En los últimos tiempos, las novedades en el caso que involucra al cura Julio César Grassi, acusado de abuso sexual agravado, se producen a la velocidad de un partido de ajedrez jugado al estilo “ping-pong”. Ayer se conocieron los nombres de los miembros del nuevo tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral contra el religioso. Las piezas que se incorporaron a la partida son los magistrados Luis Andueza, Mario Gómez y Jorge Carrera, integrantes del Tribunal Oral 1, que reemplazan a los miembros del Tribunal 4, separados del caso por haber incurrido en “prejuzgamiento” en beneficio del imputado. En la misma jugada, Grassi perdió de un saque casi todos sus alfiles, dado que renunciaron a seguir representándolo sus abogados Adrián Maloney, Andrea Novello, Laura Fecchino y Luis Osler. Sólo le quedó, por ahora, Jorge Sandro (ver página 2). En su carta de renuncia, ante la Cámara de Garantías de Morón, alegaron “cuestiones particulares” y ratificaron su “confianza en la inocencia” de Grassi. El alejamiento del Tribunal 4 movió el tablero de la estrategia de la defensa. Ahora es un juego de naipes. Hay que barajar y dar de nuevo.

Con nuevo tribunal, el juicio oral sigue sin fecha y con la certeza de que quedan muchas cosas por resolver. El religioso tiene que responder a las acusaciones formuladas en su contra por los menores conocidos como “Gabriel” y “Ezequiel”, pero ahora los dos podrían actuar como querellantes y hasta ser representados, en ese rol, por el Comité en Defensa de los Derechos del Niño que preside Estela Carlotto. La Cámara de Casación reconoció al Comité como “particular damnificado” y esto permitiría la actuación como querellante de Juan Pablo Gallego, abogado del Comité, quien había sido apartado del juicio luego de una serie de jugadas en apariencia coordinadas por la defensa de Grassi y los miembros del Tribunal 4, presidido por el juez Pedro Rodríguez. Así lo señaló la Cámara de Garantías en la resolución tomada el 23 de agosto pasado que aceptó la recusación de Rodríguez, Carlos Torti y Rodolfo Castañares.

Gallego intentará que el nuevo tribunal acepte, como prueba contra Grassi, la pericia que le hicieron en una causa similar, por abuso sexual, que se tramita en la Justicia de Santa Cruz por hechos que habrían ocurrido en un hotel de El Calafate. Allí se lo describe con las características propias de un “delincuente sexual”. Por lo demás, al demorarse todo el trámite por el cambio de jueces, es posible que siga avanzando y que llegue a juicio oral, en forma paralela o no, el caso de abuso denunciado en El Calafate, cuya víctima es un tercer chico. El joven, que hoy es mayor de edad, denunció 20 situaciones de abuso y señaló como responsable al cura Grassi. El abogado Juan Pablo Gallego va a intentar que los tres casos de abuso sean considerados en el mismo debate oral que ahora está a cargo del Tribunal 1 de Morón.

Por otra parte, Gallego también se presentará para que sean incorporados como testigos de cargo todos los que habían sido dejados de lado en la audiencia preliminar del 22 de febrero pasado, que fue uno de los primeros pasos que llevaron al apartamiento de los miembros del Tribunal presidido por Rodríguez. El abogado del Comité quiere que declaren como testigos el ex obispo de Morón monseñor Justo Laguna y uno de los que fueron sus principales colaboradores, el sacerdote Santiago Olivera. Es sabido que Laguna tuvo algunas diferencias serias con Grassi. La intención es que hable sobre las razones de ese distanciamiento.

También podrían ser incorporados como testigos Amalia Castro, que trabajaba en la panadería de la Fundación Felices los Niños, en la localidad de Hurlingham; Marta Díaz, otra ex empleada de la organización que presidía Grassi antes de las denuncias en su contra, y Pablo Leticia, un profesor que viajó a El Calafate acompañando al grupo presidido por el religioso imputado de abuso sexual. Todos habían quedado afuera del proceso en la extraña audiencia previa de febrero, en la cual Gallego no pudo estar presente porque se le negó el ingreso a la sala de audiencia por una supuesta orden de Rodríguez.

La recusación del Tribunal 4 puede tener consecuencias no sólo para los tres jueces que lo integran sino para algunos de los abogados que hasta ayer representaban a Grassi. Existiría documentación relativa a que ellos tuvieron intervención en algunas situaciones que podrían haber contribuido al “prejuzgamiento” que fue sancionado por la Cámara de Garantías de Morón. En los fundamentos de la medida que dispuso el cambio de tribunal, la Cámara tuvo en cuenta la declaración del periodista de un matutino porteño, que confirmó que el juez Pedro Rodríguez le había adelantado su decisión de no tomar en cuenta la pericia que señalaba a Grassi con el perfil de un “delincuente sexual”.

La Cámara sostuvo que con esa determinación el Tribunal 4 incurrió “en desigualdad conformante de circunstancias que por su gravedad afectan la imparcialidad” de los jueces recusados. Se dijo también que con sus declaraciones públicas Rodríguez “realizó manifestaciones en nombre de todos los miembros del Tribunal”. Esto se vio agravado por la razón de que la entrevista periodística fue realizada a pedido del propio Rodríguez, quien en los últimos tiempos se comunicaba con frecuencia con los distintos medios de prensa, incluido Página/12.

En su afán por desestimar la validez de la pericia, cuyo contenido había sido publicado por este diario, Rodríguez salió a hacer declaraciones que resultaron un boomerang. “Se entiende por anticipación de criterio o prejuzgamiento el aporte subjetivo del magistrado, consistente en emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión final que ha de tener la causa fuera de su debida oportunidad”, menciona el fallo de la Cámara, que también destaca algunas manifestaciones del magistrado que denotan cierto estado de tensión.

“Tenemos familia (...) tenemos honra (...) tenemos honor”, dijo en algún momento de su declaración de descargo para explicar las razones por las cuales había salido a desmentir lo publicado por Página/12 sobre el contenido de la pericia rechazada. También se analiza su presunto ataque verbal contra Estela Carlotto. El juez lo niega en forma terminante. De ser cierto, le podría costar otra causa, por calumnias e injurias.