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En el primer día del juicio por los cortes a los pasos fronterizos contra las papeleras, los “testigos” argentinos desplegaron estadísticas aduaneras y migratorias con la intención de desarticular la acusación uruguaya que dice que hubo un “bloqueo” a su comercio y a su turismo. Los orientales contrapusieron números propios focalizados en las zonas más afectadas. Las audiencias transcurren ante el Tribunal Arbitral del Mercosur, donde el gobierno de Tabaré Vázquez acusó al de Néstor Kirchner de “inacción” frente a las protestas de los vecinos de Gualeguaychú. Eso, dicen, habría afectado la circulación de bienes y servicios. La delegación de la Cancillería argentina sostiene, y volverá a resaltarlo hoy ante los jueces, que “la persuasión no es omisión” y que había razones para reprimir. Hoy serán los alegatos y el fallo debe estar antes del 7 de septiembre.

Las delegaciones de Uruguay y Argentina arribaron ayer a la montevideana sede permanente de los Representantes Permanentes del Mercosur, una vieja pero remozada mansión frente al Río de la Plata, en medio de una neblina que ni siquiera dejaba ver la costanera. Pero ni periodistas ni funcionarios pasaron por alto el adhesivo con la inscripción “no a las papeleras” que desplegó un acompañante de los testigos argentinos que expusieron frente al Tribunal. Algo que incomodó a los uruguayos.

“La decisión del Tribunal intentará ser por consenso o sino será por mayoría”, dijo a los periodistas José María Gamio, el árbitro designado por Uruguay para el Tribunal que compartirá con el argentino Héctor Masnatta y el juez español Luis Martí Mingarro, que lo preside. Argentina había impugnado sin suerte el lugar (Uruguay), la sede (Montevideo) y el árbitro español por pertenecer al país de una de las papeleras involucradas e el conflicto: Ence.

Unos 20 minutos después de las 10 de la mañana, la hora fijada para el encuentro, comenzó la reunión en medio de un “pacto de confidencialidad” sellado por el Tribunal y ambas delegaciones para no divulgar el contenido de las sesiones. Pero a medida que se disipaba la niebla sobre Montevideo, también aparecieron los principales argumentos volcados por cada uno de los países en el debate.

Los primeros en testificar fueron los argentinos: el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray; el presidente de la comisión sindical de Transporte del Mercosur, Raúl Cuence; el economista Daniel Sica (ex secretario de Industria de gestión de Eduardo Duhalde); Alejandro García, responsable de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Turismo y el asambleísta de Gualeguaychú José Campañá.

“La logística aplicada por la Dirección General de Aduanas de control, coordinación y redireccionamiento de los medios de transporte permitió que, pese a los cortes de los puentes internacionales, el comercio bilateral se incrementara en un 33 por ciento entre enero y mayo de 2006 respecto al mismo período del año pasado”, aseguró Echegaray ante el Tribunal. Para que no quedaran dudas, el funcionario dijo que “las importaciones procedentes de Uruguay crecieron un 14,5 por ciento y los envíos desde la Argentina aumentaron un 27 por ciento”. Luego tradujo esos porcentajes en valores: “En rigor, el flujo comercial pasó de 402 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2005 a 533 millones de dólares en los mismos meses de este año”, señaló.

En el mismo sentido se pronunciaron Sica y el sindicalista Cuence, quien afirmó que no pocas empresas transportistas argentinas solventaron los mayores costos que significaron recorrer mayores distancias para sortear los cortes en Gualeguaychú por otros pasos fronterizos como Salto-Concordia o Colón-Paysandú, cuando este último no estuvo cortado.

Pero los funcionarios argentinos fueron más allá de las cifras. Dejaron claro que la disuasión era “una política” oficial del gobierno argentino frente a los conflictos sociales y económicos. Que es una forma de acción y no de “omisión”, como argumentó Uruguay frente a los cortes. Allí ratificaron las negociaciones emprendidas con los pobladores de Gualeguaychú, donde hasta el canciller Jorge Taina planteó que el Gobierno no apoyó ni apoyará los cortes. Incluso, del esfuerzo por incrementar la labor estatal en el resto de los pasos internacionales.

Frente al Tribunal, Echegaray también agregó que en ninguna delegación aduanera argentina se realizó alguna queja sobre las dificultades que los cortes que le ocasionaban a Uruguay. Un dato que llevó a varios de los integrantes de la delegación argentina a afirmar que el reclamo uruguayo “es abstracto”.

Los representantes de Uruguay fueron más cautos a la hora de reflejar públicamente su postura ante el Tribunal. Aunque varios también aseguraron que la posición no había variado con respecto a los que habían expresado más de una vez en estos últimos días. Así, Luis Borsari, el representante del empresariado turístico uruguayo, insistió en que “los cortes provocaron un clarísimo daño” a su sector, al que sumó el rubro inmobiliario en los “perjuicios que dejaron” los bloqueos de las rutas.

Gustavo Teske, un empresario transportista de Fray Bentos, mostró su “desazón” por las pérdidas que los cortes “provocaron” a la ciudad donde se construyen las plantas de celulosa. Los funcionarios uruguayos también sumaron a su exposición algunos datos estadísticos no generales sino vinculados con las ciudades “más afectadas por los cortes”.

Lo que no cayó muy bien a la delegación argentina fueron los argumentos que sus pares uruguayos hicieron para “demostrar” la “inacción” frente a los cortes de ruta. Pusieron como ejemplo que sí se tomaron medidas en el pueblo santacruceño de Las Heras, en la huelga petrolera, y de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, a los que las fuerzas de seguridad reprimieron para sacar de las vías. Se tomó casi como una cuestión de injerencia en la política interna: “¿Qué quieren, que reprimamos a los asambleístas?”, se preguntaron entre ellos.

Hoy será el día de los alegatos. Por Argentina lo harán los funcionarios de la Cancillería Juan Vicente Sola y Nora Capello. Por Uruguay también lo harían los funcionarios de mayor jerarquía en su delegación. El Tribunal tiene plazo hasta el 7 de setiembre para pronunciar un fallo, y la parte que no lo considere justo tendrá unos quince días para apelar la decisión por escrito.