Ni recuento total de votos ni absolución de fraude electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en una suerte de impasse la elección presidencial en México, al desechar la petición de la izquierdista coalición Por el Bien de Todos y su candidato, Andrés Manuel López Obrador, para realizar un nuevo escrutinio, pero al mismo tiempo ordenar la revisión de los votos emitidos en 11 mil 839 casillas que fueron ubicadas en varios estados gobernados por el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y en otros controlados por aliados de su candidato Felipe Calderón.

La falta de definición que subyace a la decisión de la Justicia electoral se refleja en la decisión de López Obrador de continuar, e incluso aumentar, las acciones de resistencia en Ciudad de México y en todo el país.

Ayer, las miles de personas que acampan junto al líder de la coalición progresista en el Zócalo y en las principales calles de la capital bloquearon la entrada de los bancos más importantes.

En medio de estas protestas –y la nueva toma de los peajes– el Tribunal Electoral comenzó el recuento de casi cuatro millones de votos –un poco más del nueve por ciento– y, según ya adelantaron, se encontraron varias irregularidades en las actas electorales de Ciudad de México.

Sin embargo, explicaron fuentes judiciales, las incongruencias no beneficiaban a ningún candidato en particular. En cambio, destacaron que en el estado de Jalisco, en donde Calderón ganó por una relación de dos votos a uno, las irregularidades en el registro de los votos perjudicaban al candidato del centroizquierda. Según el tribunal, el conteo podría finalizarse el domingo próximo.

Con esta resolución, el Tribunal Electoral pretende ubicarse en un punto neutro en el que no le concede la razón a ninguno de los actores involucrados; sin embargo, lo que sí consigue es resaltar las inconsistencias de los discursos tanto de quienes impugnan como de quienes defienden el resultado extraoficial que da ventaja, pero no definitiva, al candidato del partido en el poder.

En primer lugar, al ordenar el recuento del 9,07 por ciento del total de casillas instaladas en todo el país, el Tribunal Electoral socava aún más los restos de credibilidad que le quedaba al grupo de consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (el IFE, órgano constitucional autónomo responsable de organizar las elecciones en México), pues desmiente el discurso oficial que sostiene que el pasado 2 de julio hubo una jornada electoral inmaculada, al considerar fundada la sospecha de que en la emisión o en el cómputo oficial de unos tres millones de votos existieron irregularidades que podrían alterar el resultado. La diferencia entre Calderón y López Obrador es de apenas 243 mil 934 votos.

Por eso, el partido en el poder y su candidato, Felipe Calderón, aun cuando han avalado el fallo judicial, tampoco pueden celebrar esa resolución como un triunfo, pues ni de lejos tienen ganada la silla presidencial. De hecho, la posibilidad de una anulación de la elección de presidente de la república todavía es latente, ya que el Tribunal Electoral aún no califica la validez de todo el proceso comicial.

Las primeras reacciones de la derecha fueron consecuentemente mesuradas. La Iglesia Católica realizó el domingo pasado una misa desangelada en una catedral metropolitana semivacía, donde el cardenal Norberto Rivera –luego de oficiar junto al nuncio apostólico Giuseppe Bertello– llamó a la “conciliación”, mientras que el presidente Vicente Fox de plano guardó silencio durante el fin de semana y se negó a comentar el fallo del Tribunal Electoral.

Para la coalición Por el Bien de Todos, la resolución conocida el sábado pasado resulta inadmisible, pues elude los cuestionamientos de fondo planteados en los juicios de inconformidad presentados, y está fundada en “un criterio muy estrecho”, consistente en resaltar el hecho de que la coalición omitió impugnar en tiempo y forma la jornada el recuento de votos realizado durante el mismo día de la elección, como lo exige la legislación vigente.

Por lo pronto, el rechazo a contar voto por voto, casilla por casilla, se traducirá en la renovación de la resistencia civil que encabeza López Obrador, quien había convocado a los miles de personas que participan en los bloqueos en el centro de la Ciudad de México a trasladarse el lunes pasado a las puertas del Tribunal Electoral –cuyas instalaciones son resguardadas por el ejército– para exigirle rectificar su decisión.

En el fondo, el fallo del Tribunal Electoral –emitido por unanimidad– ni siquiera consigue dejar bien parada esta instancia judicial, porque su resolución obedece efectivamente a una interpretación rigorista del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una ley secundaria que regula el proceso electoral y que data de los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional –el partido que gobernó México durante 70 años– conservaba la hegemonía sobre los procesos políticos en México. En esa época, dicha ley fue aprobada solamente con los votos de ese partido, pues el PAN –entonces en la oposición– y el PRD la rechazaron por considerarla incompleta y deficiente.