La génesis más visible de la huelga de hambre podrá rastrearse en alguna ranchada de presos viejos del pabellón 6 de la Nueva, como conocen en la jerga a la Unidad 9 de La Plata. Por eso, por lo de preso viejo y por la calidad del petitorio que moviliza el reclamo, en los pasillos de las cárceles provinciales y especialmente entre los más jóvenes ya se corrió el título de “la huelga de los dinosaurios” que, a 12 días de iniciada, convoca un número desusado de adhesiones. Ayer, un conteo del Comité Contra la Tortura mencionaba 26 cárceles bonaerenses y dos del SPF, la 1 y la 3 de Ezeiza, que apoyan en solidaridad, además de algunas comisarías, y elevaba la cifra a más de diez mil internos en huelga de hambre y algunos que agravaron la medida con la no ingestión de líquidos.

¿Qué piden los presos bonaerenses? En esta ocasión, se trata de reclamos excluyentes a la Justicia bonaerense, o a su lentitud. El petitorio está jurídicamente muy bien fundamentado en la legislación local, en la Constitución y en los tratados internacionales. En términos llanos, reclaman que la prisión preventiva se extienda un período razonable, no más de dos años; que se aplique la ley de ejecución penal nacional y no la bonaerense, porque es más benéfica en los cómputos de las salidas, de las libertades morigeradas y demás, y que se equipare la reclusión a la prisión (en reclusión, dos días de preventiva se cuentan sólo como uno preso; pero en prisión, cada día de preventiva equivale a uno real).

Básicamente, estos reclamos se concentran en la ley Ruckauf 12.405, en la 24.660 nacional y en el artículo 24 del Código Penal. En el primer caso, la ley que regía las excarcelaciones indicaba las escasas situaciones en las que no se debía levantar la prisión preventiva. Pero llegó Ruckauf y sus banderas de mano dura. El 7 de marzo de 2000 se promulgó en la provincia la ley 12.405, más conocida como ley Ruckauf, que endureció al extremo la posibilidad de libertad condicional cuando el reo apenas comienza a ser procesado (que en términos constitucionales significa el estado de inocencia hecho papilla). Las firmas que promulgaron la 12.405 son todo un manifiesto ideológico: Carlos Ruckauf, gobernador; Jorge Casanovas, ministro de Justicia; Raúl Othacehé, de Gobierno, y Aldo Rico, de Seguridad. Felipe Solá no podrá decir que desconoce el reclamo de los presos: su firma figura en la sanción de la ley como presidente del Senado.

Al perder el principio de inocencia en aras de una supuesta seguridad, la ley Ruckauf se transformó en un embudo: en unos años el sistema penal incorporó diez mil presos, el 70 por ciento aún sin condena, o sea, legal, constitucional e internacionalmente, inocentes.

Pero este año, la 12.405 fue modificada, se dio marcha atrás. “Los jueces no aplican la modificación –asegura Azucena Racosta, de la ONG Radio La Cantora–. O la aplican, pero discriminadamente. A los que benefician con la excarcelación son a los oficiales del SPB Abel Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Carlos Alarcón, Segundo Basualdo, Jorge Peralta, Valentín Romero, detenidos por su participación como torturadores en la U9 durante la dictadura. A ellos se suman Catalino Morel y Ramón Fernández. Gozan del beneficio de prisión domiciliaria.” Ramón “el Manchado” Fernández fue designado por Solá como jefe de Informaciones del SPB en noviembre de 2003, como reveló el periodista Horacio Verbitsky en este diario. Sólo después de la revelación, en marzo de 2004, el Manchado fue removido.

También fueron beneficiados dos oficiales de la Bonaerense de apellido Sosa, y su padre, un ex bonaerense exonerado, que hace unos días fueron detenidos por el asesinato de un albañil en Ingeniero White. Detenidos en su domicilio. Y los oficiales del SPB Diego Démola, Martín Marcos y Rojas, procesados por torturar al preso Fabián Sampietro, también pasan en sus domicilios el período de presunción de inocencia, pese a que un colega penitenciario es el testigo acusador de las torturas infligidas.

“Los presos no están pidiendo nada raro –explicó Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura–. Están pidiendo que se aplique una ley que ya se está aplicando pero a algunos, y muy elegidos.” Para el abogado del CCT, la situación es muy grave. Llevan contabilizados 26 penales. Suman entre 8 mil y 10 mil presos. A ellos se agregan unos dos mil de las cárceles 1 y 3 de Ezeiza, del SPF.

A todo esto, desde el Ministerio de Justicia se agitan desesperadas olas intentando recordar que el conflicto no es contra el Ejecutivo, lo que en esta escasa ocasión es cierto. Ayer, el ministro de Justicia, Eduardo di Rocco, y el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Carlos Rotundo, mantuvieron una reunión con Gustavo Palmieri y Rodrigo Borda, del CELS. El organismo de DD.HH. planteó interrogantes sobre los pasos para cumplimentar la orden de la Corte conocida como fallo Verbitsky. El Ejecutivo cargó responsabilidades sobre la Justicia. Al salir, Rotundo, con su voz más verosímil, aseguró que a los huelguistas se les estaba proveyendo de yerba mate, azúcar y caldo. Queda en duda lo que ocurra con las otras 25 unidades.

En términos prácticos, el cumplimiento de los reclamos no tiene tantas dificultades en lo que se refiere a las demandas de los “dinosaurios” (que tienen que ver con períodos de preventivas muy antiguos y tocan a menos presos). Pero resultan más difíciles para los más jóvenes (porque son más y requieren de medidas más inmediatas). La frase con que uno de los dos representantes del Ministerio de Justicia cerró la reunión del Comité de Seguimiento Carcelario fue clara en intenciones: “No estamos en condiciones de bancar políticamente la libertad de 10 mil presos”. Aunque estén ilegalmente encarcelados.