La Oficina Anticorrupción presentó ayer ante el juez Daniel Rafecas el escrito con el que pidió que los nueve procesados por los sobornos en el Senado vayan a juicio oral. El organismo oficial señaló que se encuentra acreditado que el dinero utilizado para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral provino de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En la solicitud de la OA, firmada por su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, y el director de Investigaciones, Martín Montero, se dio por probado que los senadores José Genoud (UCR) y Augusto Alasino “pactaron de manera ilegal” la votación favorable de la ley a cambio de sobornos para ciertos senadores justicialistas, cuyo partido se había pronunciado contra la iniciativa. El resto de los involucrados que se encaminan al juicio son el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda.

Como el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que se usó plata del Estado en la maniobra reclamó que De Santibañes sea juzgado –además de por cohecho agravado– por peculado, es decir por sustraer fondos públicos que debía administrar. Esta figura implica una pena mayor que la de cohecho, pero fue descartada en su momento por la Cámara Federal. “Las partes pueden no coincidir con el encuadramiento de los hechos efectuados por los magistrados”, explicó la OA al insistir con la calificación que tiene mayor pena. Este escrito se sumó al presentado la semana pasada por el fiscal del caso, Federico Delgado, al que adhirió ayer el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

Para Genoud y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, la OA pidió un juicio por cohecho activo agravado: “Condujeron personalmente las negociaciones para la sanción de la ley, incluyendo el tramo ilícito relativo al pago de sobornos a algunos senadores de la oposición, en la que ambos jugaron un papel esencial”. Además, la OA solicitó que a casi todos los involucrados, salvo al “arrepentido” Pontaquarto y a De Santibañes, se les sume el delito de encubrimiento.

“Se abre una etapa decisiva en uno de los casos de mayor gravedad institucional que ha conocido nuestro país. La prueba reunida y la próxima apertura del juicio oral significan un éxito en la difícil investigación de los hechos de corrupción frecuentemente encubiertos por pactos de silencio y acuerdos de impunidad”, aseguró la OA.

“En el presente caso –señaló– el cúmulo de pruebas reunidas, inusual en delitos realizados en las sombras y con fuertes pactos de silencio e impunidad, supera ampliamente los grados de certeza necesarios para fundar un procesamiento.”