“La situación dejó de ser sólo laboral, ahora también están en peligro los chicos que asisten a la Fundación. Por eso pedimos la intervención del Estado.” Con ese objetivo, los trabajadores de la Fundación Felices los Niños afiliados a Utedyc y del gremio docente de Sadop realizarán hoy una asamblea frente a la sede de Hurlingham del hogar creado por el sacerdote Julio César Grassi –procesado por abuso deshonesto y perversión de menores–, donde decidirán un “paro y toma del hogar por tiempo indeterminado”, ya no sólo por el reclamo gremial por el pago de los siete meses de atraso en sus sueldos, sino para “proteger a 160 chicos internados, cuya situación sanitaria está en peligro”. Los empleados ya no reconocen ningún interlocutor válido entre las autoridades del hogar: “Antes nos recibía la hermana María Elena Ferracutti, que consulta todo con Grassi, y la única respuesta que nos da es que recemos”, afirmaron los trabajadores a Página/12.

“El cura lo ha dicho más de una vez y toda su gente lo repite: ‘Si yo me hundo, la fundación se hunde conmigo’”, relató a este diario Cristian Colombo, delegado de Utedyc en la Fundación Felices los Niños, como explicación a la crítica situación que atraviesa el hogar. “Por eso vamos a pedir la intervención del Estado. No se trata de la suerte de Grassi, sino de los chicos que viven ahí”, insistió Colombo, que presidirá la asamblea convocada para hoy a las cuatro de la tarde frente a la sede de Hurlingham, donde decidirán la medida de fuerza que pondrían en vigencia a partir del jueves.

“Lo último que cobramos fue enero de este año y con 100 pesos por semana”, contó el delegado, aunque insiste en que la medida que van a adoptar “los pocos trabajadores que todavía concurrimos a la Fundación” dejó de ser gremial para ser “humanitaria”. “Sólo funcionan seis de los siete hogares que había en la sede de Hurlingham; los pozos negros están tapados y los chicos hacen sus necesidades contra la pared; ya cortaron la luz por falta de pago varias veces y casi lo único que comen son verduras que están más para tirar a la basura que para ser consumidas”, explicó el delegado de los trabajadores.

La falta de mantenimiento de los edificios, ubicados en las 67 hectáreas que la Fundación tiene en Hurlingham y que pertenecieron al desmantelado Instituto Forestal de la Nación, también genera graves inconvenientes en su funcionamiento. “Hay cables sueltos, cañerías pinchadas y cielorrasos que se caen a pedazos”, describe Colombo sobre la escuela primaria y el comedor del hogar. La situación también involucra a los docentes del jardín de infantes, la escuela primaria, secundaria y el terciario que funcionan dentro de la fundación. Por eso los docentes, del gremio que aglutina al sector privado (Sadop), adherirán a la medida de fuerza.

Igual que al resto de los trabajadores, a los maestros se les adeuda desde febrero de este año, a pesar de los subsidios que la Fundación recibe del Estado. Un tema en el que también intentaron mediar los propios trabajadores. “Sabemos que el Estado destinó 1,4 millones de pesos a la Fundación para este año, pero la última vez que fuimos a pedir que giraran plata para descomprimir la situación nos dijeron que las partidas estaban frenadas para hacer una auditoría. Sospechan que con esa plata Grassi les pagaba a sus abogados en vez de destinarla al funcionamiento del hogar”, explicó Colombo a Página/12.