Al cumplirse ayer 38 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital del país, un presunto grupo guerrillero hizo estallar tres petardos en sucursales bancarias de la ciudad de Oaxaca, justo a dos días de una reunión convocada en la Secretaría de Gobernación entre los grupos sociales más representativos del estado y los principales actores políticos del conflicto que se ha prolongado por más de cuatro meses, en lo que luce como la última oportunidad para una salida concertada. En tanto, el presidente Vicente Fox por primera vez endureció el discurso y advirtió que de no existir un acuerdo habrá consecuencias: “Siempre la transgresión de la ley debe ser impedida y castigada”, dijo.

La Secretaría de Gobernación tiene en marcha el Operativo Oaxaca, que contempla la posibilidad de emplear la fuerza pública federal en una maniobra selectiva para detener a los dirigentes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), así como de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que ya le ha ofrecido varios millones de dólares para sustentar sus demandas gremiales. Sin embargo, ambas organizaciones han sostenido su postura de no negociar con la administración foxista hasta que haya sido removido o renuncie a su cargo el gobernador priísta Ulises Ruiz.

Mañana será el día clave en este conflicto que mantiene a Oaxaca en la absoluta ingobernabilidad, cuando se reúnan en la Secretaría de Gobernación los principales personajes políticos, financieros y empresariales, así como representantes de agrupaciones comerciales y patronales, intelectuales y artistas, para buscar un pacto que recupere la normalidad en el estado, afectado por el cierre de 14 mil escuelas por un paro magisterial y con el centro de su capital sitiado por la APPO. Pero las posiciones tanto del gobierno federal como del movimiento social y político se mantienen irreductibles: estos últimos insisten en la caída del gobernador como primera condición para negociar el resto de sus demandas, en tanto la gobernación se niega a operar políticamente para que el priísta Ulises Ruiz salga del Ejecutivo local. Mientras las posibilidades de una solución política se esfuman, fuerzas federales se han trasladado a los alrededores de Oaxaca y se encuentran listas para intervenir.

El ambiente previo a la que parece la última oportunidad de una solución política se enrareció ayer por la mañana, cuando un presunto grupo guerrillero autodenominado Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca hizo estallar tres petardos en otras tantas sucursales bancarias en una céntrica zona de la capital oaxaqueña, como un acto con el que “le declaramos la guerra al gobierno federal”, al cual le advirtió que “estamos preparados y dispuestos a luchar con las armas en la mano para defender a nuestro pueblo”. Este grupo hace recordar al 1º de enero de 1994, cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en varias ciudades del vecino estado de Chiapas declarándole la guerra al entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari.