Es probable que Luiz Inácio Lula da Silva venza en las elecciones de octubre próximo conforme lo pronostican todas las encuestas. Pero son pocas las chances que tiene de enterrar una maldición política que viene de años, la misma que inspiró a la banda Paralamas do Suceso. A mediados de los ’90 el grupo de Herbert Vianna grabó el rock “300 picaretas (pícaros, estafadores)”, en alusión a los legisladores que vendían sus votos al mejor postor, generalmente grandes empresarios. Desde entonces fueron elegidos tres gobiernos y ninguno de ellos pudo acabar con los “picaretas”.

Fueron esos mismos pillos los que habrían recibido sobornos para reformar las Constitución y habilitar la reelección del ex presidente Fernando Henrique Cardoso en 1998. A partir de 2003 la corporación parlamentaria habría impuesto peajes al gobierno Lula cada vez que necesitó aprobar leyes vitales, origen del más sonado escándalo de corrupción de la última década.

Ayer en San Pablo Lula presentó su programa de gobierno para el próximo término. Anunció que pondrá acento en el desarrollo económico y menos celo en aspectos financieros que le dieron un tinte ortodoxo a su primer mandato. El mandatario rechazó las acusaciones de que tolera la corrupción y dijo que los socialdemócratas no tienen autoridad moral para criticarlo, ya que durante los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso tuvo lugar la “privataria”, una ola de privatizaciones sospechadas de corrupción.

El sistema electoral brasileño es un invernadero perfecto para los picaretas. La legislación permite que recursos privados financien campañas exorbitantes que este año, en total, pueden superar los 9 mil millones de dólares y no aplica mayores restricciones a quien quiera entrar en la disputa: 18.000 ciudadanos obtuvieron registro para postularse a presidente, senador federal o diputado provincial. Muchos de ellos entran en campaña para hacer negocios de todo tipo en el Parlamento y hasta poner su candidatura en alquiler.

Es lo que hizo Osvaldo Pereira, quien competía sin chances por la gobernación del estado de Goias, centro-oeste, pero que cuenta con tiempo de propaganda gratuito concedido por ley a su partido, el irrelevante Partido Social Liberal (PSL). Pereira ofreció hacer campaña apenas disimulada por otro candidato, a cambio de 1,25 millones de reales (600 mil dólares). La Justicia electoral tomó conocimiento del caso y procesó a Pereira, quien seguramente quedará fuera de carrera igual que otros 1535 candidatos, un hecho inédito que tiende a reducir el número de aventureros en el próximo Congreso, pero no eliminarlos. Entre los impedidos también hay legisladores en actividad, implicados en negocios turbios.

Algunos miran con sospechas a los presidenciables José María Emayel y Luciano Bivar, también del PSL, ambos con menos de 1 por ciento de intención de voto. Ellos podrían endurecer sus críticas televisivas contra Lula siguiendo una “sugerencia” de otros partidos que de ese modo se evitan el desgaste de atacar al presidente. Una encuesta de CNT/Sensus divulgada ayer pronostica que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) vencerá con el 51,4 por ciento de los votos sin necesidad de ir a un ballottage con su principal adversario, Geraldo Alckmin del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), que cayó al 19,6 por ciento, casi ocho puntos en un mes. Heloísa Helena, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, obtuvo el 8,6 por ciento de las adhesiones.

La saga de los “picaretas” y los casos de corrupción que enlodaron al gobierno Lula permiten entender la apatía imperante entre los 125 millones de electores, parte de los cuales podría optar por el voto nulo. Y no es apenas el andamiaje electoral sino la calidad de la democracia brasileña lo que está en cuestión, algo de lo que el mandatario está advertido desde 2002, cuando por primera vez se especuló con un posible acuerdo político profundo al estilo del español Pacto de la Moncloa.

A Lula y a su partido, el PT, los desvela la amenaza de un desgaste irreversible de un sistema político viciado, encerrado en una lógica que lo aleja paulatinamente de la voluntad popular. Se trata de una tendencia que, por lo demás, se observa en mayor o menor grado en toda la región. Sólo basta repasar la crisis que acabó con medio siglo de bipartidismo en Venezuela, la que en 2003 estremeció a Bolivia y dio paso al movimiento indigenista liderado por Evo Morales o la que, por estas horas, sacude a México.