaña 1993/1994 a 25,6 millones de hectáreas en la campaña 1998/1999. También fue creciente el rendimiento por hectárea de los principales cuatro cultivos de la región pampeana (creció a una tasa anual acumulativa del 1,0 por ciento entre 1960 y 1975, del 2,7 por ciento anual desde entonces y hasta 1990 y del 2,3 por ciento anual a partir de 1990 y hasta 2001). El liderazgo de la soja en esta expansión agrícola consolidó las nuevas formas de producción por medio de los Fondos de Inversión Agrícola, que constituyen una forma de producción muy dinámica pero absolutamente minoritaria respecto a los propietarios. Si en las décadas anteriores habían salido recursos del campo para su valorización financiera, en la del 90 y a través de esos Fondos de Inversión Agrícola, se incorporaron al agro recursos del resto de la economía. A ello contribuyeron la inestabilidad financiera y las enfermedades vacunas, externas como la vaca loca e internas como la aftosa, todo lo cual hizo que a partir de 1994 el stock ganadero registrara un nuevo y significativo descenso, de cinco millones de cabezas en un lustro.
Subibaja
La disolución de la convertibilidad a principios de 2002, con la mayor devaluación del tipo de cambio en la historia argentina, incrementó en forma también inédita la rentabilidad de los productores agropecuarios. Pero además modificó la lógica de la acumulación sectorial. Desde la apertura financiera de la dictadura en 1977, la producción agropecuaria se regía por el juego de precios entre la agricultura, la ganadería y los rendimientos financieros. A partir de 2002, volvió al comportamiento tradicional del ciclo ganadero, que sólo toma en cuenta el subibaja de precios agrícolas y ganaderos.
La histórica devaluación de 2002 modificó los precios relativos pero no lo hizo con todos en forma simultánea. Mientras los precios agrícolas se alinearon de inmediato al nuevo tipo de cambio, el cierre de los mercados externos por el rebrote de la fiebre aftosa y la contracción de la demanda interna por la aguda crisis económica impidieron una inmediata elevación en los precios de la carne. Así, la rentabilidad de la producción ganadera cayó con respecto a la agrícola, hasta que la paulatina recuperación de la demanda interna y externa se reflejaron en un incremento muy significativo del precio de la carne, por encima del nivel general de precios y el de los alimentos en general. Entre diciembre de 2001 y 2005, el IPC nivel general registró una suba del 74,1%, el total de alimentos y bebidas un 102,9%, mientras que el precio de la carne vacuna se incrementó un 164,5%. El componente más dinámico de la demanda de carne fueron las exportaciones, que entre 2001 y 2005 crecieron a una tasa anual acumulativa del 50 por ciento, a favor de la mejora en el status sanitario del país, la elevación del tipo de cambio, el incremento de la demanda externa y el bajo nivel de retenciones, cuatro veces menor que a las agrícolas. La demanda externa creció el 119,7 % entre 2002 y 2005 y el consumo local sólo en un 7,9%. Las exportaciones ganaderas del año pasado fueron las más altas en cuatro décadas. Esto elevó los precios internos y puso un freno a la recuperación de la demanda interna, pese a la elevación de los salarios reales y de los niveles de empleo. Los actuales niveles de consumo por habitante son muy inferiores a los históricos. “Es más, no se registra un consumo por habitante tan bajo desde la segunda década del siglo XX, momento en el cual se exportaba el grueso de la producción local”, sostienen Basualdo y Arceo. La recuperada rentabilidad de las explotaciones ganaderas se tradujo en un significativo incremento del precio de la tierra, en dólares constantes, lo que permitió una elevada ganancia patrimonial en dólares al casi duplicarse el valor promedio de la hectárea con respecto al 2002 (ver gráfico Nº 2).
Pese a la duplicación de la rentabilidad ganadera no se puso en marcha una fase de retención de ganado vacuno, tal como sucedía históricamente. Por el contrario, la muy alta participación de terneros, terneras y vientres en la faena total sugiere un proceso inverso, que compromete la producción futura. En los últimos tres años la participación de vientres en la faena total (indicador clave para determinar la vigencia de una etapa de liquidación) superó el 43%, valor límite a partir del cual se contrae el stock de ganado vacuno. Esto se debe a la mayor rentabilidad relativa de la producción agrícola, que compite con la ganadera por el uso del suelo en amplias zonas de la región pampeana. Entre 2002-2004 los márgenes brutos relativos se triplicaron en favor de producción agrícola con respecto a los últimos años de la convertibilidad.
Las medidas de corto plazo adoptadas para contener el incremento del precio de la carne y evitar un deterioro del salario real son contradictorias con las de mediano plazo destinadas a expandir la oferta vacuna mediante una recomposición del stock ganadero, porque operan únicamente sobre la producción ganadera dejando de lado los principales cultivos agrícolas. La veda a las exportaciones permitió una significativa reducción del precio de la carne vacuna en el corto plazo, pero en el mediano agudiza el proceso de liquidación ganadera. Esto explica su relajamiento luego del éxito inicial. Por eso, concluyen los investigadores de FLACSO, “el aumento de las retenciones a la producción agrícola parece ser la medida más eficaz tendiente a elevar la rentabilidad relativa de la producción ganadera”. Esto “garantizaría la recomposición del stock ganadero y de la oferta de carne vacuna en el mediano plazo, sin mediar un significativo incremento en los precios que afecte el poder adquisitivo de los sectores populares”. La reacción política e ideológica si el gobierno se anima a seguir este camino, no sería menor que la que hoy se manifiesta, ni cambiarían sus protagonistas.